“Nunca se ha solicitado los antecedentes penales de las personas”: Gobierno aclara lío con pensiones de gracia y anuncia modificaciones

Polémica ha generado en la opinión pública el otorgamiento de pensiones de gracia a personas que vieron afectadas sus derechos en el marco del estallido social. El debate no ha girado en torno al otorgamiento de la garantía en sí mismo, sino a quiénes se les ha otorgado. De las 370 personas que el gobierno del Presidente Gabriel Boric identificó como beneficiarias, 23 contaban con antecedentes penales.

Los casos más bullados han sido los de Juan Francisco Villalobos y Andrés Fuica. El primero, al momento de recibir la garantía, se encontraba en calidad de prófugo y requerido por la justicia en una causa por estafa. Fuica, en tanto, tenía una condena por robo en lugar no habitado de un supermercado en el inicio del estallido social.

La temática fue abordada por el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve (PS). En Radio ADN, el subrogante de la ministra Carolina Tohá argumentó que “nunca en el país se ha solicitado los antecedentes penales de las personas“. Como antecedente, sumó que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera también le sucedió el mismo hecho, con 17 casos.

Asimismo, precisó que el mecanismo de entrega se basa en una glosa establecida en la Ley de Presupuestos. En ella, se establece, según Monsalve, que “aquellas personas que tengan un informe del INDH y ese informe sea hecho llegar al Ministerio del Interior, van a ser beneficiadas con pensión de gracia”.

Además, precisó que “seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo”.

Establecer mejoras

Sin embargo, la polémica generada tuvo una reacción por parte del Gobierno. Monsalve adelantó que en la primera semana de enero ingresarán al Parlamento mociones parlamentarias para mejorar la normativa de las pensiones de gracia.

Tales iniciativas consistirán en dos temas: el otorgamiento y la revocación de la garantía. Para la primera se quiere establecer que “las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previo a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia”. En tanto, para el segundo tema quiere establecer que exista una “facultad legal para revocar el beneficio”. Ello porque, hasta ahora, “nunca en Chile se ha revocado una pensión de gracia”, dio como dato Monsalve.

“Estas dos indicaciones manifiestan la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido“, sinceró el ministro (s).