Diputado Daniel Manouchehri (PS) y filtración de la PDI a Hermosilla: “Es escandaloso que Muñoz no entregara la información a Panamá”

Este domingo nuevos antecedentes revelados por The Clinic expusieron información sobre gestiones del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, con el polémico abogado Luis Hermosilla. Esta vez, Muñoz habría intercedido en un caso que vinculaba al expresidente Sebastián Piñera y el proyecto Dominga. Daniel Manouchehri (PS), diputado de la región donde se pretende instalar la minera y presidente de la Comisión Investigadora del Caso Audio, calificó las revelaciones como “un escándalo”.

Todo comienza con los Pandora Papers (2021), una investigación periodística internacional que reveló la participación de líderes mundiales en compañías offshore. Ese caso tuvo ramificaciones en Chile. Ciper y LaBot revelaron que la parte más importante de la compraventa de la Minera Dominga se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, exponiendo que la familia de Carlos Délano, uno de los dueños de Penta, adquirió el proyecto a un grupo de accionistas, entre los que estaba la familia del expresidente Piñera.

En ese contexto, The Clinic reveló que el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) de la PDI, Johnny Fica, declaró en diciembre del 2021 ante el Ministerio Público que la Fiscalía de Panamá ingresó una solicitud secreta requiriendo antecedentes penales y policiales del Presidente Sebastián Piñera, pues era investigado en Panamá por sus sociedades ubicadas en paraísos ficales.

Fica reconoció en su declaración que decidió no entregar los antecedentes a la justicia centroamericana. Esto, al mismo tiempo en que Muñoz, director de la PDI en ese momento, le filtró el requerimiento secreto de la justicia panameña a Hermosilla.

Manouchehri, quien presidió la comisión investigadora del Caso Audios que terminó de operar en mayo, se refiere a estas revelaciones y cree que “claramente, alguna de estas situaciones de los vínculos y algunas operaciones que se montaron pareciera que eran en beneficio del expresidente Piñera”.

—¿Cómo ve la justificación de la PDI para no entregar los antecedentes del expresidente Sebastián Piñera a la justicia panameña?

—Es escandaloso que la PDI, dirigida en ese entonces por el señor Muñoz, no entregase la información a la fiscalía panameña y, por otro lado, entregase la información al señor Hermosilla. Evidentemente, esto se parece mucho a una red de protección más que a órganos serios en materia de persecución del crimen. 

 —¿Cree que la orden de no entregar la información vino de más arriba? 

—Nosotros hemos visto que el actuar del señor Sergio Muñoz dista mucho de la corrección y la probidad que se requería para el ejercicio del cargo. No es casualidad que él hoy esté con medidas cautelares en medio de una investigación y que, justamente a propósito de las filtraciones que él realizó, haya sido destituido de su cargo. 

—La Comisión Investigadora que usted presidió, ¿logró perfilar la figura de Muñoz en el Caso Audio? 

—El señor Sergio Muñoz era una persona fue… hubo una operación para instalarlo en el cargo, en donde participó el señor Hermosilla y después, en agradecimiento por esas gestiones que hizo el señor Hermosilla, terminó colaborando de una manera fuera de la ley. Aparentemente en materias muy sensibles como era justamente el caso Dominga.

—¿Qué le parece que ahora aparezca involucrado, de alguna manera, el expresidente Piñera? A la PDI le piden sus antecedentes…

—El brazo político de Hermosilla era el señor Chadwick y el señor Chadwick era una persona extremadamente de confianza del expresidente Piñera. Además de sus vínculos familiares, era alguien que estaba en el corazón del piñerismo. Claramente alguna de estas situaciones de los vínculos y algunas operaciones que se montaron pareciera que eran en beneficio del expresidente Piñera. Sería importante también que, a medida que avance el juicio, conocer qué otras situaciones pueden haber involucrado al expresidente Piñera.

Recordemos que también se ha tomado conocimiento, a propósito de los reportajes que se han suscitado, respecto de reuniones organizadas por el señor Hermosilla y por el señor Chadwick en donde participaban los Jalaff y el expresidente Piñera. Incluso, en algunas se hablaba de un financiamiento para su campaña respecto de 150 millones de pesos. Son situaciones que no han quedado aclaradas del todo y que evidentemente hoy día habría que ver cuál era el rol del señor Chadwick en todas estas operaciones. 

—Con los antecedentes que va apareciendo, ¿cree que se pueda abrir una nueva comisión investigadora? 

—Tendrá que ser una materia a discutir y los esfuerzos hoy día están, fundamentalmente, puestos en las aristas penales que deben existir. Nosotros lideramos una comisión investigadora que hizo diversos aportes y que permitió que el caso, cuando algunos querían que estuviese silenciado, pudiese estar expuesto ante la opinión pública, pero indudablemente las herramientas de una comisión investigadora son menores que las que puede tener la justicia.

Por eso, junto a la diputada Cicardini interpusimos una querella en este caso y son las herramientas judiciales las que permiten avanzar en una investigación más profunda. Aquí ya no estamos solamente frente a una situación respecto a eventuales responsabilidades políticas y administrativas de autoridades o ex autoridades, sino que estamos en presencia de eventuales delitos que se pueden haber cometido. 

—Como diputado de la región de Coquimbo, donde se pretende instalar Dominga, ¿cómo evalúa la instalación de este proyecto?

—Una vez más el proyecto Dominga se ve en medio de una situación de corrupción. Hoy día, este es un proyecto que amenaza un ecosistema único en el mundo donde, además de una tremenda biodiversidad que existe acá, se encuentra el 80% de la población de pingüino de Humboldt y que se ve amenazada por este proyecto que ha estado rodeado por la corrupción. 

Este proyecto sigue en un proceso para intentar instalarse y nosotros tenemos que estar muy atentos para que las redes de corrupción no influyan en las instituciones, tanto judiciales como ambientales, para que un proyecto, que a todas luces destruiría este ecosistema, pudiese ser aprobado.