Sergio Baeriswyl, Premio Nacional de Urbanismo: “No hay solución a las tomas si las ciudades no habilitan espacio para crear oferta de suelo a precio razonable”

Una crítica mirada de la publicitada política habitacional del gobierno del Presidente Gabriel Boric es la que tiene Sergio Baeriswyl Rada, Premio Nacional de Urbanismo en 2014 por su aporte en la reconstrucción de la región del Bio Bio, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. La califica como insuficiente y manifiesta que le habría encantado que “en esta administración se hubiese puesto la meta de 100 mil viviendas sociales al año. Si eso se lograra, nos olvidamos de los problemas de las tomas, de la informalidad, de la incertidumbre. Incluso la seguridad mejoraría”.

Oriundo de Punta Arenas y hoy viviendo en Concepción, Baeriswyl es el arquitecto y urbanista que ha caminado junto a los planes de regulación y gestión pública de las ciudades de Chile. Desde que fue reconocido por el Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace diez años atrás, ha tomado como bandera la posibilidad de que las ciudades sean resilientes frente a los desastres naturales que han venido y que vendrán. No es solo la reconstrucción lo que le interesa, sino la posibilidad de ver un futuro tras del caos, después de perderlo todo. Pero hoy, asegura no estar viendo ese futuro.

“No puede ser que nuestra política de cambio climático sea solo introducir buses eléctricos y cambiar la matriz energética, aunque sea necesario. Somos un país que se está hundiendo en las consecuencias del cambio climático. La ciudad de Talcahuano tiene un 40% de su superficie susceptible a ser inundada y no veo propuestas de política de resiliencia para los lugares que habitamos”, dice a The Clinic.

Siendo presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hasta 2022 y miembro actual del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Sergio Baeriswyl plantea que Chile está estancado frente los desafíos contemporáneos de vivienda y urbanismo. “En todos, la ciudad es protagonista. Pero las personas no podrán ver soluciones urbanas a sus problemas actuales. Es urgente incluir la dimensión de género, de vejez, de carbono neutralidad, de electromovilidad, de sustentabilidad o en la resiliencia frente al cambio climático“, dice.

Explica que la razón es la burocracia y poca eficiencia en el proceso de aceptación de los nuevos planes reguladores. También afirma que en Chile tardan ocho años en ser aprobados, mientras que en el resto de los países del mundo demoran dos años y medio.

“Las ciudades en las que estamos viviendo todas estas dinámicas de cambio se quedaron viejas”

—Considerando las características demográficas actuales de quienes viven en ciudades que se encarecen, que recibe a mucha gente de distintos países y que es hogar de personas que está envejeciendo, ¿estamos cerca de una nueva actualización de los planes urbanos de las capitales regionales en Chile?

—No lo estamos y es preocupante. Los planes reguladores son un instrumento base sobre el cual se dictan ciertas reglas comunes, acordadas y aprobadas por los municipios y el gobierno regional. El hecho de que hoy las ciudades no están preparadas para los desafíos contemporáneos como la necesidad de seguridad, el envejecimiento, el alza de los precios e incluso o las políticas de género, tienen su origen y su solución en estos planes reguladores. ¿Cuál es la problemática? La antigüedad de los planes en Chile sobrepasa los 15 años en promedio. Las ciudades en las que estamos viviendo todas estas dinámicas de cambio se quedaron viejas. Los instrumentos orientados a resolver problemas urbanísticos en la ciudad están orientados a problemas que estaban vigentes hace más de una década atrás.

—¿No se ha considerado invertir recursos públicos en una actualización? Entendiendo que hay mucha vida que sucede en la ciudad y que, por lo tanto, debería interesarle a todos los ministerios…

—Lamentablemente, la falta de planes reguladores actuales no ha sucedido por pereza política o fallas técnicas. El problema es más profundo y ya ha sido denunciado por todos los medios técnicos: aprobar un plan regulador en Chile demora, en promedio, ocho años. Algunos tardan siete, otros tardan 20. En la mayoría de los países, la aprobación se demora dos años y medio. Aquí estamos alcanzando un récord  de demora. Eso provoca que las personas no podrán ver soluciones urbanas a sus problemas actuales.

—El tiempo en que se demoran en aprobar los planes, ¿es un problema de burocracia?

—Se han ido agregando más etapas, más exigencias, más estudios, más procesos de participación y más procesos de evaluación ambiental al proceso de aprobación. Está bien, es con un ánimo sano, pero lo que en algún minuto se podía hacer en un año, ahora cae en una especie de círculo vicioso de la ‘permisología‘. Así, cuando el plan entra en vigencia una década después, el problema que le dio origen a esta actualización ya es distinto, creció o aparecieron otros problemas más agudos.

