Todo o nada: la disyuntiva en la búsqueda de un acuerdo para reformar el sistema de pensiones

Habitualmente las situaciones que llegan al estrecho pasillo del todo o nada, terminan en nada. Los ejemplos son abundantes. En general la falta de flexibilidad desencadena o profundiza los conflictos (basta ver la forma en que se origina la mayor parte de las disputas violentas entre países), y también en la mayoría de los casos, los costos de esa inflexibilidad los pagan personas que no tenían posibilidad de participar en las decisiones.

En el caso de un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, estamos frente a esa disyuntiva: todo o nada. Por una parte el gobierno insiste en una reforma que modifique desde sus bases el sistema de pensiones, a través de un cambio en la estructura de la industria que incorpore al estado en la administración de los fondos, que mejore las pensiones actuales sacrificando la seguridad de las pensiones futuras y que cierre brechas entre hombres y mujeres al momento de jubilar. La oposición coincide con el objetivo principal: mejorar las pensiones actuales, y también refuerza la necesidad de corregir brechas entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta la dificultad de estas últimas para consolidar ahorro previsional debido a las lagunas asociadas a responsabilidades familiares de cuidado.

Respecto a la estructura de la industria plantea apertura siempre que el sistema completo no se debilite -lo que no se ha podido garantizar por parte del gobierno- y para cerrar las diferencias, sugiere un aporte desde fondos generales de la nación. Su principal preocupación es la protección de la propiedad de los fondos ahorrados, evitando riesgos que afecten su valor futuro.

La discusión ha incorporado –a mi juicio correctamente- elementos técnicos con el fin de dimensionar el impacto de diferentes opciones sobre los cotizantes actuales y sobre las pensiones futuras, lo que en rigor estricto debería servir de base para evaluar las opciones en discusión.

En efecto, si hay variables cuya proyección tiene asociados márgenes de error pequeños, estas son las demográficas. Gran parte de las políticas públicas se diseña teniendo en cuenta el crecimiento de la población por sexo y edad. A eso se puede agregar escenarios de desarrollo económico que a su vez condicionan las proyecciones de empleo y remuneraciones. Resulta así muy simple cuantificar la población y montos que serán aportados en el futuro y los recursos que serán requeridos para pagar las pensiones en los próximos 30 o 50 años. Y desde esos datos, se puede medir el efecto de las alternativas con bastante certeza. ¿Por qué entonces es tan complicado llegar a un acuerdo? 

Aquí entra la mirada ideológica que impide a las partes ceder en puntos cuya consideración representa una postura política. Para la Ministra Jara, militante comunista, permitir algo diferente de un sistema de reparto o reducir la intervención del estado en la propiedad de los fondos, es prácticamente intransable. Por el lado de la oposición, la propiedad de los fondos debe ser protegida a todo evento, lo que comparto por razones obvias: es ahorro que las personas han generado con esfuerzo y les pertenece. La libertad de lo que prefieren hacer con esos recursos es también de ellos. Impedirles el acceso libre a su ahorro en cualquier momento del tiempo, debería ser un derecho por resguardar.

Ninguna de estas cosas se resuelve con el análisis de los datos. Se compromete aquí el posicionamiento de ceder o insistir, el gallito que en esta fecha tiene además un riesgo electoral: quien aparezca cediendo puede verse debilitado. En el caso de la oposición además se da la paradoja de que quienes presionan son los más radicales del propio sector, que ven con malos ojos y califican de entreguismo y debilidad la sola mención a un acuerdo.

Las descalificaciones a la “derechita cobarde”, además de marcar peyorativamente la posible flexibilidad que los ciudadanos esperan, responden a una estrategia de golpear duro sin proponer nada como alternativa.

Todo lo anterior refleja un mal escenario. Las personas esperan soluciones y ni siquiera los fríos números son capaces de convencer a los tomadores de la decisión -los parlamentarios- sobre alternativas viables. Los equipos políticos se abanderizan con caminos que les quitan margen de maniobra o los debilitan frente a sus electores o sus bases militantes. Las personas no tienen herramientas para resolver el problema por sí mismos. El tiempo corre y la urgencia aumenta. Tal vez lo que falta, más que examinar lo que en el diseño del sistema se asocia a posturas ideológicas, es partir por el objetivo final: ¿Cómo mejoramos las pensiones ahora y en el futuro? Para llegar a un acuerdo se necesita asumir costos. Cada uno deberá medir si el costo que eventualmente asume se compensa o no con la mejora que las personas esperan. No es una ecuación muy difícil, pero se requiere mucho valor para actuar.