Recibió pagos de municipios sin entregar medicamentos cannábicos: la investigación sobre la Fundación Daya que complica a la diputada Gazmuri

Un informe preliminar de la Contraloría General de la República lanza sus dardos sobre la Fundación Daya, organización creada por la diputada Ana María Gazmuri (AH) y su esposo, Nicolás Dormal.

De acuerdo a Biobío, el documento da cuenta de que hubo pago por parte de 14 municipios hacia la fundación para recibir un medicamento cannábico. La operación fue gestionada mediante convenios. Ello habría comprometido cerca de $380 millones, provenientes de arcas fiscales.

Sin embargo, sólo dos casas municipales recibieron la totalidad de las dosis comprometidas en el convenio. A otros dos municipios les llegó menor cantidad de medicamentos, mientras que el resto no recibió ninguno.

Por ese evento, la Contraloría cuestionó a los municipios, apuntándoles de infringir principios de “eficacia, responsabilidad y transparencia”.

Los eventos se remontan a los meses entre junio de 2015 y mayo de 2016. El programa tenía por nombre “de uso compasivo de aceite de cannabis”. Consideraba la firma de 14 municipios —los involucrados— para el financiamiento conjunto de la iniciativa, en donde había costos en materia de infraestructura, materiales, equipamiento, insumos, cultivo, recursos humanos, entre otros.

El convenio establecía que, a cambio del financiamiento, los municipios recibirían el fármaco cannábico. La finalidad era suministrarlo entre 100 a 200 pacientes en un año. No obstante, el plan tuvo problemas antes de que se ejecutaran acciones de intercambio: Calama, Tocopilla, Calera de Tango y Quinta Normal firmaron el convenio antes de que el SAG diese su permiso para el cultivo.

Inclusive, Contraloría, dio cuenta que, finalmente, fueron 13 las municipalidades las que transfirieron recursos a la fundación antes de un visado del Instituto de Salud Pública (ISP).

Los municipios involucrados

Entre 8,8 y 35,2 millones fueron los transferidos por los municipios hacia la fundación de Gazmuri. Ellos fueron, además de los mencionados anteriormente, Quilicura, Chillán, Graneros, Antofagasta, Copiapó, Peñalolén, Puerto Natales, Parral, Quilpué y Arica. Las transferencias sumaron en detalle $376,6 millones.

La firma de los convenios sin el visado del SAG fueron argumentados por la fundación Daya. En ese sentido, dijeron —al medio citado— que los municipios no generaron “las condiciones”.

“Nos cuesta comprender la falta de gestión de algunos municipios“, añadieron. No obstante, algunos integrantes del municipio señalaron que, pese a las quejas debido al no cumplimiento del convenio en el ítem de los medicamentos cannábicos, señalaron que la fundación se había mostrado “evasiva” en la respuesta.