Ministro Luis Cordero y nueva cárcel: “La única alternativa, si no queremos que esto estalle, es construir lo que no hemos construido en más de una década”

Luis Cordero (51) habla con elocuencia cuando quiere dejar en claro sus puntos. Menciona cifras, se extiende en sus argumentos para que no quepan dudas de lo que quiere decir y conversa sobre dos temas que han ocupado su agenda: el anuncio de la construcción de una nueva cárcel —en la comuna de Santiago— y la dilatada Ley de notarios que está impulsando el Gobierno.

La inseguridad es el tema que encabeza la preocupación de los chilenos —reflejada en sondeos de opinión pública— y el ministro de Justicia entrega una cifra: en 2021 habían 39 mil personas privadas de libertad. Actualmente son 57 mil reclusos, aumentando en un 44% en los últimos años. Eso ha provocado un colapso en el sistema carcelario en un país donde la construcción de recintos ha estado paralizada, dice Luis Cordero.

Algunos de los casos más mediáticos en el último año, como los de Luis Hermosilla o Eduardo Macaya — en distintas veredas y delitos—, han encontrado un eco de indignación en la gente, por la dilatación de las investigaciones, ciertas resoluciones de la justicia y, entonces, han dado pie a críticas y a una sensación de que no se mide con la misma vara a unos de otros.

—¿De qué manera la justicia se hace cargo de la sensación de impunidad, frente a determinados delitos, y de la idea de que “a la cárcel solo van los pobres”?

—Creo que esto tiene que ver con una reflexión mayor. La sostiene el último estudio de la OCDE sobre los factores de confianza. Chile, en el caso del sistema de justicia, es uno de los más bajos. Y la pregunta es: ¿Por qué? Hay varias cosas que uno podría concluir de eso. Uno tiene que ver con la sensación de impunidad, pero en un sentido amplio. Es decir, en aquello en que hay asuntos que me afectan, pero que el sistema de justicia no lo resuelve. Que si yo me veo afectado, no tengo a quién recurrir. Y eso va desde la comisión de delitos, y en consecuencia, a quiénes se persiguen, cómo son tratadas las víctimas, hasta cuestiones que están vinculadas a la vida cotidiana: cómo resuelvo los conflictos que yo tengo en el barrio, con mis vecinos, en el edificio, etc.

—Y entonces, cuando esos conflictos no se resuelven, algunos deciden tomar la justicia por sus manos. Y desconfian de la justicia en sí.

—Cuando el sistema institucional para las pequeñas causas no da solución institucional, entonces las personas quedan con la sensación de que el sistema de justicia no funciona, y en consecuencia tengo que ocupar medios de autotutela directo para poder solucionarlo. Y claro, pareciera que esos conflictos que están en esas pequeñas causas, el sistema institucional no tiene cómo absorberlas. No es el juzgado policial local, que está muy sobrepasado por una serie de cosas, no es el juzgado civil, que es la única justicia que no hemos reformado en Chile sustancialmente, porque en general la justicia civil está esencialmente hoy día, en su volumen más importante, dedicado a cobranza de grandes tiendas. Por lo tanto, los usuarios comunes y silvestres tienen poco espacio en el sistema de justicia.

—Y es inevitable que esas personas sientan frustración, indignación.

—Esto es algo que solemos no mirar, pero que las cifras nos están mostrando que es un espacio de indignación progresiva. Ese es un factor. Y lo segundo tiene que ver con qué pasa cuando ocurren los delitos. Y eso tiene que ver con dos dimensiones. ¿Cómo me trata el sistema de justicia como víctima? En el sistema de enjuiciamiento criminal hay una cantidad importante de casos que son desechados por el sistema de justicia, porque son de poco valor o porque no hay antecedentes inmediatos o pruebas que permitan llegar a un resultado. Y ahí hay un mundo en el tratamiento de las víctimas, que no tiene que ver solo con las víctimas de los delitos violentos, tiene que ver con aquella persona que puede ser víctima de un robo en la calle respecto a su celular o respecto a su vehículo. Que si no hay antecedentes, probablemente no hay flagrancia, no va a haber (justicia).