Además, en la política, cuando una autoridad municipal plantea su agenda de trabajo para dirigir la comuna, no puede tener dentro de sus objetivos un plan regulador que no verá la luz en su periodo de mandato. Se entiende, pues la planificación urbana no les dará eventuales réditos dentro de su períodos. El costo de fallar, además, son las fricciones con la comunidad. Los planes reguladores siguen detonando hablar de temas sensibles, como la pobreza, la expropiación y la inversión. Por eso, la intervención política de la ciudad ha quedado relegada a una obligación que se elude con mucha facilidad. Todo por el tema de la demora. 

“Con las tomas, la piel de Santiago está mostrando que la irregularidad es lo que más daño le hace a una ciudad”

Las tomas se han catalogado como un problema “inabarcable” producto de la extensión que han alcanzado desde 2020. Claro, en ocho años más, quizás esa sea la palabra que describirá acuciosamente este fenómeno: en solo cuatro años, la toma Un Nuevo Amanecer de Cerrillos pasó de tener 84 habitantes a más de 10 mil. 

“En otras partes del mundo, cuando tú construyes un edificio, tiran la obligación de dejar un 10% del edificio, de los apartamentos del edificio, para usarlos para vivienda asequible para familias que solicitan un subsidio. En la Ley de Integración Social, nosotros como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano logramos que se incorporara. Pero esto igual tiene que incorporarse en los planes reguladores”, dice el urbanista. 

—¿Por qué las autoridades prometen hacer planes para erradicar tomas y campamentos, si cuando estén en vigencia las soluciones, el problema tendrá otras características?

—No creo que un nuevo plan regulador vaya a evitar que se produzca este fenómeno, que nace como manifestación de un fracaso de la política habitacional. No podemos reducirlo solo a eso. La piel de la ciudad de Santiago está mostrando que algo no está bien. Ha empezado a mostrar fenómenos totalmente anómalos, porque la política pública regularizada no ha encontrado solución. Y la irregularidad es lo que más daño le hace a una ciudad. Se puede comprender y empatizar con el fenómeno de la toma, pero ese jamás será el camino a una mejor forma de vida. 

Ahora, también soy crítico de la política del plan de emergencia habitacional. Creo que no está conectando a quienes van a vivir en esas viviendas sociales con la ciudad. Están a la deriva. Ahí hay una trampa: no hay solución posible a las tomas si las ciudades no habilitan espacio suficiente para crear oferta de suelo a precio razonable. Solo así se puede crear un nuevo conjunto de barrios habitables y a disposición de las personas que no tienen posibilidades de acceder a una vivienda. 

—¿Existe una ausencia de propuestas y proyectos concretos para crear planes habitacionales urbanos?

—Yo miro con nostalgia en la década del 90, cuando se hicieron los famosos proyectos urbanos como la Ribera Norte. Eran liderados por el Ministerio de la Vivienda, pero también participaban y coordinaban recursos el Ministerio de Obras Públicas y el de Bienes Nacionales. Luego vinieron los Proyectos Bicentenario, que fueron una invitación a la renovación. Fueron bastante emblemáticos. 

Pero hoy día no hay proyectos grandes, ni en Valparaíso, ni en Concepción, ni en Santiago, ni en Valdivia, ni Osorno, ni Calama, ni Antofagasta, ni en ninguna parte. El último gran proyecto urbano fue el de la Villa Panamericana. Eso nos mostró por qué proponer y llevar a cabo ese tipo de proyectos urbanos es fundamental. Lo que hacen, es organizar a los distintos ministerios para que se pongan de acuerdo en un proyecto común. Esa es su gran virtud: sentar en una mesa a varios ministerios con un presupuesto para que se focalicen en un objetivo de ciudad específico. Ni siquiera existe una mesa estable hoy día. 

—¿Y quién podría potenciar un nuevo proyecto urbano si en el Estado no se está haciendo?

—Metro, por supuesto. Tiene una tremenda infraestructura de transporte, de movilidad revolucionaria, de primer mundo extraordinario, pero que no se utiliza como agente de renovación urbana o de proyectos. 

—Como la Línea 7, que va a pasar por Cerrillos ahora. Incluso, las 20 mil hectáreas que no están tomadas aún en ese terreno, pertenecen a Arrip, una de las constructoras de Metro.

—Ojalá el Estado viera los núcleos virtuosos para viviendas y servicios sociales que deja la construcción de una nueva línea de Metro. Podrían aprovechar de ir transformando y renovando los núcleos urbanos con villas ejemplares. Ahí en Cerrillos, podrían caber 10 mil unidades habitacionales que tengan servicios, salud, parques urbanos y más encima, acceso a transporte. De eso hoy no hay nada, porque, obviamente, el Metro tiene su plan. Lo hace muy bien, pero no conversa ni con Obras Públicas ni con Vivienda. Es más privado.

