Secciones

The Clinic
Buscar
Entender es todo
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Opinión

30 de Septiembre de 2024

Las reglas de la libertad

Foto autor Gloria Hutt Por Gloria Hutt

En su columna, Gloria Hutt, ex ministra y presidenta de Evópoli, reflexiona sobre la pérdida de confianza en las instituciones chilenas, señalando cómo las recientes revelaciones de irregularidades tanto en el ámbito académico como judicial han profundizado la desconfianza ciudadana. "En ambos casos se ha dañado la confianza pública, en los dos ámbitos pierden los ciudadanos y en todos ellos se ha ignorado la prioridad por defender el bien común, por proteger el funcionamiento de las instituciones y por construir un país en que el mérito sea una marca de progreso", escribe.

Compartir

El escenario actual del país, especialmente en el plano político, no podría ser peor. Mientras revelaciones inesperadas y cuestionables, algunas derechamente delitos, inundan la prensa y las redes sociales, la indefensión ciudadana crece y con ello el desencanto, la desconfianza y la limitación de la libertad.  

Ahora se suman transacciones en el ámbito universitario, que abren un nuevo flanco para la confianza ciudadana, teniendo en cuenta que esas instituciones cuentan, según los estudios de opinión, con ese difícil reconocimiento que se logra a través del trabajo riguroso, serio y libre de sesgos de sus integrantes.

Por eso, justificar actuaciones que rompen equilibrios en nombre de la libertad, no hace más que profundizar el daño a la confianza pública y, también, distorsionar uno de los conceptos clave que sostienen la estabilidad de los países y la protección del interés general de la población.

Veamos los casos. Primero, la fijación de remuneraciones de académicos en una universidad privada. Ciertamente se trata de un acuerdo libre entre las partes. Sin embargo, el tema deja de ser acotado a los firmantes cuando la transacción condiciona la estructura de costos que determina el precio cobrado.

Por eso existe la regulación de mercados y la sociedad libre se protege de abusos y distorsiones a través de normas que controlan la pertinencia de dichos costos. Por eso también se regula la competencia y se fiscalizan las dinámicas de oferta y demanda, para que las personas puedan tener certeza respecto a la racionalidad de lo que pagan. 

En el caso de las investigaciones en curso en el Poder Judicial, también se está vulnerando el ejercicio de la libertad, a través de actuaciones en que la capacidad y autonomía que la ley entrega a sus integrantes, no es puesta al servicio de las personas sino de redes de poder que precisamente abren brechas en la necesaria igualdad de acceso a las oportunidades de justicia, en que todos los ciudadanos debiésemos poder confiar. Las reglas para el uso de estas libertades también existen y están descritas en la constitución, lo que afortunadamente permite corregir el rumbo por un cauce institucional.

En el caso de remuneraciones académicas (igual que en muchos otros sectores), existen abundantes referencias nacionales e internacionales que dan cuenta del valor que tiene la capacidad de los contratados en su equivalente monetario, lo que reduce el margen de arbitrariedad de las decisiones y facilita la definición de los precios asociados a la entrega de los servicios. Es evidente que en este caso la libertad tiene reglas, más allá de la naturaleza pública o privada de quienes adoptan los acuerdos.

Y mientras todo eso sucede, personas cuya salud depende de la atención en un Cesfam, ven que además de aumentar su vulnerabilidad por la desprotección institucional ya comentada, ven limitado su derecho básico por acción violenta de bandas criminales. Por un lado, hay evidencia de actuación delictual y por otro, debilitamiento de las capacidades del estado para defender un derecho ciudadano.

En el caso de los atentados a los centros de salud, han perdido la vida menores de edad y se mantiene restringida la capacidad de los funcionarios para ejercer algo tan indispensable como la atención a la población. En el caso de las redes de poder y las ramificaciones que hemos conocido, hay antecedentes que ponen en duda la ecuanimidad del sistema de justicia. 

Ambos dañan la confianza pública, en los dos ámbitos pierden los ciudadanos y todos ellos se ha ignorado la prioridad por defender el bien común, por proteger el funcionamiento de las instituciones y por construir un país en que el mérito sea una marca de progreso, en que el estado intervenga cuando es necesario corregir distorsiones, en que cada ciudadano pueda desplegar su proyecto de vida con tranquilidad y finalmente, en que las reglas de la libertad sean respetadas.

La única posibilidad de recuperar la confianza y abrir un rumbo claro para las personas, es trabajar duro entre todos, despejar todas las dudas y aclarar todo lo no resuelto, por complejo que sea. Será necesario atravesar una tormenta dura, pero necesaria para recuperar el rumbo perdido. Para eso, todos debiéramos estar disponibles.

Comentarios

Notas relacionadas