Chats de Luis Hermosilla encienden polémica: interponen recurso de protección para que conversaciones no lleguen a manos de CDE

Han pasado días desde que se destaparon más detalles sobre el caso de Luis Hermosilla. Pero este jueves, se reveló que Mario Vargas, abogado que tuvo conversaciones con el investigado, presentara un recurso de protección. Con este, buscaría que no se entregaran los chats del teléfono incautado al Consejo de Defensa del Estado.

Según Ciper, en el documento se explica que “resulta altamente peligroso para todos vernos expuestos al escarnio público sin razonabilidad alguna“, debido a sus comunicaciones con Hermosilla. Igualmente, asegura que las conversaciones “van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendimos de forma conjunta”.

Vargas, quien ha sido abogado del exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal (en prisión preventiva por el espionaje telefónico contra el periodista Mauricio Weibel), carabineros acusados de violaciones a los Derechos Humanos, el sacerdote John O´Reilly, y Gustavo Hasbún (exdiputado UDI), es el primero en presentar este tipo de recurso. Con este buscaría evitar que las 770.000 páginas del informe de extracción del celular del imputado llegue a manos del CDE.

Esto, luego que Raúl Letelier, presidente de la entidad, asegurara en CNN Chile que buscarían ir por ellos. El factor se suma a que el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que ese celular se transformaría en una “caja de Pandora”.

El recurso de protección y los chats de Hermosilla

Según Ciper, el recurso de protección fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Uno de sus ministros, Antonio Ulloa, también habría tenido conversaciones con Hermosilla. Este último incluso habría realizado gestiones para que obtuviera el cargo.

Vargas señala en el documento citado que “sin que yo haya tenido vinculación alguna con los demás intervinientes que participaron en la reunión que dio origen a la incautación del teléfono, el acceso a mis conversaciones privadas, por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”.

“El Consejo de Defensa del Estado no tiene facultades para desarrollar investigaciones ni dirigir aquellas que estén en curso y, además, su competencia se orienta solo a aquellas que digan relación con aquellos casos en que se ha generado un perjuicio al patrimonio estatal y, por otro lado, aquellos delitos conocidos como delitos funcionarios. Pero no pueden intervenir en la investigación de ilícito, como parece ser la pretensión del órgano según las declaraciones efectuadas por su Presidente”, agrega el texto.

Críticas a autoridades

En el recurso, también se critica a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y al diputado Daniel Manoucheri (PS). La razón serían sus declaraciones en que hablaban de red de corrupción y del “tren de Vitacura”, respectivamente.

“Ha surgido una nueva categoría de personas en los últimos días, como aquellos que tenemos conversaciones en el teléfono incautado y otros que no, lo que incide directamente en la honra y prestigio de un profesional”, cita el texto