¿Qué es un sistema de obras públicas “a la chilena”?: La radical medida que anunció Javier Milei para Argentina

“¿Le podés preguntar si lo tenés?” fue una de las peticiones que recibió Alejandro Fantino, conductor de un programa radial argentino, en su entrevista con el presidente electo de ese país, Javier Milei. La solicitud tenía que ver con un tema en particular: cuál sería el destino de las obras públicas que ya estaban licitadas.

“No tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata, si hay déficit fiscal”, le respondió Milei. “Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, entonces le buscará la forma el que hace el proyecto“, sumó.

La aspiración del futuro presidente argentino es algo que no ha ocultado desde su candidatura. Con un discurso libertario, Milei propone -y adelanta- que se regirá por el modelo de Chile, el cual incluye la participación de privados en la construcción de infraestructura.

Argentina tiene un modelo estatal de planificación de obras. Allí el Estado es, a la vez que construye, el que “planifica, ejecuta obras y crea empleo“. Así lo precisa, al menos, el Ministerio de Obras Públicas argentino en su sitio web. Por ello se explica la precisión reiterativa de Milei de “no tenemos plata“, en consideración que Argentina tiene deudas pendientes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasa por un déficit fiscal, además de índices inflacionarios altos.

La intención de Milei de implementar el modelo nacional va en pos de conseguir un “ajuste fiscal”. “Si no lo hacemos, nos vamos a la hiper(inflación)“, argumentó el libertario a Fantino.

Descripción del “modelo chileno”

“En el país vecino hay dos sistemas que conviven: el de licitaciones y concesiones“, describe el medio argentino Página12. Por lo mismo, exministros de Obras Públicas chilenos han sido consultados por la prensa trasandina para explicar en sus páginas las concesiones, modalidad que no está vigente en Argentina.

Esta última consiste en una habilitación que hace el Estado hacia una empresa para que esta construya e invierta en un área de interés. Eso sí, la empresa se supedita a las finalidades que proponga el Gobierno que licite.

Sin embargo, la realización de la actividad tiene un consuelo interesante para el sector empresarial, como lo son los derechos a los que puede optar por la concreción de la obra. De hecho, ahí está el principal incentivo.

Sin ir más lejos, el caso ejemplar chileno son las carreteras. Las mismas, al ser construidas por una compañía, ésta, al completar la obra, adquiere los derechos de su uso. En este caso, lo anterior se ilustraría con el cobro por usar las autopistas: el denominado TAG.

De esa forma, junto con generar rentabilidad para la empresa, también se pueden realizar acciones como mantención de las carreteras, iluminación, sanidad, etcétera.

Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas del expresidente Sebastián Piñera, precisó a LA NACIÓN una idea errónea que se contempla en Argentina sobre las concesiones: el Estado no abandona la actividad.

“El Estado no se retiró de la obra pública, los privados tienen un rol muy importante a través de concesiones (…). Eso permite liberar recursos públicos para otras iniciativas“, señaló al diario argentino. A eso sumó que “para nada desaparece el Estado (como lo ha propuesto Milei con su ideología libertaria), sigue invirtiendo“.

Sin embargo, en suelo argentino existe preocupación por la implementación de la medida que busca impulsar Milei.

De acuerdo al medio citado, ven “imposible que el usuario pague la inversión“, dado que, de los 37.000 km. de ruta asfaltada por la Viabilidad Nacional (empresa estatal constructora de caminos), sólo podrían solventarse por peaje la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, debido al flujo de personas que se movilizan en automóvil.