Antonia Orellana y las resistencias antifeministas

Llama la atención el concierto de voces que acude en masa a denostarla cada vez que puede. La ministra Antonia Orellana ha sido objeto de recurrentes episodios de agravio, que van mucho más allá de la sana crítica política que se pueda formular contra una autoridad ministerial. Es sospechoso que se lancen tantas ofensas, tan insustanciales, por eventos que casi no merecen tratamiento noticioso.

El último incidente fue el llamado “Caso Isabel Amor”, referido al despido de una funcionaria de una dirección de un servicio regional por pérdida de confianza. Una decisión avalada legalmente por la Contraloría y absolutamente clara en su fundamento, dada la naturaleza de la función pública a desempeñar. Lo raro es que este caso, en la enorme maraña de la administración del Estado, haya concitado los ríos de tinta y los minutos de pantalla que ha convocado, y la tupida red de apoyos en ciertas élites que lo ha acompañado. Despidos y contrataciones por este concepto son materia corriente en un ministerio, pero esta situación llegó a provocar solicitudes de renuncia en portada y amenazas veladas de parlamentarios. No deja de ser extraño, pero no inexplicable.

Tal vez este ataque tan sistemático y encarnecido, debería unirse a otras noticias de estos días. La más obvia es que casi 200 candidatos a las elecciones municipales de octubre no pudieron inscribirse por deudas de alimentos para sus hijos. 109 de los inhabilitados militan en los pactos de la oposición (Chile Vamos, Partido Republicano, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano) lo que representa una crisis de proporciones en la derecha chilena. Analizando por partidos, la mayor cantidad de candidaturas objetadas corresponden a Renovación Nacional (27), Republicanos (27), Unión Demócrata Independiente (17) y Partido Social Cristiano (14). Desde el oficialismo al Partido Radical (22) y la Federación Regionalista Verde Social (15).

Y aunque el número total de candidatos objetados representa sólo el 1.1% de las candidaturas de esta elección, la situación es inédita. Pero, como esta inhabilitación sólo rige en las elecciones de gobernaciones regionales y municipales, el gobierno anunció esta semana que impulsará que también se aplique a las candidaturas parlamentarias de 2025.

Esta arista electoral es sólo un ejemplo. A un año de entrada en vigor de la Ley 21.484 de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos (llamada Ley Papito Corazón) ya se ha logrado recaudar más de 318 mil 386 millones de pesos, del total de 830 mil millones que están en mora, lo que constituye una vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y una forma de violencia económica.

Se trata de una cifra muy significativa, que llega directamente a las familias acreedoras, y muestra el enorme efecto de esta política, impulsada en este gobierno, bajo el liderazgo del ministerio de la mujer y Equidad de Género. Sumemos a eso la entrada en vigor de la Ley Karin y una serie de otros dispositivos legales que, con todas sus limitaciones normativas, avanza en espacios donde nunca se había llegado para impedir la discriminación arbitraria y el abuso de poder.

Pero este tipo de cambios no es gratuito ni deja indiferente. Mientras el Ministerio de la Mujer se limitó en sus primeros años a desarrollar políticas de reconocimiento o divulgación no fue objeto de mayores cuestionamientos y tendió a ser poco visible. Pero cuando ha empezado a tocar intereses pecuniarios y electorales el panorama ha cambiado. Estas tranformaciones no son obra de la actual ministra, sino fruto de un proceso de cambios globales, con tendencias que abarcan ciclos históricos.

A Orellana le ha tocado liderar este proceso en esta fase, y por eso ser el pararrayos que cataliza las odiasidades de quienes resienten. Agrava esto la incorporación de la ministra de la Mujer en el comité político del gobierno, en donde todos los reportes señalan que ejerce un rol muy activo, que no es del gusto de ciertas miradas conservadoras.  

Para ser justos, Antonia Orellana no es la única ministra del área que ha debido enfrentar este tipo de resistencias en el último tiempo. Vale recordar que en España, Argentina, Perú y en un amplio conjunto de países se está evidenciando la misma tendencia. Javier Milei hizo del desmantelamiento completo de esta cartera un sello de los retrocesos de su gobierno. Por esto es necesario entender las reacciones adversas a los avances feministas en materia de igualdad, a las que debemos llamar resistencias antifeministas.

¿Por qué es fundamental analizar esas resistencias? Se sabe que la misoginia es un mecanismo para mantener formas atávicas de desigualdad, que requieren la subyugación de las mujeres.  Pero todavía sabemos poco de como cambiar esa situación, y por qué las resistencias al cambio subsisten y cómo se manifiestan. Los ministerios de la mujer están creando en un ámbito que posee pocos antecedentes de política, lo que implica un alto grado de innovación social y el riesgo de generar efectos inesperados.

También sabemos que las resistencias antifeministas aparecen de forma recurrente en cuanto se producen signos de progreso hacia la igualdad. Se trata de un efecto inevitable, que busca obstaculizar la transversalización de las perspectivas de género en las políticas públicas y en la vida de las sociedades. Estas resistencias desean mantener formas de desigualdad como razón de ser fundamental. Es decir, son resultado de la desigualdad y funcionan y se activan para preservarla cada vez que se cuestiona su existencia.

A pesar de los avances logrados hacia una convivencia más igualitaria, las resistencias a este cambio hacen uso de las herramientas que aporta la transformación digital.  Es evidente que allí circula una fuerza muy influyente, que incorpora incluso a hombres jóvenes, que revindica una masculinidad hegemónica, que se victimiza, que tergiversa las políticas de igualdad y el feminismo en general. Se recurre a la ridiculización de los lenguajes inclusivos; se reprueban y minimizan los logros del movimiento feminista y se los tergiversa como una movilización en contra de los hombres.

Finalmente, todo desemboca en la demonización de las representantes de los movimientos de mujeres y disidencias, y en especial se busca atacar y derribar a sus representaciones institucionalizadas, como activistas y periodistas, pero con mayor razón a autoridades políticas.  Por eso todo lo que se propone desde el ministerio de la mujer inmediatamente se tache de excluyente, excesivo, inflexible, victimista.

Las resistencias antifeministas pueden partir siendo sutiles, pero pueden llegar a ser claras, hirientes y violentas. Existe una conexión entre los discursos machistas, misóginos y reaccionarios en las redes sociales y las nuevas formas de violencia de género que se detecta en las calles. Sin embargo, como en muchas otras áreas, las resistencias deberán ser enfrentadas con consistencia, paciencia, escucha y disposición a explicar mil veces lo que parece evidente.  Hasta que este nuevo modo de relacionarnos se transforme en cultura.