“Quien dirige la orquesta, saca cuentas muy rápido y dice: ‘¿De qué me sirve a mí embarcarme en un proyecto urbanístico que se va a demorar diez años en dar réditos?”

—Frente a esta desintegración entre la coordinación de los actores políticos, ¿hay una sensación de des-gobierno urbano?

—No hay una orquesta donde todos toquen juntos. Además, quien sea el director o directora de esta sinfonía, que es quien debe organizar a todos estos músicos, tiene el mismo problema que tienen los políticos general. Saca cuentas muy rápido y dice: “¿De qué me sirve a mí embarcarme en un proyecto urbanístico que se va a demorar diez años o doce años en producir réditos? Si mi paso por el gobierno es cuatro años”. Créeme que ese cálculo, lo hacen quienes nos dirigen hoy día. 

Se entiende que lo tengan que hacer, que tengan que mostrarles resultados a quienes le entregaron un voto de confianza. Todos tienen el mismo problema, que se acentuó, justamente, cuando los gobiernos presidenciales se redujeron a cuatro años. Una vez le pregunté a un alcalde que por qué no plantaba más árboles en su comuna. Me respondió que se demoran mucho en crecer. Esa fue la respuesta. Cuando el gobierno duraba seis años, habían más objetivos urbanos dentro de los planteamientos.

—Gabriel Boric habla de su proyecto de 260 mil viviendas sociales como un acto emblemático. Hay un tono incluso de emergencia en la propuesta de este hito. ¿Es difícil que el presidente pueda cumplir lo que prometió?

—260 mil viviendas en todo un gobierno y 60 mil viviendas al año no es una meta tan épica desde el punto de vista de los desafíos sociales que tiene el país. Excelencia épica, es alcanzar 100 mil o 110 mil viviendas al año de todas las formas habidas y por haber. En la década de los 90, Frei construyó 110 mil viviendas por año. En la década de los 2000, no bajaba de 60 mil. Y en el último gobierno de Piñera se hicieron 52 mil más o menos. Eso significa que Chile siempre ha producido más de 200 mil viviendas, con un récord de 400 mil. No le quiero quitar mérito a este gobierno, yo sé que hay razones para pensar que hoy en día las viviendas son más grandes, más caras, pero seguimos teniendo un problema de 280 mil familias sin vivienda.

“Lo mejor que podemos hacer es tener más libertad y menos prejuicio ante las ideas de ciudad”

—¿Se podrían hacer hoy 100 mil viviendas sociales al año?

—Me habría encantado que este gobierno se hubiese puesto esa meta. Si se lograse, nos olvidamos de los problemas de las tomas, de la informalidad, de la incertidumbre. Incluso la seguridad mejoraría. Hoy día somos varias veces más ricos en términos de país que lo que fuimos en los 90.

—¿Qué se necesitaría para lograr una política pública de esa envergadura en materia urbanística?

—No existen normalmente soluciones geniales… o existen muy pocas. A lo mejor, la industrialización de las viviendas pre-fabricadas pueda transformarse en algunos años más en una gran solución. Pero mientras no se vea en lo concreto, lo mejor que podemos hacer es  tener más libertad y menos prejuicio al pensar en posibles soluciones de esa envergadura.

Hay varias ideas que están vetadas por ideologías. Un ejemplo es que la vivienda no pueda ser progresiva o auto construida por la persona. Obviamente, la idea se ve como algo regresivo. Pero hoy, hay algunos arquitectos como Alejandro Aravena que lo ha planteado: una vivienda progresiva en la cual se comprometa la disponibilidad de recursos de la persona para construirla sumadas a los del Estado. Quizás no da para un proyecto que lo solucione todo, pero es un camino para pensar que la ideología no debería vetar. 

Lo segundo, que también que está políticamente vetado, es el tema del arriendo protegido. Muchas personas que no tienen casa y que están esperando por una vivienda social, se ponen a la cola del Ministerio de Vivienda por diez años. Y algunas llegan después de ese tiempo y les dicen que no. ¿Por qué no implementar un sistema donde puedan vivir dignamente mientras esperan esos resultados? Un arriendo protegido, con financiamiento del Estado en un edificio que lo permita. Funcionaría, sobre todo, considerando que hoy hay muchos hogares unipersonales, de gente joven, de adultos mayores, y que en este momento está en una vivienda compartida. 

—Y si hablamos de ideas disruptivas, las concesiones pueden ser un buen ejemplo. 

—Exacto, esa fue una idea que permitió generar más conectividad. Pero no hay que ver las concesiones como traspasarle la responsabilidad a un privado, sino como una pedida de ayuda. Son caminos de solución que yo creo que no se pueden descartar hasta que no se exploren. Por último, que se haga un piloto, vamos a hacer una prueba de 500 unidades habitacionales concesionadas, a ver si funciona. Pero hoy nadie quiere cometer un error político que comprometa su cargo. 

