El difícil momento de las Farmacias Populares: estiman deuda de más de $1.200 millones e investigan posible cohecho

Durante los últimos años las Farmacias Populares se convirtieron en una de las principales opciones frente al alto costo de los medicamentos. La primera de ellas abrió el 2015 en Recoleta, Región Metropolitana, y posteriormente la medida fue replicada en otras localidades como Viña del Mar, Concepción, San Clemente, Buin y Zapallar, llegando a tener más de 200 locales a lo largo de todo Chile.

Sin embargo, actualmente la organización que dio luz a esta iniciativa, la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), está pasando por un delicado momento. En junio de este año el Cuarto Juzgado Civil de Santiago ordenó su liquidación forzosa tras ser acusada de una millonaria deuda por la compra de productos para el Covid-19.

Según lo consignado por La Tercera, el pasado viernes 27 de septiembre se determinó que la entidad dirigida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, debe un total de $1.291.937.035 a empresas proveedoras como Best Quality y V Exponencial, además de $15.585.912 a seis extrabajadores.

Además, el Ministerio Público está investigando los posibles delitos de cohecho, blanqueamiento de dinero y malversación de recursos públicos provenientes de las municipalidades que son parte de la Achifarp.

En este sentido, el liquidador José Alfredo Rojas -que el año pasado fue nombrado por el tribunal- comenzó el proceso para cobrar a las instituciones que le deben dinero a la asociación, por lo que ya ha presentado 47 demandas civiles en contra de municipios afiliados que no habrían colaborado con su cuota. A su vez, la Fiscalía citó a 91 alcaldes vinculados.

Sin embargo, algunos de ellos negaron ser parte de la organización, como fue el caso de Antofagasta o Punta Arenas, argumentando que se salieron hace años tras asegurar que les salía más barato comprar medicamentos en el mercado que a través de la Achifarp.

El medio citado asegura que hasta el momento, el liquidador solamente ha logrado reunir $6 millones, cifra que no alcanza a pagar ni la décima parte de la deuda indicada ante la justicia, por lo que el Cuarto Juzgado de Garantía fijó una audiencia de impugnación de acreedores para el 22 de noviembre.