La batalla legal de Latam por el robo de 13 iPad desde aviones en el Aeropuerto de Santiago: perjuicio llegaría a los $10 millones

Este lunes, la aerolínea Latam interpuso una querella criminal ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. La empresa —que esta semana ha estado en el ojo del huracán por un “fallo técnico” en un vuelo desde Sídney— apunta contra todos quienes resulten responsables por el delito de robo en lugar no habitado.

El tribunal declaró admisible la acción legal en que Latam acusa el hurto de varios tablets desde aviones de la compañía. En concreto, la aerolínea denuncia que, desde el 13 de noviembre de 2023, “se ha tomado conocimiento de la sustracción sistemática de al menos 13 tablets desde las cajas de seguridad”.

Esto ocurriría, según la línea aérea, cuando “las aeronaves ingresan a procesos de mantenimiento en la base ubicada al interior del Aeropuerto de Santiago”.

Latam asegura que serían al menos 13 los iPad robados desde los aviones de la empresa de origen chileno. Así, el robo “ha generado un perjuicio patrimonial a la compañía avaluado, hasta ahora, en $10 millones”.

En la querella, la aerolínea sostiene que “ha mantenido un profundo compromiso con el medioambiente, adoptando políticas empresariales destinadas a su cuidado y conservación”. En ese sentido, una de las medidas adoptadas fue la reducción del uso de papel, incluso en las aeronaves.

Por ese motivo, “a partir de 2015, Latam inició un proceso de reemplazo de la papelería a bordo de sus aviones por tablets. Éstas contienen todos los manuales y catálogos que originalmente eran papel, optimizando la labor de sus Pilotos y tripulación”.

Así, Latam detalló que todos sus aviones cuentan con dos tablets “con sus respectivos cargadores”. Éstos se distribuyen “en dos cajas de seguridad con cerradura y combinación de apertura”. Además, cada piloto cuenta con una llave para abrir esos lugares.

En la querella, la aerolínea solicitó al Primer Juzgado de Garantía ordenar a la Brigada de Robos de la PDI una investigación para esclarecer los hechos. Al respecto, el tribunal instruyó al Ministerio Público resolver “como estime procedente”.