La molestia de sectores del Ejército con el Gobierno por recorte presupuestario y las deudas por el despliegue militar en estados de excepción

“Se viene un año durísimo y no hay plata”. Ese es el mensaje que el diputado republicano Luis Fernando Sánchez asegura que recibió desde el interior de las Fuerzas Armadas hace unas semanas, luego de que el presidente Gabriel Boric decretara un “estado de emergencia preventivo” ante los incendios que han afectado a regiones del centro y sur del país.

“El presidente mantiene hoy cuatro estados de excepción en paralelo y no entrega recursos necesarios para operar. El ministro Mario Marcel, además, les quita presupuesto para sueldos. Es criminal”, sumó Sánchez en una publicación que realizó en su cuenta de X (ex-Twitter).

The Clinic indagó al respecto dentro de las Fuerzas Armadas y constató la molestia que en particular se ha dado en sectores del Ejército de Chile por un recorte presupuestario que deriva de la discusión de la Ley de Presupuestos de 2025.

De acuerdo a la modificación del presupuesto del sector público vigente, consignado en un documento emitido por la Dirección de Presupuestos con fecha 10 de enero de 2025, el Ejército sufrió un recorte de más de $16 mil 319 millones, mientras que la Armada vio una reducción de $11 mil 515 millones y la Fuerza Aérea $6 mil 448 millones.

En el caso del Ejército, la disminución considera unos $12 mil 795 millones en gasto de personal y unos $3 mil 501 millones en bienes y servicios de consumo. Otros $23 millones corresponden a adquisición de activos no financieros, $18 millones en programas informáticos, $990 mil en mobiliario, entre otros aspectos.

En la misma línea, al interior de esa castrense aseguran que debido al recorte han debido “ajustarse el cinturón”, dado que aseguran que la reducción ha impactado fuertemente en materias como el transporte, el uso de combustible, las comisiones de servicio y, lo más importante para algunos, la reducción de conscriptos, que corresponden a los soldados que el realizan el servicio militar por obligación.

Fuentes de la institución militar, de hecho, aseguran que la reducción de conscriptos orbitaría entre 3 mil y 2 mil, de los 7 mil soldados que actualmente cumplen esa condición.

Aquello, indican conocedores, ha generado un fuerte impacto ya que son estos los que cumplen un papel fundamental en distintas operaciones, las que debido a la merma de gente, deberá ser suplida por sus compañeros y otros integrantes de la rama de las Fuerzas Armadas. “Todo se ha sobrecargado por ese factor”, indican.

La molestia, por otro lado, se acrecentó en lugares del Ejército luego de que esta semana se conociera —a través de un reportaje publicado por The Clinic— que la Corfo traspasó 3,4 billones de pesos al fisco en 2023, recursos que eran necesarios al “estar copado el nivel de endeudamiento” del país, como manifestó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Estados de excepción

Por otra parte, los diputados del Partido Republicano han asegurado que fuentes de las Fuerzas Armadas les han transmitido que la reducción habría generado que se deban hacer todas las gestiones posibles para evitar una reducción de sueldos.

Desde el mismo partido denuncian que la reducción presupuestaria ha afectado la ejecución de gastos corrientes, lo que iría en perjuicio de las operaciones que tienen relación con el despliegue en la Macrozona Norte y la Macrozona Sur, en el marco de los estados de excepción de excepción decretados por el Gobierno para el resguardo de las fronteras y el resguardo ante situaciones de violencia en la Región del Biobío y la Región de la Araucanía, respectivamente.

”Múltiples fuentes me han dicho versiones similares, que es que aquí existe una deuda por parte del Gobierno de recursos especiales que debían transferirse por los estados de excepción y los resguardos de la frontera en el norte, y que esos recursos no están siendo traspasados”, sostiene a The Clinic el diputado Luis Sánchez.

“Esto es un escándalo, porque aquí la ministra de Defensa, Maya Fernández, después de la controversia por la fallida compra de la casa del presidente Allende desapareció completamente. No está haciéndose cargo de uno de sus deberes principales, como es asegurarse que las Fuerzas Armadas cuenten con presupuesto suficiente“, suma Sánchez.

Por su parte, su par Cristián Araya señala sobre la deuda: “Estos montos dejan tremendamente vulnerables a nuestras Fuerzas Armadas a la hora de tener que enfrentar los desafíos del control en la Macrozona Norte y Macrozona Sur. Claramente, quienes se ven favorecidos son los traficantes de personas, los traficantes de armas, aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestra frontera, como también de los terroristas que asolan en la zona sur del país”.

Deuda por despliegue en elecciones 2024

Fuentes de Gobierno que conocen del detalle del presupuesto con las ramas de las Fuerzas Armadas también reconocen que, asimismo, existe un monto cercano a los $3 mil millones de deuda con el Ejército correspondiente al despliegue de efectivos militares en las elecciones municipales y regionales de octubre y noviembre pasado.

La situación también ha levantado incomodidad en sectores del Ejército, donde explican que estos montos tienen relación con el transporte de militares, su alimentación y útiles de distinto tipo para esas jornadas, como el uso de bloqueadores solares.

Aquellos comicios electorales se desarrollaron en dos días, el 26 y 27 de octubre, para lo que se necesitó a 16 mil 510 efectivos, según información del Ejército de Chile, para un total de 2.169 establecimientos en los que se dispusieron locales de votación.

Asimismo, para la segunda vuelta de gobernadores regionales se desarrolló una nueva elección, el 24 de noviembre de 2024, en la que se desplegó a 15 mil 65 efectivos.

The Clinic solicitó una versión al Ejército de Chile respecto del reajuste presupuestario y de la deuda que se mantendrían respecto de las elecciones municipales y regionales de 2024, sin tener una respuesta.

A su vez, se pidió una respuesta al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para conocer los motivos detrás del reajuste presupuestario y de la deuda en el caso de las elecciones de 2024.

Desde el Ministerio de Defensa, dirigido por la ministra Maya Fernández, se dio la respuesta formal de parte del Gobierno. En esta señalan que “tal como se ha informado y es de público conocimiento, la Ley de Presupuesto 2025, aprobada en el Congreso, estableció la obligación de realizar una rebaja preventiva del gasto público para el año en curso. Sin perjuicio de lo anterior, y de la misma forma que se ha hecho en los años anteriores, los recursos para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona sur, Macrozona norte, elecciones y situaciones de catástrofe, están garantizados“.