Los detalles del borrador de la acusación constitucional que será presentada contra el ministro Carlos Montes este martes

Durante la semana pasada, se conoció que el Juzgado de Garantía de Antofagasta dictó la cautelar de prisión preventiva contra el representante jurídico de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras. Luego de este hecho, la oposición volvió a cuestionar y exigió la renuncia del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes. Esto, por su presunta responsabilidad en el ‘Caso Convenios’.

En caso de que Montes no dejara su cartera, se amenazó con presentar una acusación constitucional. Con el paso de los días, se confirmó que la acción será presentada este martes. De hecho, ya se dio a conocer un borrador en el que están trabajando Chile Vamos y el Partido Republicano, según consignó La Tercera.

De acuerdo al material al que accedió el medio citado, el libelo constaría de cuatro capítulos. Además, se imputa que se cometieron “graves actos de corrupción” al interior del Minvu, “en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios, principalmente durante los años 2022 y 2023″.

En su prólogo, se indica que “hasta el momento, se ha podido constatar, fundadamente, que desde el Minvu, a través de las Seremis y Serviu, se han transferido más de once mil millones de pesos a entidades sin fines de lucro, mediante asignación directa, es decir, sin concurso público o algún mecanismo objetivo, además de no encontrarse debidamente fundados los actos administrativos que aprueban los respectivos convenios de transferencia”.

Primer capítulo

Acá se hace referencia explícita al caso de Democracia Viva y se señala que “desde el gobierno, afanosamente, se ha señalado que el ministro acusado no habría tomado conocimiento del Caso Convenios hasta que este se hizo público a través del medio de prensa Timeline”.

 “A nuestro juicio, lo declarado desde el gobierno es sumamente grave, pues no es aceptable que un ministro de Estado sea excusado, presentando como principal argumento el desconocimiento de los hechos ocurridos al interior del Ministerio que precisamente tiene a su cargo”, dice el borrador del líbelo.

Los diputados opositores afirman que “resulta evidente que el ministro de Vivienda y Urbanismo debió ejercer el control jerárquico permanente sobre la única Subsecretaría que tiene a su cargo“.

Segundo capítulo

Acá, se acusa a Montes de “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución de Asentamientos Precarios” en 2022 y 2023.

Además, se lee que el titular del Minvu  “permitió que bajo su dirección se transfirieran más de once mil millones de pesos, mediante asignación directa a entidades sin fines de lucro, en 14 regiones del país. Estas fueron realizadas a través de convenios celebrados con las Seremis, en virtud de delegación de firmas del Minvu. Esto contradice profundamente a los principios de eficiencia y eficacia, cuya observancia tiene por objeto, entre otros, resguardar los recursos públicos”.

Tercer capítulo

En esta parte del borrador del líbelo, se acusa a Carlos Montes de “infracción al principio de probidad administrativa”.

Sobre las irregularidades reconocidas por el Minvu, los diputados dicen que “son sumamente graves, atendida las consecuencias que estas han causado para las familias más vulnerables de nuestro país que viven en Asentamientos Precarios, y que hasta la fecha no han recibido ayuda de parte del Estado”.

“Nunca podrá ser una excusa válida para el ministro Montes, la circunstancia de que este reconozca las deficiencias dentro del Ministerio que tiene a su cargo. En otras palabras, ‘nadie puede beneficiarse de su propia negligencia’. Lo que correspondía al ministro era actuar y corregir las deficiencias detectadas, y en ningún caso continuar con ellas”, agrega el texto.

Cuarto capítulo

Esta parte del líbelo está relacionada con la responsabilidad política de Carlos Montes. “Es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución”, dice el texto.

Se destaca que “con fecha 2 de mayo, Carla Olivares, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, envió correo electrónico alertando de la situación y apuntaba directamente a Democracia Viva. Las denuncias no se hicieron públicas sino hasta el 16 de junio, cuando explotó el caso”.

“De la información consignada en los hechos, resulta evidente que el ministro de Estado, una vez estallado el caso convenios no obró con los deberes de transparencia que exige la ley, comunicando a la opinión pública todo lo que acontecía de manera veraz, lo que era imperativo dadas las proporciones del escándalo. Mucha de esa información terminó por conocerse meses después”, dice el borrador.

“Tampoco se ejercieron todas las atribuciones con que contaba la cartera para exigir todas las responsabilidades y detectar todos los focos problemáticos dentro del Ministerio cuando ya era claro que había serias irregularidades”, agrega el líbelo.