La trama detrás del caso que dio origen al allanamiento de la PDI a las oficinas del Minvu

La mañana de este jueves arribó la Policía de Investigaciones (PDI) a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que lidera Carlos Montes (PS). La acción se justificó por una orden que vino desde la Fiscalía de Tarapacá, encabezada por el fiscal Eduardo Ríos, quien lleva una causa relativa al Caso Convenios que complica al ministerio.

La PDI asistió a las oficinas del ministerio no por el caso Democracia Viva, probablemente el evento más bullado -y génesis- de las investigaciones entre fundaciones y reparticiones del Estado. En esta oportunidad, las fundaciones involucradas en la indagatoria de la fiscalía nortina responden a Enlace Urbano y EnRed Social.

Fue en agosto de este año cuando el Ministerio Público ofició al Minvu por los traspasases desde la seremi de Tarapacá hacia ambas organizaciones. ¿El motivo? Enlace Urbano, recibió, en un sólo día -en 2021- 728 millones de pesos, mientras que EnRed Social, en agosto del 2022, se concretó el traspaso de más de mil millones ($1.060.619.263). Este último convenio fue vía trato directo.

A ello se suma los nexos que se establecen entre una fundación y la entidad pública, lo que pudo haber alterado el correcto funcionamiento del programa de Asentamientos Precarios. Los delitos que se investigan, para EnRed Social, en particular, son fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno.

¿Por qué se allanó la oficina del Minvu?

La medida de allanamiento en el ministerio es inédita desde que estalló el Caso Convenios. Sin embargo, la justificación recae en el bajo aporte que realizó el Minvu ante solicitudes -vía oficio- que hacía el Ministerio Público hacia el órgano estatal en agosto.

Particularmente, la fiscalía oficiaba a la cartera liderada por Montes para saber sobre un antiguo empleado del ministerio, que actualmente operaba como director ejecutivo de EnRed Social: Aldo Bastidas.

Ante la solicitud de información (que, de acuerdo a Ex-Ante, pedía una precisión en el rol de las funciones de Bastidas), el Minvu se había sostenido a replicar lo que ya había informado. Ello generó una alerta en el Ministerio Público, dado que se veía probable de que los nexos y recomendaciones para firmar el contrato con EnRed Social no implicaba solamente a gente de la región de Tarapacá, sino también de Santiago.

La cronología de EnRed Social

El 8 de agosto del 2022, el seremi de Vivienda de Tarapacá, Francisco Martínez, autorizó el traspaso de mil millones de pesos a la fundación, mediante 7 transferencias distintas. Todo bajo el alero del programa de Asentamientos Precarios del Minvu.

Posteriormente, un año después -y a un mes y medio de revelado el caso Democracia Viva-, el Ministerio Público comenzó su investigación en la región. Asimismo, el 9 de agosto de este año se llevó a cabo el allanamiento de las oficinas de la seremi. Fue ahí donde se requisaron computadores y celulares.

Además, la fiscalía visitó cuatro direcciones comerciales con las cuales EnRed Social tenía registro en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En 3 de las 4, todas ubicadas en Santiago, recibieron como respuesta que no se les conocía, mientras que en una, al visitar el edificio, el conserje les contó que se habían retirado del lugar hace un año.