Columna de Hugo Herrera: Políticas de la muerte

La política es de los asuntos que en nuestro mundo de distracciones poco parecen tener que ver con la muerte. O tratamos de olvidar su relación con la muerte. En épocas de normalidad, la presencia de la muerte en la política se vincula con la delincuencia, fruición de los noticieros, y, cuando no los olvidamos, con los viejos y su deterioro.

Ahí están los contingentes de jubiladas y jubilados esperando pensiones razonables y atención médica oportuna. Otros quieren simplemente que los visiten. O que no los olviden, les hagan un busto, una placa (en Chile hay una especie de odio a los bustos, placas y monumentos; aunque se los puede hacer de maneras resistentes, anti-lumpen; si no, véase el busto de Frei Montalva al inicio de la Carretera del Cobre). 

El vínculo de la política con la muerte en épocas de paz, no es para nada obvio. ¿Quiere usted dedicarse a la política? Entonces –podría pensar– “no tendré que ver con la muerte de las personas”. 

Si piensa así, sería ideal y de toda responsabilidad que no se dedicase usted a la política. Aunque a veces se lo soslaye, lo primero, el asunto inaugural de la política, la razón por la cual emerge ella como actividad y como institución, podría decirse, es la muerte. La muerte, especialmente la muerte violenta a manos de otro, provoca terror y es el motor que consciente o inconscientemente nos lleva a obedecer al Estado. 

Ahí detectó Hobbes, el observador implacable, la verdadera sala de máquinas, el resorte fundamental de la operación, el “pienso, luego existo de la política”: “Protejo, luego obligo”.

La verdad es que el miedo a la muerte violenta o dolorosa mueve a obedecer a quien sea que proteja. La eventual superación del Estado no promete una situación mejor. Probablemente proliferarían las empresas de seguridad privada, como ocurre en los condominios sudafricanos.

Cuando cayó Roma y se volvieron inseguros los caminos y comarcas, los aldeanos acudieron al capaz de organizar una partida de protección. Este “señor” formó entonces una milicia y, probablemente lo más importante: ordenó construir una torre de defensa para los ataques. Fue el inicio, rural, precario, primitivo, del Feudalismo. 

¿Tendría sentido obedecer al Estado, a nuestro Estado, si terminase en la impotencia frente a los bárbaros contemporáneos, las bandas delictuales, el lumpen, los violentos y agresivos? 

¿Tendría sentido querer dedicarse a la política sin plantearse la cuestión de la disposición a matar que deben tener, en último término, las fuerzas de seguridad?

Son preguntas incómodas, pero es menester hacerlas, pues afectan el núcleo de lo estatal. El Estado nace por razón de la muerte, para protegernos de la muerte violenta o dolorosa. En una etapa más avanzada: para protegernos frente a las enfermedades curables. Logra el Estado estos objetivos y estamos dispuestos usualmente a prometerle lealtad y obediencia.

El Estado impotente, en cambio, se vuelve banal, superfluo, sus funcionarios ridículos, risibles: hablando de seguridad mientras la gente muere a balazos en las calles y en sus casas. O esperado la atención médica para una enfermedad mortal, tomando “Dipirona”, como se decía antes.

La situación chilena no es la de cualquier Estado bajo un dictador criminal africano. Aquí las instituciones, aunque con ripios y graves problemas, producen en sus funcionarios y súbditos maneras estables de comportamiento, normalización, adiestramiento.

Aunque no pocos son preteridos, sin embargo, también hay grupos importantes de enfermos que son sanados en los sistemas de salud. Los delincuentes mantienen, en muchos casos, una cierta distancia y temor respecto de las policías. El asunto es que todo esto no ocurre siempre. En ciertas zonas, no la mayor parte de las veces. La muerte, entonces, se hace presente. 

La muerte violenta o por una enfermedad desatendida. La muerte de carnes desgarradas por el plomo asesino o de órganos descompuestos por enfermedades agresivas y dolorosas. La muerte con sufrimiento, quizás desesperanza, incomprensión, abandono silencioso. La muerte acompañada de los gritos descontrolados de la madre de la víctima de la “bala loca” o del hijo de aquel padre que esperó meses por un tratamiento disponible que no le dieron.

La primera gran satisfacción que debiese darnos un gobierno, los gobiernos, es reducir al mínimo la muerte evitable en el país. 

Debiera operarse como en la guerra, llevarse una contabilidad estricta, una especificación de zonas críticas y enfermedades amenazantes y brigadas encargadas de operar con decisión y coraje en esos verdaderos frentes de batalla. Ha de ser una información que se publicase en los diarios, así como se ponen los indicadores económicos, el precio del dólar o del cobre. Se trata de cifras mucho más importantes, de cifras humanas. Llevamos X muertos a balazos a la fecha y X muertos por enfermedades desatendidas por el sistema de salud.

Así podría evaluarse a los gobiernos en la cuestión más relevante. 

El asunto requiere cabeza. No se trata de entrar como carga descontrolada de húsares alados allí donde se necesita tecnología, inteligencia. Desbaratar a una banda criminal o a grupos guerrilleros antes de que actúen exige operaciones de infiltración, pesquisa, telecomunicaciones, análisis de datos, que a su vez necesitan de especialistas. También, más ampliamente, el abordaje de un contexto que favorece la operación de esos colectivos. Las balas son la última medida. 

Qué decir de la complejidad de la organización de los dispositivos de salud requeridos para que los enfermos graves abandonados terminen siempre siendo atendidos. Especialmente en un país que usualmente debe importar las tecnologías médicas que es incapaz de fabricar.

Hay que hacerse cargo de estos asuntos. En último trámite solo la mejora decisiva en las cuestiones urgentes y básicas referidas a las políticas de la muerte nos permitirá pensar, de manera no evasiva, en las políticas de la vida.