Los motivos por los que la jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta dejó en prisión preventiva a Daniel Andrade y Carlos Contreras

Durante la tarde de este viernes, el Juzgado de Garantía acogió la petición realizada por la Fiscalía de Antofagasta y dictó la medida de prisión preventiva contra Daniel Andrade y Carlos Contreras (ambos exRD), quienes fueron detenidos el miércoles en medio de las investigaciones que está llevando el ente persecutor sobre el Caso Convenios, específicamente con la arista de la Fundación Democracia Viva.

Andrade fue quien sustrajo, a nombre de Democracia Viva, los convenios por $426 millones con Contreras, entonces seremi de Vivienda de Antofagasta. Ambos están siendo investigados por el Ministerio Público por fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

“En estas adjudicaciones de convenios se reprocha al señor Contreras haber actuado faltando a sus deberes de probidad, transparencia e imparcialidad que deben regir la gestión pública”, señaló la jueza Sissi Bertoglio-Talap Cortés.

Sobre el exseremi de Vivienda, la magistrada señaló que “no advirtió ni hizo presente esta cercanía con el presidente de la fundación, como tampoco reparó en las deficiencias que presentaba dicha fundación y que les impedía ser considerada para la asignación de fondos fiscales”.

En relación a Daniel Andrade, la jueza afirmó que “en pleno conocimiento de la calidad de funcionarial publico del primero (Contreras), aprovechándose de esta circunstancia, obtuvo beneficios consistentes en la contratación de la fundación que él presidía para el desarrollo del programa de asentamientos precarios, sin contar con los requisitos para ellos”.

Asimimo, sobre Democracia Viva señaló que “no contaba con la experiencia necesaria para el desarrollo de la función (…). Se asignaron fondos públicos sin contar con la debida fundamentación que autorizara la contratación directa de la referida fundación”.

Por todos los argumentos expuestos en la audiencia, la jueza Sissi Bertoglio-Talap Cortés enfatizó que “teniendo en consideración que los imputados han sido formalizados y se les imputan tres delitos de fraude al fisco (….) los cierto es que a lo menos, podemos estimar la existencia de dos ilícitos (…) A juicio del tribunal, estos convenios jamas debieron ser suscritos”.

“Se accederá a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de los querellantes, la que dice relación con la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló la magistrada, quien también determinó seis meses para la investigación.