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22 de Abril de 2025

La propuesta de obras exprés de Déficit Cero que busca levantar 150 mil viviendas nuevas al 2030: inversión alcanzaría los US$12.000 millones

La propuesta de la plataforma Déficit Cero, creada por Techo-Chile y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), detalla un plan que considera la asociación público-privada para el desarrollo exprés de 150.000 viviendas al 2030, iniciando su implementación idealmente este año.

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Al menos 1,5 millones de hogares necesitan ayuda estatal para acceder a viviendas adecuadas, debido a la reducción de permisos de edificación, el alto valor del suelo, la falta de planificación y la ausencia de incentivos a la inversión privada.

Así lo plantea en un informe la plataforma Déficit Cero, creada por Techo-Chile y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entidad que además detalla un plan que considera la asociación público-privada para el desarrollo exprés de 150.000 viviendas al 2030, iniciando su implementación idealmente este año.

La propuesta considera iniciativas de concesión de viviendas en arriendo asequible y modelos de construcción industrializada. Además, la meta de inversión es de 300 millones de UF, es decir, poco más de US$12.000 millones.

De acuerdo al sondeo, el 70% de la demanda por viviendas se concentra solo en diez ciudades: Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta, Copiapó, La Serena – Coquimbo, Área Metropolitana de Valparaíso, Área Metropolitana de Santiago, Área Metropolitana de Concepción, Temuco-Padre Las Casas y Área Metropolitana de Puerto Montt.

Los detalles del plan de viviendas

Déficit Cero propone la creación de Zonas de Emergencia Habitacional (ZEH), una estrategia que busca priorizar e implementar un marco normativo excepcional para acelerar procesos administrativos y urbanísticos en comunas con mayor déficit habitacional.

En ese sentido, el organismo precisa que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) impulsado por el actual Gobierno tiene una meta de 260.000 viviendas para 2025, pero “carece de herramientas normativas y financiamiento suficiente para abordar la problemática de manera focalizada”, indica la entidad.

De este modo, la declaración de Zonas de Catástrofe -que se aplica, por ejemplo, ante desastres naturales- permite canalizar recursos y facilitar la producción de vivienda y equipamiento de interés público. La propuesta consiste en dotar a la Ley 21.450 (de integración social) de herramientas al Plan de Emergencia Habitacional para acelerar procesos en zonas que definan sus propios planes de emergencia localizado.

Junto con ello, adapta herramientas de reconstrucción como los Planes de Reconstrucción del Borde Costero tras el terremoto y tsunami de 2010, para enfrentar la crisis habitacional.

Otro aspecto clave dice relación con entregar facultades especiales a los gobiernos regionales -que liderarían estas iniciativas- para que desarrollen planes de emergencia habitacionales locales.

Este plan involucraría a las 10 ciudades con mayor déficit habitacional, aplicando instrumentos que permitan que la inversión pública apalanque la inversión privada en una proporción “uno a uno”, en materia de vivienda de interés público.

Esto quiere decir que por cada peso que invierta el Estado, el sector privado lo pueda igualar, “lo permitiría maximizar los recursos públicos, acelerar la producción de viviendas y garantizar soluciones habitacionales de calidad, integradas a la ciudad y con acceso a infraestructura, servicios y transporte”, sostiene Déficit Cero.

Asimismo, la propuesta indica que los requisitos para que estas zonas sean declaradas como ZEH por el gobierno central, como por ejemplo, que exista presencia de campamentos, suelo eriazo o subutilizado con potencial de urbanización, sectores con crisis migratoria y de baja inversión en infraestructura, entre otros.

En cuando a la aplicación de normas especiales y procedimientos simplificados, la entidad destaca permisos de urbanización y edificación exprés, reduciendo tiempos de aprobación; modificación rápida de planes reguladores de ZEH, asegurando la habilitación de terrenos públicos y privados para vivienda social; “revisión y aprobación acelerada” de proyectos por las seremis de Vivienda y Urbanismo.

También la recepción de obras mediante resolución directa del Seremi, y permiso de obra con solo el comprobante de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto de Movilidad (SEIM), agilizando la ejecución.

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