Y la otra dimensión es: ¿Y al qué pillo, cómo lo castigo? Y ahí hay un problema, de la sensación que el sistema de justicia reacciona con unos de un modo distinto que con otros. Es decir, que aquellas personas que tienen recursos, tienen pocas probabilidades de ser perseguidos penalmente y cuando lo son, obtienen beneficios que una persona común y silvestre no tendría. Que acceda a una fianza o algo similar. Y ahí hay una dimensión que no es menor, porque la pregunta es, ¿quiénes están en la cárcel?

—¿Y quiénes están en la cárcel?

—Más menos sabemos quiénes están en la cárcel: son 92% hombres y 8% mujeres. Los que están son mayoritariamente personas que no tienen su educación media o básica completa, solo un poco más del 30% de las personas que están privadas de libertad en Chile han terminado su enseñanza media. Sabemos, además, que el núcleo central de personas que están privadas de libertad, en el caso de los hombres, tienen entre 20 y 34 años. Ahí está más del 60% de las personas. Es decir, en edad productiva. Sabemos, también, que quienes están en la cárcel, más del 60% de ellas no tienen oficio, ni siquiera un oficio relativamente reconocido.

Y en el caso de las mujeres, la situación es un poco más dramática. Chile encarcela a muchas mujeres. Principalmente están presas por delitos vinculados a la ley de drogas. Ese es un delito que, en el caso de las mujeres, tiene alrededor del 55% de las mujeres privadas de libertad. El delito prevalente es droga versus cerca del 15% de los hombres. En el caso de las mujeres, según la cifras de los estudios que ha realizado la Universidad Católica, lo que tiende a mostrar es que más del 90% de las mujeres privadas de libertad ingresan a la cárcel siendo jefas de hogar.

—Un círculo vicioso, porque muchas de esas mujeres son madres.

—No dimensionamos el efecto colectivo que tienen las familias y en el entorno encarcelar mujeres. Dado esta cifra de cuántas de ellas son jefas de hogar. El primer desafío que tiene una mujer cuando sale de la cárcel es recuperar a su familia, a sus hijos, fundamentalmente. Entonces, si esa mujer no tiene probabilidades efectivas de trabajo una vez que encarcele, su posibilidad de reincidencia es altísima.

Todo este panorama general sirve para demostrar que cuando hablamos de la sensación de impunidad, es una dimensión que no solo tiene que ver con el hecho de un delito que no tiene solución, que no tiene responsable, que se demora en castigar, sino que tiene que ver con la sensación de que el sistema de justicia, sea que tenga una pequeña causa, sea una víctima o que esté enfrentando directamente el sistema, no me trata con igualdad o con equidad. Y esa es una de las advertencias más complejas en una sociedad como la chilena. Porque el sistema de justicia descansa en un principio elemental y es que hay un tercero que resuelve las controversias entre personas para efectos de evitar la violencia. Entonces, que el sistema de justicia no funcione, en algún sentido, es una señal equívoca de que entonces hay otros medios para solucionar las controversias.

—Teniendo esas cifras, por lo tanto, es una realidad que mayoritariamente quienes están en la cárcel son personas de escasos recursos. ¿Por qué cometen más delitos?

—Hay un conjunto de factores. ¿Cuáles son los principales delitos por los cuales las personas están privadas de libertad en Chile? Son tres órdenes por las cuales están cerca del 70%: robo, ley de drogas y robos no violentos. El cuarto es leyes especiales que particularmente tienen que ver con control de armas. El número de robos va desde el microtráfico hasta el tráfico. El intervalo es bien grande.

Lo segundo tiene que ver con algunas condicionantes sociales que están vinculadas al delito. El perfil social de la delincuencia es muy evidente, es simplemente ver las estadísticas de gendarmería. En la cárcel tenemos cinco veces mayor la prevalencia de aspectos que están vinculados a salud mental que en la población común. Las adicciones, que son varias de las personas que están en la cárcel, no solo droga, alcohol, etc. De las personas que están diagnosticadas por algún tipo de adicción, un poco más del 5% son las que pueden tener acceso a tratamiento efectivo dentro de la cárcel.

—¿Cómo se avanza para, en la cárcel, tener un sistema de rehabilitación efectiva y, posteriormente, de reinserción cuando salen?

