Ciudad
6 de Diciembre de 2024Anatomía al robo de celulares: motochorros usan autos de escolta, Providencia, Santiago y Maipú lideran denuncias y la amenaza del fraude digital
El robo de celulares ha transformado la vida diaria en Santiago: el 72% de los habitantes evita usar sus teléfonos en la calle. Esta es la radiografía de un delito que se ha normalizado, las razones detrás de la dificultad para recuperar equipos robados, incluso con ubicación conocida, también de la amenaza de robos digitales y las propuestas parlamentarias que buscan responsabilizar a las aplicaciones de delivery por el aumento de robos vinculados a motociclistas con mochilas de reparto.
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Los motochorros merodean esperando su oportunidad. Se suben lento a la vereda, se acercan peligrosamente, en un abrir y cerrar de ojos aceleran y ¡ZAZ!, arrancan el teléfono de las manos de sus víctimas. Este tipo de delito, caracterizado por su rapidez, violencia y aparente impunidad, está redefiniendo la percepción de seguridad de santiaguinos a los que, según cuentan, solo les queda resignarse.
Los motochorros se han perfeccionado en sus robos. Su modus operandi combina velocidad, sorpresa y un entendimiento profundo de la dinámica urbana. Según cuenta el capitán de Carabineros, Óscar Valdés, los delincuentes utilizan motocicletas que muchas veces no tienen la patente visible. “Hemos visto que actúan en bandas. Está el motochorro, que suele usar una mochila de reparto para mimetizarse y sabemos que muchas veces lo acompaña un auto –con la patente también adulterada– con dos o cuatro integrantes que lo protegen y le permiten deshacerse rápidamente de las especies sustraídas”, dice.
La ruta del iPhone robado
¿Dónde termina la ruta del iPhone robado? Es imposible generalizar, pero sí que hay indicios claros, agrega Valdés: tras el robo, muchos de los celulares son ubicados a través del GPS en las cercanías al persa BioBío, en la comuna de Santiago. Pero con esa información no se puede hacer mucho asegura el capitán de Carabineros. “La ubicación de un dispositivo móvil es una herramienta que lamentablemente no es infalible ya que cuando uno concurre a un procedimiento que ubica el celular en determinado lugar, el rango de la precisión puede generar dificultad para dar con el puesto exacto. Ahí debemos fiscalizar pormenorizadamente las especies que se encuentran”, dice.
En uno de esos galpones estaba el iPhone 15 Pro recién comprado en 24 cuotas de Geisa Puentes (26) que, con la ingenuidad y el deseo de recuperar su celular robado en Providencia, partió a Franklin junto a su familia siguiendo la ubicación de su GPS. “Cuando llegué al galpón vi que era enorme. Entraban y salían repartidores de Rappi. Eran muchos pasillos y estaba lleno de negocios que venden teléfonos nuevos y usados. Di con el local que me indicaba la ubicación y me hice la interesada en comprar mi propio iPhone. Pero los vendedores empezaron a sospechar y me dio susto. Había gente que se notaba que podía estar armada”, cuenta.
Al salir del galpón se encontró con un grupo de Carabineros, a los que les comentó su situación. “Me dijeron que no se podía hacer nada porque era imposible tener la ubicación exacta del local y que de todas formas los ladrones lograban usar el teléfono igual, incluso aunque lo haya bloqueado. Que me resignara básicamente porque estaban a la orden del día estos robos”, recuerda Geisa.
Sensación de peligro en la ciudad: cuando el miedo redefine el cotidiano
Eran las 11 de la mañana cuando el motochorro le quitó el teléfono. Lo había sacado tranquila porque se sentía protegida en un lugar residencial de Providencia. “Estaba muy tranquilo, lleno de familias paseando por el barrio, no pensé que algo así iba a pasar. Fue muy rápido y súper traumático porque me sentía muy segura en ese lugar, tan lindo y aparentemente seguro. Me sentí desvalida, desprotegida y muy vulnerada, con mucha rabia y frustración de que haya sido por un descuido mío”, dice.
Por casos como este y muchos otros más que “están a la orden del día”, la sensación de inseguridad y paranoia se ha apoderado del espacio público. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2023, la percepción de inseguridad, que mide la cantidad de personas que estiman que la delincuencia aumentó en el año, llegó a 87,6% a nivel nacional. Este temor ha llevado a que en la Región Metropolitana el 72,1% de las personas haya dejado de usar su celular en público, una medida preventiva que refleja cómo los robos cometidos por motochorros, especialmente de teléfonos, están alterando profundamente la cotidianidad.
Basándose en denuncias realizadas por las propias víctimas entre enero de 2022 y septiembre de 2023, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó los días, horarios y comunas con mayor incidencia de este tipo de robos protagonizados por motochorros. Según las cifras que compartieron, 2.102 de los casos registrados correspondieron a robos por sorpresa, mientras que 1.100 involucraron intimidación y 483 incluyeron violencia. Entre las comunas con más denuncias destacan Santiago, San Miguel, Maipú y Providencia, zonas que concentran una alta actividad comercial y de tránsito peatonal.
En Santiago, que es la comuna que más denuncias presenta (958), los robos con violencia se han disparado. Si bien no existe una tipificación específica para clasificar a los motochorros, las denuncias de sus víctimas suelen quedar plasmadas en tres categorías: robo con violencia, robo con sorpresa y en los casos más violentos, robo con intimidación.
