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Opinión

19 de Mayo de 2024

Columna de Marco Moreno | Chile: ¿Sistema político de baja responsabilidad?

El académico y columnista plantea que "es crucial promover la rendición de cuentas y fortalecer las instituciones que garanticen un gobierno transparente, eficaz y responsable". Y plantea que la actuación del Ministerio Público y los fiscales a cargo del caso por el delito de lavado de activos contra el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba "mostró desprolijidades y negligencias que parecen no tener costos ni consecuencias para nadie. La jueza Carolina Escandón, del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, en la lectura del veredicto afirmó que existía una 'falta de precisión y rigurosidad en la investigación'”.

Por Marco Moreno

En el escenario político global, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la presencia y persistencia de sistemas políticos de baja responsabilidad. Estos sistemas, caracterizados por la falta de transparencia, impunidad, ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y concentración de poder, representan una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho.

En los últimos años, Chile ha experimentado una serie de movimientos sociales y de protestas que han puesto en tela de juicio la efectividad y la legitimidad de su sistema político. Uno de los aspectos que ha sido objeto de críticas es la percepción de que Chile podría estar operando bajo un sistema político de baja responsabilidad.

La evidencia que disponemos nos muestra que existe una generalizada desconfianza social, una extendida desconfianza en las Instituciones Públicas (Gobierno, Tribunales de Justicia, Poder Legislativo, etc.), y una profunda insatisfacción con los servicios públicos.

La falta de transparencia ha sido una preocupación recurrente en el sistema político chileno. A pesar de los avances en materia de transparencia en los últimos años, persisten desafíos significativos en cuanto a la divulgación de información y la toma de decisiones transparentes. La opacidad en la gestión gubernamental y la falta de acceso a la información pueden socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas.

Muchos son los casos, pero para mencionar uno reciente podemos señalar las dudas y opacidad con que Codelco desarrolla las negociaciones por la explotación del litio con SQM que están provocando una creciente desconfianza en el mercado, los actores involucrados y en la ciudadanía.

La impunidad es otro aspecto preocupante en el sistema político chileno. Si bien se han llevado a cabo esfuerzos para combatir la corrupción y el abuso de poder, sigue habiendo casos de impunidad en los que los responsables no son llevados ante la justicia de manera efectiva. La percepción de que algunos funcionarios políticos pueden actuar sin consecuencias puede minar la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.

Recientemente, la actuación del Ministerio Público y los fiscales a cargo del caso por el delito de lavado de activos contra el excomandante en jefe de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba mostró desprolijidades y negligencias que parecen no tener costos ni consecuencias para nadie. La jueza Carolina Escandón del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago en la lectura del veredicto afirmó que existía una “falta de precisión y rigurosidad en la investigación”.

Como sabemos los fiscales tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos en el sistema judicial. Si hay casos de negligencia en la investigación de delitos, falta de diligencia en la recolección de pruebas o casos en los que los fiscales no logran llevar a cabo un proceso judicial efectivo, esto podría indicar un sistema de baja responsabilidad donde los fiscales no están cumpliendo adecuadamente con su deber de garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley.

Asimismo, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ha sido objeto de críticas. Si bien existen instituciones de control y supervisión, como la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, su independencia y efectividad pueden verse comprometidas en ciertos casos. Además, la falta de una prensa verdaderamente libre y crítica puede limitar la capacidad de los ciudadanos para responsabilizar a sus líderes políticos y funcionarios públicos con alta capacidad de decisión en asuntos del Estado.

A propósito de la discusión de ley corta de isapres aprobada por el Congreso, persiste la duda acerca de la falta de control del órgano regulador en los últimos 20 años. La Superintendencia de Salud es la sucesora legal de la Superintendencia de isapres e inició sus actividades el 1 de enero del año 2005. 

Esta tiene la responsabilidad de regular y supervisar las instituciones de salud privadas para garantizar que cumplan con las normativas y brinden un servicio de calidad a los usuarios. Los anteriores siete exsuperintendentes de salud tendrían que haberse preocupado especialmente de cumplir este mandato institucional.

Si estas entidades a través de sus autoridades (los superintendentes) no cumplieron efectivamente con esta responsabilidad, y no hay consecuencias significativas para las isapres que incumplen las normativas o que tienen prácticas abusivas hacia los usuarios, podría estar dando cuenta de un sistema de baja responsabilidad donde las instituciones no son adecuadamente responsables por su desempeño

El actuar de los exsuperintendentes de salud por acción u omisión en la supervisión de instituciones privadas de salud, así como la negligencia de los fiscales en sus investigaciones y casos judiciales, son ejemplos concretos que podrían sugerir la existencia de un sistema de baja responsabilidad en Chile. En ambos casos, la falta de rendición de cuentas y la ausencia de consecuencias significativas para los actores involucrados pueden alimentar la percepción de impunidad y debilitar la confianza en las instituciones. 

Y es que, en ausencia de instituciones sólidas de rendición de cuentas, los líderes políticos o los funcionarios gubernamentales tienen más incentivos para actuar con impunidad, sin temor a ser sancionados por sus acciones. Esto podría contribuir a profundizar la percepción de un sistema de baja responsabilidad en el que nadie le cobra cuentas por desempeño a nadie, por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que mal. Esto facilita el estancamiento y la mediocridad. Facilita la falta de ética, facilita la corrupción.

En definitiva, los sistemas políticos de baja responsabilidad representan una seria amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. Un sistema donde domina la baja responsabilidad puede tener efectos perjudiciales en varios aspectos de la sociedad y la economía, erosionando la confianza pública, fomentando la corrupción y la desigualdad, y obstaculizando el desarrollo económico y social. Por lo tanto, es crucial promover la rendición de cuentas y fortalecer las instituciones que garanticen un gobierno transparente, eficaz y responsable.

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