—¿Cuál es el proyecto de vida que alguien puede construir desde la cárcel? Esa es una pregunta incómoda que eludimos responder. Y eludimos responder en el sentido de que pareciera que pudiéramos seguir enviando personas a la cárcel sin hacernos cargo de eso. En un contexto en que el tipo de delito ha cambiado, en que las organizaciones criminales han ido logrando un lugar prevalente, cuando usted tiene esas vulnerabilidades en la cárcel, ¿qué es lo que termina por transformar en la cárcel si se encarcela indiscriminadamente? Con esos niveles de vulnerabilidad, lo que usted está haciendo es permitiendo que las organizaciones criminales recluten a personas con cargo a fondos fiscales. Y por eso, ver el panorama completo es tan relevante, tratar de responder esa pregunta.

Lo que pasa es que hablar de reinserción hablamos mucho, pero implica recursos. Pero, además, la reinserción es un compromiso relativamente colectivo. Reinserción no es simplemente que las personas, cuando están en la cárcel, tengan posibilidades de tener algún curso, que puedan realizar ciertos oficios o desarrollar ciertas manualidades. Es que esas personas que pudieron hacer eso, una vez que salgan se puedan ganar la vida con eso.

Luis Cordero: “No es cierto que usted, encarcelando mucha gente, va a solucionar los problemas de seguridad”

—Con un sistema tan colapsado, el abogado Francisco Cox decía en The Clinic que “creer que solo con medidas represivas vamos a resolver esto es no entender la complejidad del problema”. Si encarcelar no es la solución, ¿cuál es?

—Lo que pasa es que el encarcelamiento por sí mismo no es la solución. Y esto que dice Francisco Cox, que parece bastante obvio, está híper documentado en la literatura. Todas las recomendaciones internacionales de los expertos dicen que para abordar el tema criminal, la cárcel se utilice como un espacio más, pero un espacio eficiente, no el único. El problema de América Latina, en general, es ocupar políticas de encarcelamiento masivo creyendo que por esa vía uno está solucionando otros aspectos. Si hay elementos que son condicionantes sociales que están vinculadas al delito, que tienen que ver con los barrios, con los espacios donde se desarrolla la infancia, la adolescencia, que tienen que ver con el trabajo, son espacios que es determinante intervenir. Porque, de lo contrario, el mensaje que usted le envía a la sociedad es de un exceso de simplificación. Y es una mentira. No es cierto que usted, encarcelando mucha gente, va a solucionar los problemas de seguridad.

—¿Y qué hacer con la idea de reinsertar a quien ha pasado por la cárcel? Muchos presos salen en libertad y vuelven a delinquir.

—Reinserción no es caridad. No es ser buen pastor. Reinserción de verdad es la preocupación por las trayectorias de vida de esas personas, pero además en el largo plazo es la única manera en que usted invierte en seguridad. Usted, lo que quiere, es que si una persona ha cometido un delito y cumplió pena, esa persona no vuelva a cometer delitos. Pero esa dimensión compleja de las cosas queda hipersimplificada cuando la dimensión en estos otros aspectos son claves y determinantes. Lo que pasa es que es algo que evitamos ver. Es el dilema, por ejemplo, que está detrás de dónde construir cárceles.

—Nadie las quiere tener cerca.

—¿Por qué nadie las quiere tener cerca? Fíjese que de los 81 recintos penales que tiene Gendarmería, 70 están en zonas urbanas. En plan regulado. Y cada vez que usted ve la propuesta de algún candidato para que estén lejos, que no las vea nadie, hay algo de eso. No queremos ver a los que estén en el cárcel. Y el segundo punto, no es que los queremos ver, es que tampoco queremos ver a las visitas que van, porque son un factor de riesgo, porque se pueden cometer más delitos. Es como asumir que de las 57.000 personas que tenemos privadas de libertad, hay 57.000 vinculadas a organizaciones criminales.

—Sobre dónde construir la próxima cárcel, ha habido una oposición de la alcaldesa Hassler, quien no quiere otra en la comuna de Santiago. Algunos parlamentarios dijeron “por qué no en el sector oriente, en Vitacura, en Las Condes”. ¿Hay un factor discriminatorio en dónde se construyen?

—¿Por qué nos estamos demorando mucho en construir cárceles hoy día? A final de año vamos a inaugurar una cárcel nueva, que es La Laguna, en Talca. La vamos a inaugurar, se hizo una licitación, se construyó como obra pública, pero su operación es en el sistema de concesiones. Pero para que tenga un orden de magnitud: esas ofertas se recibieron hace tres semanas atrás. Es la primera oferta en el sistema de concesiones de cárcel después de 14 años. Cuando inauguremos La Laguna, desde que se inició el proceso hasta su entrada en operación, habrán pasado 17 años.

