Fiscalía presenta solicitud de desafuero para diputado que presentó celular destrozado a la PDI como evidencia

El Ministerio Público de la región de La Araucanía comenzó a ejercer presión sobre el diputado Mauricio Ojeda. Y es que el ente persecutor solicitó durante esta jornada desaforar al parlamentario, quien está siendo investigado por el “caso manicure“, al que se le ha puesto una lupa por el traspaso de más de $730 millones desviados por parte del Gobierno Regional de La Araucanía hacia las fundaciones Folab y Educc.

Dicha investigación guarda relación con el Caso Convenios, el cual indaga los traspasos entre fundaciones y reparticiones públicas.

El nombre de Ojeda se había posado en la discusión pública en las últimas semanas. El motivo detrás estaba en el estado en el que el diputado exrepublicano hizo entrega de su celular a la Policía de Investigaciones (PDI).

El aparato electrónico se encontraba visiblemente dañado, con su pantalla y cámara rotas. No obstante, el diputado argumentó que fue su hijo —de 3 años—, quien en una “jugarreta” rompió el equipo móvil.

Con la solicitud de desafuero, Ojeda corre un peligro real de ser perseguido penalmente. Ello porque, de acogerse la petición del fiscal Carlos Cornejo —que lo acusó de fraude al Fisco reiterado por, presuntamente, haber pactado ganancia sobre los convenios con los directores de las fundaciones—, la Fiscalía podrá emitir cargos en su contra.

De hecho, se podrían aplicar medidas cautelares contra él, como la prisión preventiva. Pero, eso no es todo. El desafuero trae consigo la inhabilitación del afectado de participar en diversas instancias de la Cámara. Por esa situación pasó, por ejemplo, la diputada María Luisa Cordero, quien se vio enfrascada en una situación judicial compleja, iniciada por la senadora Fabiola Campillai.

“Hay una tremenda cantidad de mentiras que vamos a encargarnos, para demostrar nuestra tranquilidad”, aseguró Ojeda. Sumó que jamás se le ocurriría tocar un “peso que no me corresponde”.