Según cifras de Carabineros este año se presentaron 2.097 casos de robo con violencia, 1.124 con sorpresa y 582 con intimidación en el cuadrante 1 de Santiago, que engloba sectores tan concurridos y turísticos como Lastarria, el cerro Santa Lucía, el Parque Forestal y la Posta Central. Y es que por el gran número de población flotante que tienen comunas como Santiago y Providencia, allí se observa la focalización de estos delitos, asegura el capitán Valdés.
Más que un teléfono: la amenaza del fraude digital
Lamentablemente, agrega Valdés, el delito no termina en el robo porque en algunas ocasiones lo que los motochorros buscan no es solo celular, sino que la información de sus víctimas. “En casos no menores hemos visto que utilizan la información sensible que encuentran en las tarjetas asociadas a los celulares para generar estafas o fraudes bancarios. Entran a las aplicaciones de bancos, hacen transferencias, mandan mensajes para hacerse pasar por la persona y le piden transferencias de dinero a conocidos de la víctima. Hemos visto también otras modalidades donde los sujetos dicen que han recuperado el teléfono y se comprometen a entregarlo, pero a cambio de dinero y eso también en algunos casos ha generado un detrimento mucho más importante para la víctima”, dice.
A Federico Abarca (30) un motochorro le robó el celular mientras caminaba por Providencia a las 2 de la tarde. Como estaba mandando un mensaje, le quitaron el teléfono desbloqueado. Corrió, pidió ayuda y a los pocos minutos se enteró que le habían robado más de 8 millones de pesos. “Al par de minutos me habían sustraído ya $4.900.000 del Banco Santander. Se transfirieron de mi cuenta Santander a mi cuenta Tenpo. Lo hacían en transferencias de un millón a la vez. Desactivaron la ubicación del iPhone, me cambiaron la clave del correo electrónico e hicieron varios pedidos en Rappi por un total de 1.700.000. Compraron con mi CMR digital por $1.800.000. Hice una denuncia y después de mucha insistencia pude recuperar mi plata gracias a la Ley de Fraudes”, asegura Federico, quien de esta experiencia aprendió a “estar siempre a la defensiva”.
Pero el fraude no se ve solo así. A César González (38) le robaron el celular en San Miguel. Esta era la tercera vez que le pasaba, así que ya sabía más menos cómo actuar. “Al localizar el teléfono vi que ya estaba en el persa BioBío. Me trataron contactar para supuestamente poder recuperar el celular. Me mandaban links raros, los clásicos de una estafa, pero no apreté nada, ya sabía”, cuenta.
¿Cómo se combate este delito?
La estrategia que ha tomado Carabineros para frenar la ola de delitos ha sido principalmente la cooperación con distintos entes de seguridad. Mediante operativos y patrullajes mixtos en conjunto con municipalidades como la de Providencia, San Miguel y Santiago han logrado detener a los sujetos involucrados y recuperar más de una centena de celulares –que después se encargan de devolver–.
“El trabajo conjunto con las municipalidades es permanente. Se desarrolla a través de patrullas mixtas en conjunto con los guardias municipales. Por otra parte, cuando hay municipalidades que cuentan con registros audiovisuales, nos permite utilizar ese material como evidencia para rastrear a los sujetos o la trayectoria de las especies”, explica el capitán Valdés.
Los operativos resultan exitosos porque en muchos casos se logra recuperar una gran cantidad de celulares. Sin embargo, el delito sigue ocurriendo, rápido y silencioso, todos los días en Santiago. Algo que preocupa es el aumento de la violencia entre estos motochorros que, según revela el carabinero, muchas veces están armados.
En abril de este año el teniente Emmanuel Sánchez (27) fue asesinado por un motochorro mientras defendía a su familia de un “abordazo”. Hace dos semanas en Estación Central un hombre fue asesinado por un motochorro cuando se negó a entregar su auto en un incidente similar. El nivel de la escalada de este tipo de crimen es incierto y la capacidad policial para perseguir a estos delincuentes infraganti pareciera ser insuficiente. Están estratégicamente organizados y pasa rápido todo el día, en todas partes.
El desafío legislativo: una solución pendiente
La creciente incidencia de robos asociados a motochorros con mochilas de delivery ha impulsado un debate legislativo para prevenir estos delitos. Sin embargo, pese al debate y la unanimidad conseguida en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, hace casi dos años que el proyecto de ley encabezado por el diputado Gonzalo Winter (FA) duerme en el Congreso.
Con el objetivo de garantizar que los repartidores de delivery cumplan con ciertos estándares, como contar con una situación migratoria regularizada, el proyecto propone la creación de un registro nacional de trabajadores de delivery. “Esta ley permite verificar si son o no son trabajadores de estas empresas repartidoras. Si no aparecen en este registro, hay dos posibilidades: o la empresa está incumpliendo su obligación de registro o la persona se está haciendo pasar por trabajador. Si se está haciendo pasar por un trabajador, ya es un tema que le compete a las policías”, explica el diputado.
La iniciativa, que además contempla el rastreo mediante un código asociado a cada mochila para evitar su comercialización o mal uso, busca invitar a las empresas de delivery a hacerse parte de la prevención de estos delitos. “Con un registro dotamos no solo de herramientas para la fiscalización, sino que también para contar con un primer filtro de las empresas para evitar que delincuentes utilicen mochilas de delivery para robar teléfonos en las calles”, sigue Winter. La problemática es evidente y transversal, pero pese al apoyo legislativo, el gobierno aún no ha otorgado la urgencia necesaria para avanzar en su implementación.
No hay soluciones rápidas ni mágicas. Y es que el problema de los motochorros es especialmente complejo debido a la rapidez, violencia y capacidad de las bandas para mimetizarse en el entorno urbano, características de un crimen casi perfecto que dificultan la acción policial y dejan impotentes a sus víctimas.