—Usted ha hablado de un sistema colapsado.

—Después de la crisis penitenciaria que tuvimos en el 2010, es el caso de sobrepoblación previa mayor que hemos tenido a la actual. Hoy día, el número de disponibilidad de suelos para construir cárceles es muy acotado. No es un problema de discriminación, es dónde hay uso del suelo. Y quiero simplificar con dos casos adicionales: Calama y Copiapó. Una comenzó en 2015 y otra en 2012. La localización, el inicio… Y recién se van a poder licitar una a finales de este año, Copiapó, y la otra a principios del próximo. Durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido el problema? Bueno, el diseño, la localización, las oposiciones.

Copiapó, de hecho, es un centro penitenciario que se va a desarrollar entre la ciudad y el aeropuerto, en el desierto. Va a ser la inversión pública más grande de la región. Ese suelo se seleccionó durante la primera administración del presidente Piñera. Desde ese tiempo venimos con ese proyecto, que ahora ya se va a poder licitar, y resulta que bastó que hiciéramos ese anuncio para que algunas comunidades comenzaran a oponerse. Y eso está al costado de la carretera, en el desierto. Entonces, todo el mundo habla de la cárcel, todo el mundo quiere cárcel, pero nadie las quiere hacer. Y por otro lado, usted tiene una política criminal representada en leyes aprobadas por el Congreso que aumentan penas y restringen beneficios para que la gente cumpla efectivamente en la cárcel.

Creo que esto es muy clarificador de por qué durante 15 años no se ha construido. O sea, ha sido muy difícil esto. Si vas a mandar más gente a la cárcel, no puedes estar 15 años sin haber desarrollado nuevos proyectos penitenciarios. Porque eso, en algún sentido, es que usted mismo puso una bomba de tiempo que en un momento va a estallar. Por eso yo he sido bien enfático: estamos al borde de una crisis penitenciaria. Entonces la única alternativa que nos queda, si no queremos que esto estalle, es construir lo que no hemos construido en más de una década.

“Hay que hacerse la pregunta de cómo ha aumentado la violencia en la vida cotidiana sin que sea una violencia penal”

—Ministro, ¿cuál es la reflexión que hace sobre por qué los delitos han aumentado, pero también el grado de violencia? Se culpa a la alta inmigración, por ejemplo.

—Creo que hay una reflexión un poco mayor. Uno es la violencia y los delitos, que está OK, yo creo que ahí hay un punto. Pero la pregunta tiene que ver con la violencia en la vida cotidiana. Y entiendo por violencia no sólo la física, sino que también la verbal. Creo que lo que ha sucedido es que los niveles de violencia en nuestra vida cotidiana han aumentado. La violencia que está en redes sociales. Porque eso tiene que ver con la falta de reconocimiento mutuo. Cuando usted no resuelve esas pequeñas causas, las personas creen entonces que pueden resolver esos conflictos por sí mismos. Que es una manera de legitimar la violencia. Por eso, cuando uno piensa el sistema de justicia, no sólo tiene que creer que debe resolverse los casos grandes. Cuando no da solución a los problemas menores, da una señal súper equívoca, porque en el fondo dice: “Esto lo voy a tener que resolver yo solo”. ¿Y cómo lo resuelvo?

—En estos tiempos digitales, con funas, por ejemplo.

—Veamos un ejemplo: no hay solución ni en el barrio, ni en la escuela, ni en la universidad. Entonces, ¿cuál es el elemento que las personas afectadas ocupan para eso? La funa en redes sociales. Que han llegado a tribunales y la Corte Suprema ha tenido que resolver en muchísimas ocasiones esta controversia. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Suprema? “¿Sabe qué? Usted no puede imputarle a otro esto, no puede ocupar este mecanismo de descrédito, para eso está los tribunales, y por lo tanto, baje esa publicación”.

