Los bordes de la ideología

Es difícil referirse a algunas situaciones de la contingencia sin pasar cerca del reproche moral. Sin embargo, el evidente doble estándar del ex Presidente de Argentina para declararse feminista mientras en privado maltrataba a su esposa, la actitud de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género frente al caso Amor, y los militantes comunistas acomodando explicaciones para hacer presentable la dictadura en Venezuela, tienen un factor que los encadena: la ideología puede más que el bien común. Más aún, en todos esos casos hay daños objetivos a personas y comunidades, cuya mitigación no parece ser una razón suficiente para desincentivar actuaciones de clara marca partidista.

En el primer caso se atropella la igualdad de género, en el segundo, la libertad personal y la aplicación de la justicia y en el tercero, el ejercicio de la democracia. Todos valores indispensables para el progreso de los países y las personas.

También en la contingencia enfrentamos el grave impacto del temporal de viento sobre la provisión de servicios básicos como la electricidad, donde la discusión, en vez de tener el foco en la mejor manera de organizar los recursos públicos y privados para ayudar a las personas, derivó en la estructura de propiedad de las empresas y el rol de estado en ellas. Nuevamente el discurso ideológico predominó sobre la reparación del daño y la urgencia de atender necesidades de miles de habitantes en el país.

Terrible es la revisión de los resultados en educación, donde se insiste en un modelo que refuerza cambios institucionales por sobre el aprendizaje de los niños, que se encuentra en niveles de deterioro inaceptables. En este ámbito, los prejuicios ideológicos han terminado por afectar negativamente a las familias, y la revisión de las decisiones ya adoptadas parece imposible.

Es legítimo tener una visión del país y de la sociedad, tanto como lo es trabajar para que ella se instale, bajo el entendido de que su funcionamiento mejorará la vida a muchos, abrirá oportunidades y generará las condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollar sus iniciativas, formar familias y hacer florecer sus talentos.

Si el Estado tiene una adecuada organización para funcionar, y el ejercicio del poder público en todos los sectores está adecuadamente regulado, cabe preguntarse entonces por qué en forma permanente y en tantos casos, la decisión de las autoridades prioriza opciones que distorsionan el interés general. La revisión de esos casos lleva a concluir que hay un borde respecto al cual cada persona responde a su propia ética del poder.

Cuando la comprensión de los cargos públicos, establecidos para generar bienestar y mejoras a la población, se confunde con una capacidad arbitraria para disponer de los recursos, establecer prioridades y limitar el acceso a la discusión, se cruza el delicado borde que marca una gestión ideológica. No se trata sólo del modelo de gobierno y gestión. También de la objetividad necesaria en el manejo público de los temas, de la contratación de equipos competentes independientemente de su vinculación política, de una planificación orientada a las urgencias y no a las conveniencias electorales, solo por nombrar aquellas de ocurrencia más frecuente.

El descrédito de la política se genera en gran medida en este soporte, en la sensación ciudadana de un poder ejercido para prioridades propias, lo que lamentablemente muestra abundantes ejemplos que lo confirman.

En el caso del ex Presidente de Argentina el borde cruzado es dramático, y excede en mucho su ámbito de trabajo. Se trata de una doble vida y falso discurso pocas veces visto en estas dimensiones y gravedad. Nuevamente aquí pareciera que la ideología hace lo suyo: una actuación tan condenable contra una mujer, no ha levantado la furia popular de grupos feministas de izquierda, usualmente muy activos. Cabe al menos dudar si su compromiso es concreto y real, y cubre la defensa de todos los casos de abuso que ameritan ser reclamados con fuerza.

Y en el caso de Venezuela, una dictadura en propiedad, la ambigüedad a estas alturas limita con la falta de pudor: seguir en el discurso de exigir las actas como única acción, frente a un dirigente instalado a partir de un proceso irregular, sólo muestra lo flexible que puede ser para algunos la defensa de la democracia.

Por esta razón, entre otras, la reforma al sistema político propuesta en el último proceso constitucional era tan importante y lo sigue siendo. Dados los comportamientos actuales, es poco probable que sean los propios incumbentes quienes se establezcan reglas más exigentes, sistemas de control, selección más rigurosa y exigencia de resultados.

¿Qué hacemos entonces? Existen pocas opciones cuando esta en juego el comportamiento ético de las personas, pero es claro que un contrapeso adecuado desde la ciudadanía, o mecanismos de control eficaces, observatorios e indicadores desde centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil, pueden ser la base para asegurar que los bordes del interés público no se crucen hacia la conveniencia propia. Y naturalmente, un aporte sustantivo debiese originarse en los propios partidos políticos, para corregir el rumbo dando el ejemplo.