Una localidad divida por el nuevo rechazo a Dominga: vecinos de La Higuera enfrentados al dilema del impacto ambiental versus el empleo

Han pasado más de once años, pero cada tanto se conoce un nuevo veredicto sobre el proyecto minero portuario Dominga, vinculado a la firma Andes Iron, empresa controlada por la familia Délano. El último de ellos tuvo lugar este miércoles 8 de enero, cuando el Comité de Ministros descartó nuevamente -y de manera unánime- darle luz verde a la iniciativa que busca emplazarse en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Y es que el loop de tramitación en el que está inmerso Dominga arrancó el 13 de septiembre de 2013, cuando el proyecto como tal -que consiste en una mina a cielo abierto, que produciría concentrado de hierro y de cobre, además de un puerto para transporte- ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Una sinopsis de su extensa tramitación

De inmediato surgieron cuestionamientos por la cercanía de la iniciativa a una reserva natural y su impacto ambiental, pero tuvieron que pasar dos gobiernos -el primero de Sebastián Piñera y el segundo de Michelle Bachelet- para que finalmente la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo la calificara de manera desfavorable, determinación que se supo el 9 de marzo de 2017. Lo anterior, de acuerdo a la entidad, dado que Dominga ponía en riesgo las reservas marinas de la zona y los antecedentes presentados no entregaban certezas sobre los efectos que provocaría.

Entonces vino el contraataque de Andes Iron: la empresa acudió al Comité de Ministros al estar disconforme con la resolución, por lo que el 21 de agosto de 2017 la instancia sesionó y, en votación dividida, confirmó el rechazo a la inversión avaluada en US$2.500 millones. El dictamen fue criticado por los entonces ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Felipe Céspedes, quienes terminaron abandonando el gabinete de Bachelet.

Tras las dos derrotas anteriores, Andes Iron acudió a la justicia, presentando un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que fue declarado admisible en noviembre de 2017. Y luego de años de diligencias en las que participaron tanto los promotores como los opositores de Dominga, en mayo de 2022 la Corte Suprema declinó resolver sobre el caso, y dejó en manos del Comité de Ministros nuevamente el futuro del proyecto.

En enero de 2023, la instancia ministerial nuevamente impugnó la iniciativa minera portuaria, esta vez de manera unánime, y en respuesta, Andes Iron anunció que apelaría a dicha resolución ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, cuestión que se materializó. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2024, la instancia terminó acogiendo la reclamación presentada por la empresa, declarando la nulidad de resolución del Comité de Ministros. Esta acción fue la que derivó en el último episodio de la saga, que ocurrió esta semana.

La sesión extraordinaria del miércoles fue presidida por el Ministerio del Medio Ambiente, estuvo marcada por la participación de funcionarios subrogantes, ya que los ministros titulares se inhabilitaron puesto que ya se habían pronunciado sobre el proyecto en 2023.

Las voces a favor de Dominga

El tercer rechazo del Comité de Ministros a Dominga suscitó disímiles reacciones, tanto de agrupaciones medioambientales como de ex autoridades, e incluso manifestaciones e incidentes. Así, por ejemplo, Andes Iron criticó duramente la resolución, asegurando que la actuación de la instancia “marca un nefasto precedente nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental. Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso”.

Luego indicó que “lo resuelto por el Comité de Ministros es ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema”. Además, consignó que “ejercerá las acciones legales para restablecer el Estado de Derecho
confiando en que próximamente podrá desarrollar el proyecto Dominga”.

En una entrevista por Radio Infinita, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se sumó a las críticas tras el tercer rechazo del Ejecutivo al Proyecto Dominga, calificando la decisión como “un desastre”, y que “la señal institucional es como el forro”.

La presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de La Higuera, Andrea Flores, dijo que “el Comité de Ministros ha pasado por alto una sentencia judicial y eso se llama desacato. Iniciaremos todas las acciones legales que correspondan para que las autoridades respondan por su actitud
irresponsable. Como dice el mismo Presidente Boric: ‘En Chile, nadie está por sobre de la ley’”.

Por otro lado, Jorge Cabrera, vocero de los sindicatos de pescadores de la zona sur de La Higuera, remarcó que “los pescadores artesanales de La Higuera insistiremos porque se respete lo que el Tribunal Ambiental y las distintas autoridades técnicas han dicho, que Dominga cumple y que es un buen proyecto. El gobierno del Presidente Boric tendrá que hacerse responsable”.

Este jueves se llevó a cabo en Coquimbo una sesión especial de la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas, con el fin de escuchar la opinión de las comunidades locales sobre el proyecto minero portuario. Con todo, la cita tuvo un desenlace abrupto, luego de que un grupo de manifestantes a favor de la iniciativa -incluyendo miembros de la agrupación Faeneros de Chile (Fadechi)- irrumpiera en el lugar con poleras, pancartas e instrumentos, y algunos de ellos protagonizaran, además, enfrentamientos a golpes con personal de seguridad municipal.

Los que defienden el rechazo

En contraparte, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, defendió la decisión del Comité de Ministros, declarando que esta “se hace en el marco de sus competencias de acuerdo a las reclamaciones y sus sustentos técnicos, en el marco de la institucionalidad que está vigente, que nos mandata a supervisar la biodiversidad y el impacto que tiene en el medio ambiente porque es esencial para el desarrollo de la vida humana”.

La organización Greenpeace Chile valoró la decisión tomada por el Comité de Ministros, indicando que “este tercer rechazo confirma, una vez más, que se trata de un proyecto inviable por el grave riesgo que significa para la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y sus alrededores, una de las áreas protegidas más importantes del norte de Chile. Este ecosistema es reconocido mundialmente por ser el albergue de especies amenazadas y en peligro de extinción, como la ballena azul, el yunco y el mismo pingüino de Humboldt”.

Mientras que Carolina Bahamondes, presidenta de Modema La Higuera y vocera de Alianza Humboldt, aseguró que el último rechazo “da cuenta de que no puede instalarse este nefasto proyecto en el territorio. La ciencia, los informes técnicos, las comunidades, las localidades, han dicho fuerte y claro No a Dominga”.

“Lo más probable es que ahora Andes Iron haga lo mismo que ha hecho todo este tiempo desde 2017, es decir, poner un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental, por lo que nuevamente la defensa va a tener que seguir no tan solo en las calles, no tan solo a nivel mediático, sino que también en tribunales. Nuevamente vamos a tener que sentarnos ante el tribunal ambiental, pero esto sigue, y estamos más firmes que nunca y con todas las ganas, porque sabemos que esto va a tener que terminar alguna vez y va a tener que ser rechazado”, acotó Bahamondes.

Rodrigo Flores, vicepresidente del gremio de Pescadores de Punta de Choros, en tanto, comentó que Dominga “no tiene argumentos técnicos que corroboren que puedan estar aquí en la zona, y además que es imposible que este es un lugar lleno de diversidad, lleno de vida, pueda declararse una zona de sacrificio”, añadiendo que “no es estar en contra del progreso ni del proyecto, el tema es que no se puede realizar este tipo de megaproyectos en una zona como en la que vivimos”.

El subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, apuntó que con esta resolución “se cumple con la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó esta votación y en donde el Comité de Ministros, en el uso de sus facultades, decidió rechazar nuevamente Dominga, porque existe un convencimiento de que sus impactos van más allá de lo que está normativamente permitido y se hace inviable en esta zona, en definitiva, se trata de un mal proyecto para el país”.