¿Por qué la escuela se ha judicializado tanto? Fíjese la tragedia que hoy en día tenemos en el sistema escolar, y esto sí que no distingue de clase: colegios del barrio alto, colegios del sistema público. La disputa entre alumnos, entre padres y alumnos, y la posición en la cual se encuentra el colegio, frente a un deber de denuncia o no. La escuela, el espacio de la convivencia democrática más tradicional del sistema republicano, se ha ido transformando en un pequeño espacio de controversia jurídica. En un espacio donde el derecho no entraba, porque no tenía que entrar, porque era un espacio donde teníamos que aprender a convivir. Cuando la escuela usted la juridifica y transforma un conflicto interno en uno que tiene que ser resuelto en los tribunales, entonces esa idea de aprendizaje de la convivencia cotidiana tiene un impacto muy significativo. Hay que hacerse la pregunta de cómo ha aumentado la violencia en la vida cotidiana sin que sea una violencia penal.

—Varios de los casos de mayor connotación de violencia han tenido a venezolanos como responsables. A partir de ello, la xenofobia ha ido en aumento, como bien dice, también en situaciones domésticas, como el inmigrante vecino con la música fuerte y eso provoca una pelea en un edificio. ¿Cómo se enfrenta el problema?

—La pregunta que hay que hacer es bien difícil porque, lo quiero representar no solo en el aumento de la migración, los datos que tengo son del sistema penitenciario: el 14% de la población penal es extranjera versus hace una década atrás que nosotros teníamos alrededor del 3% de la población. Desde diciembre del 2021 empezaron dos nacionalidades a aumentar su participación dentro del sistema penitenciario: venezolanos y colombianos. En los desórdenes ocurridos en máxima seguridad, todos los que participaron son de nacionalidad venezolana, y todos, además, sujetos a las investigaciones de las organizaciones criminales de los juicios que se están llevando a cabo en la zona norte del país.

Entonces distinguiría la migración, que es un fenómeno social, con otra cosa muy distinta que son las personas extranjeras que se encuentran privadas de libertad. Algunas vinculadas a delitos muy violentos y a organizaciones criminales. De hecho, la característica común es que las personas que son asociadas a organizaciones criminales son todos extranjeros. Coincide con que las personas que tenemos en máxima seguridad son mayoritariamente extranjeros y principalmente de nacionalidad venezolana. Entonces ahí hay un punto que tiene un impacto y que gendarmería lo ha ido pesquisando.

Hay que tener cuidado con correlacionar delincuencia con migración y delitos violentos. El mejor ejemplo son las personas privadas de libertad por la muerte de los carabineros en Cañete, que están hoy día en máxima seguridad y son tres chilenos y que fueron de una violencia y de una sangre fría brutal. Lo que sí tenemos es un cambio en la cultura criminal.

El balance de un año del Plan Nacional de Búsqueda: “No basta con decir que hay que avanzar, sino que hay que mostrar gestos y acciones para avanzar”

—Se va a cumplir un año del Plan Nacional de Búsqueda, y que tiene correlación con lo que hemos hablado, porque para un grupo de chilenos hay una sensación de injusticia que se arrastra por más de 50 años. ¿Cuál es el balance de ese proceso?

—Vamos a cumplir un año desde que el presidente de la República hizo el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, el 30 de agosto del año pasado, al Día Internacional de la Desaparición Forzada. Nunca he recibido una objeción sobre el contenido del plan y hacia dónde se desarrolla por parte de ningún sector de la política chilena con representación parlamentaria. Y en la tramitación del presupuesto del año pasado nadie objetó en ningún aspecto aquellas materias que estaban vinculadas. Entonces, algunos con disposición y otros con silencio en algún sentido, han contribuido a la transversalidad del Plan Nacional de Búsqueda. Y yo creo que eso era algo que alguien veía muy poco probable hace un poco más de un año y ha sido posible.

El segundo desafío que sigue teniendo el plan, al ser una política pública permanente, es sostenerse en el tiempo. Y para que sea sostenida en el tiempo tenemos que revelar la tragedia que implica, que vean que si el Estado cometió los crímenes es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Pero eso supone también un ejercicio de educación y de pedagogía en dos sentidos. Uno, en que aquellos que no son víctimas estén dispuestos a escuchar. Y el segundo es cómo comunicas que eso que pasó nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Uno quisiera tener resultados pronto. Una cosa que yo he aprendido mucho con los familiares es que no basta simplemente con decir que hay que avanzar, sino que hay que mostrar gestos y acciones para avanzar. Y eso tiene que ver con la identificación de los sitios prioritarios, las pericias que actualmente se están haciendo en muchos lugares donde, además, los familiares asisten.