—¿La vivienda y el urbanismo deberían ser más un tema de Estado que de Gobierno entonces?

—Bueno, una manera de solucionar eso es que existan algunos espacios intermedios que ya no están, y que le pudieran entregar a las ciudades mayor estabilidad más allá del ciclo político. Esa política de Estado, no está. Mientras las viviendas y las tomas sigan siendo un desafío acotado a las metas de los gobierno, todo estará sujeto, de forma muy frágil, a las circunstancias de la autoridad de turno. Eso no puede ser. La última vez que vi un desafío de construcción gigantesco y hecho por el Estado, fue en el 2010.

“Para Valparaíso no se están tomando los aprendizajes del 2010, ni en la organización de equipos, ni de recursos, ni en un plan maestro que los convoque a todos”

—¿Es un ejemplo de política de Estado el cómo se abordan los desastres naturales en Chile?

—Sí, y ahí hablo desde mi propia experiencia. Después del terremoto del 2010 se logró abordar un desafío de reconstrucción gigantesco en el centro sur de Chile. Y en un tiempo récord en menos de cuatro años. ¿Qué hizo que eso fuera factible? Primero, la épica de una reconstrucción que nos invitó a todos a trabajar 24/7. Pero más allá de eso, los objetivos comunes con metas muy específicas de reconstrucción. 

Estuve trabajando en Obras Públicas con el Ministerio Transporte, Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Bienes Nacionales, con el Congreso, con el Gobierno Regional y las municipalidades. Todos trabajamos en función de un plan maestro de forma espontánea pero a la vez, concreta y enfocada. Además, se organizó toda esa inversión de forma conjunta. De haberlo hecho por separado hubiese sido un desastre. Eso no se está haciendo con las casas que se quemaron recién en el Incendio de Valparaíso.

—¿Es crítico de la reconstrucción que se ha tratado de plantear hasta el momento para Valparaíso?

—Tengo la sensación de que no se están tomando los aprendizajes del 2010, ni en la organización de equipos, ni de recursos, ni en un plan maestro que los convoque a todos. No se está haciendo para nada. Además, Valparaíso está lleno de historias de de deslizamientos y de remoción de suelo en masa por las lluvias. Esa temporada de aluviones se viene ahora. No sé que va a pasar en el caso de las zonas afectadas.

“Deberíamos estar poniendo políticas públicas para mejorar la resiliencia de las ciudades”

Un informe que publicó el Banco Mundial en mayo de 2023, mostraba cómo la falta de resiliencia en las ciudades crea una sociedad más pobre. “Solo hay que imaginarse la pobreza que generó el incendio en Valparaíso. Esas familias retrocedieron décadas de desarrollo. Esa tiene que ser nuestra voz de alarma”, explica Sergio Baeriswyl.

—¿Cuál sería una solución a corto plazo para la resiliencia después de los aluviones, incendios o sequías?

—Aunque se le trate de poner prioridad, mayor urgencia tienen los problemas de seguridad ciudadana y los planes de vivienda. Si sabemos que Chile está viviendo las afecciones del cambio climático, nuestra bandera no debiese ser la carbono neutralidad. Es casi populista. Chile aporta solo un 0,24 al co2 del planeta. Deberíamos estar poniendo políticas públicas para mejorar la resiliencia de las ciudades. Son éstas las que están bajo los efectos de la inundación, las marejadas, el levantamiento del nivel del agua o los aluviones.

—¿Nuestra política de cambio climático se está haciendo cargo de la resiliencia? ¿O seguimos intentando prevenir consecuencias que ya están sucediendo?

—No puede ser que nuestra política de cambio climático sea solo introducir buses eléctricos y cambiar la matriz energética, aunque sea necesario. Somos un país que se está hundiendo en las consecuencias del cambio climático. La ciudad de Talcahuano tiene un 40% de su superficie susceptible a ser inundada. Y no veo propuestas de política de resiliencia para los lugares que habitamos. Nuevamente, volvemos al tema de los ciclos cortos políticos, que estrangulan a las ciudades. 

—¿Qué depara el futuro de las ciudades chilenas entonces?

—Ojalá las chilenas y chilenos tuviesen por derecho la opción de que sus ciudades pudiesen prepararse a tiempo para los desafíos actuales y del futuro. Hoy no se le puede decir a los niños que en un futuro va a haber un parque maravilloso. Necesitamos simplificar los procesos, las aprobaciones, dar ideas innovadoras y que el Estado considere el urbanismo, como una prioridad que se abarca en conjunto. Lo que llamamos hogar, ciudad, urbe, es donde está ocurriendo la vida segundo a segundo. Tiene que ser prioridad.