La propuesta de Demócratas que replicaría la controversial medida que tomó Donald Trump en Estados Unidos para controlar la migración

“Esto no se trata de limitar derechos, sino de garantizar una migración justa y sostenible“. Así definió la diputada Joanna Pérez (Partido Demócratas) los dos proyectos de ley, uno de los cuales requiere una reforma constitucional, en los que trabaja la bancada de de diputados del partido, que tienen la finalidad de moderar la inmigración en el país.

En la bancada está la impresión de que la normativa actual no ha respondido “eficazmente” los desafíos que implica “el significativo aumento de migrantes en situación irregular”. Por lo mismo, lo que proponen los parlamentarios del partido consiste, en primer lugar, en restringir la nacionalidad otorgada “ius soli”, es decir, por el simple hecho de nacer dentro del territorio nacional y, como segundo punto, limitar el acceso a visas de reunificación familiar.

El cambio de la nacionalidad “ius soli” considera una redefinición del artículo constitucional vigente, el cual define como chilenos a todos los nacidos en el territorio de Chile, exceptuando los hijos de extranjeros que se encuentren en el país por servicio de su Gobierno, además de los “extranjeros transeúntes“, o sea, quienes se encuentren de paso por el país.

No obstante, sobre ese punto, los diputados de Demócratas consideran necesario la restricción de la concesión automática de nacionalidad a los hijos nacidos en Chile de progenitores extranjeros.

Los parlamentarios proponen que deberán optar explícitamente a la nacionalidad recién alcanzada la mayoría de edad, “garantizando así un vínculo real con el país“.

“Chile ha experimentado significativas transformaciones en sus dinámicas migratorias, caracterizadas por un notable incremento en los flujos de migración irregular”, señaló la diputada Pérez como argumento de la presentación de esta reforma constitucional, además del otro proyecto de ley.

Medida similar a la de Trump, que dijo que su país era el único que mantenía el principio de “ius soli”

La limitación de otorgar la ciudadanía por suelo ha cobrado revuelo en el mundo. Ello porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como una medida para frenar la inmigración irregular, firmó en los primeros de días de su administración un decreto en el que ponía fin a la nacionalidad por nacimiento en ese país, algo que estaba garantizado hace más de 160 años por la Constitución.

El argumento de la administración estadounidense radicaba en que los recién nacidos de migrantes sin papeles no estaban sujetos a la jurisdicción, por lo que no se les podría aplicar el derecho. Sin embargo, la idea choca con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza desde 1868 la ciudadanía a cualquiera que nazca en el país sin importar el estatus migratorio de sus padres.

La medida de Trump ha generado una disputa entre el Ejecutivo y jueces federales que han buscado poner coto a la idea, acusándola de inconstitucional.

De hecho, la semana pasada la Corte Suprema estadounidense tomo la decisión de escuchar los alegatos en contra a la medida de Trump. Desde la administración de este último consideraron pertinente aumentar los límites para adquirir la nacionalidad estadounidense.

Cuando Trump firmó el decreto, en enero pasado, aseguró a la prensa que su país era el “único en el mundo” que mantenía el principio de “ius soli”, es decir, la nacionalidad por nacimiento, aseverando que este debía acabarse.

Restricciones a la migración: limitar la reunificación familiar

La segunda propuesta de los diputados consiste en una modificación en la ley 21.325, que busca suprimir explícitamente la frase que permite otorgar visas a hijos solteros menores de 24 años que estudien. La finalidad es evitar la “instrumentalización” del beneficio para que lleguen a Chile personas adultas que no presenten un criterio real de dependencia o vulnerabilidad.

La ley, en su artículo 19, dice que “los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia”.

“Las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de manera prioritaria“, cierra el artículo.

Asimismo, la segunda modificación dentro de ese mismo proyecto proponer la incorporación de un artículo transitorio que obligue que los permisos de residencia actualmente en trámite solicitados por mayores de 18 y menores de 24 años deba a acogerse a las reglas generales de la ley, o sea, sujeta su permanencia a condiciones ordinarias de migración y residencia, evitando excepciones que puedan fomentar abusos.

“Nosotros apoyamos la reunificación familiar, pero bajo criterios humanitarios claros y objetivos, porque una migración ordenada es clave para mantener la cohesión social en nuestro país“, señaló por su lado el diputado de Demócratas Víctor Pino.

“La propuesta de la bancada de diputados Demócratas protege los derechos humanos sin descuidar la seguridad institucional, porque no podemos enfrentar desafíos actuales con leyes pensadas para otro contexto histórico”, afirmó.