Expulsiones no materializadas y extranjeros con prohibición de ingresar que regresaron al país: las irregularidades en el control migratorio que detectó Contraloría

En medio de la crisis de seguridad nacional, Contraloría cuestionó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) respecto del control migratorio. Esto, después de que detectaran que una serie de extranjeros con prohibición de entrar a Chile volvieron a ingresar al país.

En una auditoría que abarcó entre el 1 enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, se pudo constatar que cinco extranjeros expulsados del país utilizaron pasos habilitados para entrar nuevamente. Se trata de ciudadanos provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, que retornaron a Chile por el control Los Libertadores y Chungará. De acuerdo al informe del ente contralor, esto “implica una debilidad en los mecanismos de control migratorio que realiza la PDI en esos lugares”.

Según Contraloría, esto “evidencia que dichos controles no resultaron suficientes para detectar la prohibición de ingreso al país”. En tanto, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, anunció que se iniciará un sumario administrativo con el fin de “determinar si hubo responsabilidades en la fiscalización de esta materia”.

Expulsiones no concretadas

Además de los expulsados que regresaron, Contraloría reveló que existen treinta casos en los que no se pudo constatar el registro de salida del país. Estos ciudadanos, en su mayoría venezolanos, podrían permanecer en el territorio nacional. En once de estos casos, la PDI informó que se materializó la expulsión, “sin que se haya acreditado su materialización”.

Adicionalmente, “se detectaron otros 17 casos donde la expulsión judicial, si bien se encontraba anotada en el citado aplicativo GEPOL. No fue posible verificar que efectivamente hubieran salido del país, al no registrar esas personas movimiento en el sistema de control migratorio”.

También se detectaron irregularidades en los casos de 12 extranjeros que cumplieron condenas en distintas cárceles del país. La PDI tiene la obligación de efectuar una denuncia ante el Servicio Nacional de Migraciones para así resolver la expulsión una vez que estén en libertad, pero eso no ocurrió.

Finalmente, se informó de otros 47 extranjeros, de países como Venezuela, Colombia, Haití y Perú, que habían cumplido su condena y que contaban con una orden de expulsión, pero que no fue posible verificar que salieron del país.