Los motivos que llevaron al grupo canadiense Copap a ampliar la querella por estafa contra papelera Dimar: apunta al directorio por fraude

A fines de abril del año pasado, la papelera chilena Dimar, fundada en 1973 por la familia Ariztía Reyes, no logró sacar adelante el proceso de reorganización financiera que llevaba en curso, y la justicia decretó la liquidación de la compañía.

La firma acumuló pasivos por más de $48 mil millones, siendo el banco Itaú el acreedor más relevante con el 10% del total. Precisamente, dicha institución financiera rechazó la propuesta de reorganización presentada por la empresa, vitada en la junta de acreedores celebrada el pasado 25 de abril.

Sin embargo, la historia de Dimar no terminó aquí. El 8 de mayo de 2024, dos grupos canadienses (Signa Trade Finance y Copap Trading) interpusieron una querella por estafa y entrega de información falsa en contra de los directores y el exgerente general de la compañía. Ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, los querellantes acusaron a los directivos de Dimar de provocar un perjuicio cercano a los $1.649 millones, en medio de la quiebra declarada.

Copap amplía querella contra Dimar

Esta semana, el grupo empresarial canadiense Copap Inc. informó que amplió la querella criminal presentada contra Papelera Dimar, acusándola de prácticas fraudulentas en el marco de su relación comercial.

Esta acción judicial, que complementa la querella presentada el 8 de mayo de 2024, apunta a sumar la responsabilidad del directorio de Dimar en el esquema de información falsa que la empresa entregó al mercado sobre la situación de la compañía, y que la llevó a acumular deudas por unos $30.000 millones.

A modo de resumen, la deuda de Dimar con Copap se generó en el marco de una relación comercial que inició hace alrededor de treinta años, y que se basaba en la entrega recurrente de información contable y financiera para respaldar la entrega de insumos de papel.

No obstante, en 2022 dejó de pagar las facturas por grandes órdenes, tras lo cual acumuló una deuda que, junto con ajustes e intereses, suma más de $2.200 millones.

La denuncia original se produjo luego de revelarse, por parte de Dimar en noviembre de 2023, que la información presentada durante 2022 y 2023 era falsa, aparentando una solidez económica inexistente y que llevó al significativo perjuicio económico. La empresa chilena explicó en su momento que la responsabilidad total del caso recaía en Jonathan Morán, entonces gerente general de la compañía.

La ampliación de la querella presentada esta semana apunta a la responsabilidad de los directores de la sociedad, conformada por Francisco José Ariztía Reyes, Federico Humberto Silva Pizarro, Aníbal Ariztía Reyes y Juan Eduardo Aristía Reyes.

Las razones detrás

A este respecto, Matías Balmaceda, socio del bufete Balmaceda, Cox & Piña, comentó a The Clinic que “existen antecedentes que indican que el directorio de Dimar participó en los maquillajes contables y en la presentación de información falsa, lo que llevó a que la compañía contrajera deudas significativamente superiores a su capacidad de pago”.

“La ampliación de la demanda hace referencia, en particular, a la información entregada en el procedimiento concursal, donde queda en evidencia que el directorio fue el responsable directo de dicha presentación que estaba basada en la misma información que ellos calificaron como falsa y que carecía de registros físicos y libros contables”, acotó Balmaceda.

¿Qué arriesga papelera Dimar? En relación a este punto, Balmaceda dice que “el delito imputado a los directores tiene asociada una pena que va desde los 61 días a 3 años de presidio. Dado que son penas impuestas con la nueva normativa serían de cumplimiento efectivo”.

Además, considerando que se trata de un delito económico, de acuerdo a lo señalado en la nueva ley de delitos económicos, el abogado indica que “de ser condenadas, estas personas podrían ser sancionadas también con una inhabilitación de 3 a 10 años para el ejercicio de cargos gerenciales (director o ejecutivo principal) en cualquier entidad que esté bajo la supervigilancia de la CMF, en una empresa del Estado o bien en que éste tenga una participación mayoritaria”.

Sobre cómo afecta esta situación a la imagen de Chile, Balmaceda menciona que “Dimar es una empresa grande, relevante en el rubro papelero y que tiene relación con muchas contrapartes comerciales internacionales. Este desfalco basado en la entrega sistemática de información falsa afecta a muchos jugadores globales que ahora miran con desconfianza a las empresas chilenas”.