—¿Hay alguna historia en particular que le haya conmovido en este tiempo?

—Me quedo con dos imágenes, y tienen que ver con el encuentro de las agrupaciones. El año pasado, antes de que pudiéramos cerrar el plan, para que se fijara el decreto supremo y el modelo de gobernanza, la única manera en que el plan se pudiera aprobar es que los familiares estuvieran de acuerdo. Y ellos tienen un encuentro anual. El año pasado fue en La Serena. Y me acuerdo que viajé con el subsecretario Gajardo, con la directora del programa, con el equipo acá, y estuvimos toda una tarde trabajando con ellos, hasta que me comunicaron formalmente que sí, que aceptaban. Yo diría que ese momento muy significativo. Y el segundo fue este año en Antofagasta, donde fui a rendirles cuentas del plan. Por cierto, los familiares de las víctimas tienen un conjunto de reproches al Estado. Y son muy críticos de lo que ha hecho el Estado, incluso de cuánto podemos haber avanzado más rápido. Pero me quedo con esos momentos, porque tienen que ver con la idea del reconocimiento que le hace el Estado y que le han dado sentido a la pega.

Luis Cordero y Ley de notarios: “Desconcentrar el poder siempre tiene costos y muchos opositores”

—¿Qué va a pasar con la Ley de notarios que está impulsando el Gobierno?

—El régimen de nombramiento de notarios y conservadores es un problema para el sistema institucional chileno. Es un problema que queremos resolver hace 15 años. La primera propuesta vino con la presidenta Bachelet en 2008. Tiene impacto en mercados muy significativo. Tiene impacto en la fe pública, pero también es un ámbito de concentración del poder muy grande. Y desconcentrar el poder siempre tiene costos. Siempre tiene impactos y sobre todo muchos opositores.

—Ha tenido en estos días un cruce duro de declaraciones con el senador Manuel José Ossandón.

—Más allá de la discusión de los dimes y diretes, la decisión del Senado fue que las observaciones que tenía el senador Ossandón, se abordaran en la Comisión de Constitución antes de que se emita el informe final. Para mí este era un tema muy relevante, porque la Comisión de Constitución y el Ejecutivo han dedicado mucho tiempo a avanzar. O sea, tiene un proyecto que a mí me decían que era imposible avanzar. Y de hecho se terminó de votar y el informe va a tener más de mil páginas, porque había muchas indicaciones. ¿Y por qué yo creo que es conveniente que el proyecto avance? Creo que es conveniente para el Poder Judicial.

Una de las normas aprobadas por la Comisión de Constitución del Senado en esta etapa era sacar todo el sistema de notarios y conservadores con vínculos en el Poder Judicial, trasladarlo todo al sistema de alta dirección pública. Y lo segundo tiene que ver con el tema de la inhabilidad e incompatibilidad, que el Ejecutivo siempre ha sido partidario de una ampliación, que era la inquietud que tenía el senador Ossandón, que nosotros la compartimos, de hecho, y que puede ser útil para poder reponer esa visión más amplia.

—¿Cuántos notarios y conservadores vitalicios hay hoy?

—Nosotros estamos acabando con los vitalicios, que hoy día son personas que por una ley anterior pueden mantenerse. Son aproximadamente 94 personas, entre notarios y conservadores. Los notarios son 44, los demás están entre conservadores y archiveros.

—Uno de los temas de discusión es cómo se nombrarán, de aprobarse la ley.

—Mire, este Ejecutivo no va a nombrar esos cargos, porque esta ley tiene seis meses de vacancia, y luego, para que se pueda hacer efectiva esa norma que pone fin a los vitalicios, va a pasar un año, es decir, va a ser la próxima administración que los va a nombrar, ni siquiera esta. Y yo creo que si, más allá de lo ácido que pueden ser algunas discusiones públicas sobre este punto, si para algo puede ser útil esta discusión, es que esta es una tramitación que no se puede retrasar. Este es un proyecto que, por cierto, no es como le gustaría al Ejecutivo. Pero también el Ejecutivo entiende que es el proyecto que se puede sacar en estos momentos. Siempre desconcentrar poder es problemático. Y desconcentrar poder, en este caso, creo que le hace bien al sistema institucional en general.