PC eleva presión del Gobierno por toma de San Antonio para adquirir el terreno en semana clave

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el subsecretario del Interior, Luis Cordero; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; y el dueño de las 250 hectáreas en donde se estableció la toma de San Antonio se reunirán hoy para resolver el desalojo dictado por la justicia, fijado para este jueves 27 de febrero. Sin embargo, las negociaciones no han estado exentas de presiones.

Ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de la Corte Suprema de desalojar a las 11.000 personas que ahí viven, el Gobierno ha buscado ganar tiempo y propuso la compra de este terreno mediante cooperativas, a las que ya se han asociado 2.000 familias.

Dicha propuesta no fue bien evaluada por algunos miembros del Partido Comunista. Una de las principales figuras del partido, Daniel Jadue, mostró su descontento y citó al exlíder del régimen venezolano, Hugo Chávez, en el programa Sin Maquillaje: “Aquí se echa de menos a un líder latinoamericano que habría gritado ‘¡Exprópiese!’, porque efectivamente esto no puede ser”.

De hecho, el exalcalde de Recoleta sostuvo que se presentaría el jueves en la toma de San Antonio en caso de que el Gobierno no lograra un acuerdo con el dueño del terreno. Para ello, sin embargo, debería solicitar un permiso a la justicia, pues actualmente se encuentra en arresto domiciliario.

Otro miembro del PC que se sumó a la iniciativa es el exdirector ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el gobierno de Salvador Allende y premio nacional de Arquitectura, Miguel Lawner.

Según publicó La Tercera, el arquitecto criticó al Gobierno, puesto que está “exigiendo un doble esfuerzo económico a personas de escasos recursos”. Sobre esto, agregó: “Primero, aportar para ser parte de una cooperativa y, luego, financiar la instalación de calles, alcantarillado, agua potable y electricidad. Es una carga impagable”.

Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet y también del PC, sostuvo a El Mercurio que “la orden de desalojo evidencia una colisión entre el derecho a la propiedad privada, sin omitir la especulación que se hace con su valor, y la legítima reivindicación del derecho a la vivienda y la protección de familias vulnerables”. Es ahí donde el Gobierno se ve obligado a darle una solución a las familias de la toma de San Antonio, sostuvo el dirigente del PC.

Sin embargo, a diferencia de Lawner y Jadue, reconoció que el Gobierno “dentro de sus competencias, ha respondido con celeridad a este conflicto, tanto para coordinar el trabajo con las familias, mediante la promoción y creación de cooperativas, como proponiendo opciones económicas que posibiliten la adquisición del terreno”.

En esa línea, la parlamentaria del PC Lorena Pizarro, si bien sostuvo que “no estoy de acuerdo con un desalojo”, insistió en que “los dueños de los terrenos tienen que abandonar esta lógica de hacer negocio con todo” y que ve “con preocupación que se acerca la fecha y no se logra resolver un tema que debe hacerse a escala humana”, dijo Pizarro a El Mercurio.