El conflicto que se armó en la derecha por el acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

A las 02:30 del día jueves 1 de mayo terminó la última sesión de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia creada por el Gobierno para dar con una solución a los conflictos que involucran al Estado y al pueblo mapuche en la zona centro sur del país.

El plazo que tenía la instancia culminaba el 30 de abril. Y, por lo mismo, hasta ese día estuvo en duda si existía un acuerdo al interior del órgano, integrado por senadores de oposición, además de representantes del Ejecutivo y agrícolas de la zona. La instancia culminó con un apoyo de 7 de los 8 comisionados, no alcanzando la autoimpuesta unanimidad que buscaban los participantes, según señaló el propio Víctor Ramos, actual subsecretario del Interior y secretario ejecutivo de la instancia.

El integrante que se manifestó en contra del acuerdo fue Sebastián Naveillán, representante multigremial de La Araucanía y de grupos agricultores. Su tía es la diputada Gloria Naveillán, quien ya expresó molestia ayer por el resultado, que aún no es público y que será presentado al Presidente Gabriel Boric el próximo martes.

La parlamentaria, representante por la zona, se ciñó al acta de la primera sesión de la comisión, dada en junio de 2023. El documento que compartió establecía en un punto, sobre mecanismos de acuerdo, en el que se estableció que era necesario —”por la naturaleza del problema que abordarán”— que las decisiones estuvieran “revestidas” con alta legitimidad, “acordando entonces que serán adoptadas por unanimidad de los comisionados en ejercicio cuando se trate de materias sustantivas, y bastará con mayoría en decisiones de mero trámite”.

“A última hora, en la última reunión que empezó a las ocho y media de la noche, esto se desconoció y simplemente dijeron, por mayoría, que esto no entraba dentro del decreto y, por lo tanto, tenía que ser por mayoría“, cuestionó la diputada.

“Borraron con el codo lo escrito por la mano. Traicionaron a Chile, al sur del país, el derecho de propiedad, a los agricultores y a todos los dueños de tierra”, continuó Naveillán, lanzando sus dardos a Alfredo Moreno, uno de los presidentes de la instancia, y a la senadora Carmen Gloria Aravena, hoy exmilitante del Partido Republicano, luego de que estuviera de acuerdo con aprobar el resultado de la comisión a pesar de la decisión que tomaron los republicanos en su voto político donde rechazaban el alcance del acuerdo.

Esta mañana, en Tele13 Radio, el subsecretario Ramos puso un matiz sobre ese alcance de la unanimidad, del que también manifestó su queja la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien también apeló al “terrorismo”. “No tienen que cumplir con la regla autoimpuesta. No tiene ningún peso normativo“, afirmó el secretario ejecutivo de la comisión.

La disconformidad republicana con la Comisión para la Paz

Las apreciaciones negativas sobre la resolución de la comisión no se quedaron sólo con Naveillán y Matthei. En el Partido Republicano también se expresó el descontento.

Fue su abanderado, José Antonio Kast quien se manifestó en redes sociales por lo ocurrido. Y es que en la tienda existía descontento previo porque, a pesar de que la llegada a la instancia de la comisión en su inicio contó con la unanimidad de los partidos políticos respaldándola, en la tienda recalcan que su participación se basó en que la unanimidad del acuerdo era el requisito que los hizo participar.

“Era el cerrojo por el que firmarnos”, aseguran al interior de los republicanos, quienes basaron gran parte de su molestia en cómo se abordó el “terrorismo” en la instancia.

La secretaria general del partido, Ruth Hurtado, señaló a The Clinic que habían sido claros “desde el momento que conocimos el primer borrador de hacer ver lo perjudicial que era esto”.

“Nos sorprende que en la comisión habiendo personas ligadas al mundo de Chile Vamos y la oposición no hayan levantado alarmas pertinentes”, advirtió Hurtado, quien fue asesora por momentos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento.

En la tienda existe molestia por lo que, además, denominan un “secretismo” sobre el acuerdo, y ponen en cuestión la “transparencia” del proceso.

“Cuando nos dicen ‘¿por qué señalan que esto es octubrista?’, lo decimos en el sentido de que fue el octubrismo el que le abrió la puerta a la convención en lo que terminó siendo una propuesta indigenista, totalitaria”, apela la integrante de la directiva, que considera que el acuerdo otorga privilegios únicamente al pueblo mapuche.

Moreno, presidente de la instancia junto a Francisco Huenchumilla (DC) —y exministro de Sebastián Piñera en sus dos mandatos—, consultado por las quejas de la oposición, señala a este medio que debe “aprovecharse este esfuerzo transversal de casi dos años para conocer realmente los dolores de estas regiones y sus habitantes”.

“La comisión conoce la situación actual, tanto en las cifras como en el relato de sus habitantes, incluyendo a las víctimas del conflicto, y propone soluciones para avanzar hacia un mejor futuro”, añadió Moreno, quien afirma que las propuestas serían un “enorme avance” respecto de la situación actual del pueblo mapuche, los agricultores, y los habitantes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Además, señala que no se impondrían grandes “costos financieros al Estado, sino fundamentalmente usando bien los recursos ya comprometidos”. Y es que justamente esa fue una de las bajadas por las cuales se golpeó el acuerdo, al menos desde los republicanos y por parte de Sebastián Naveillán, fue el valor fiscal que contemplaban en la restitución de tierras.

Valor fiscal de 4 mil millones de dólares

En los republicanos una de las mayores aprensiones fue el cálculo que realizaron respecto a la restitución de tierras para ciertos grupos indígenas.

El senador Huenchumilla señaló que ello no era así, y que ese número propuesto para la restitución fue sacado del acuerdo, dada la resistencia que había generado. Sin embargo, desde el Partido Republicano establecen que esa entrega de hectáreas seguiría vigente al realizar la operación de los grupos indígenas que pueden optar a la restitución de tierras.

“Entregar 240 mil hectáreas, aunque el senador Huenchumilla diga que no es así, es resultado de la simple lógica y matemática. Cuando vemos la suma de los grupos I y IV (que pueden optar a la restitución de tierras), claro, si bien no dice que ‘quedaron 240 mil hectáreas’, se hace lo que hacía la Convención Constitucional, dejando verbos rectores”, dijo Hurtado.

En sí, el cálculo lo estiman en poco más de 4 mil millones de dólares, dos puntos del PIB de Chile, en el que además de la restitución de tierras, se contempló la reposición de los otros grupos, II y III, los que según el acuerdo alcanzado, podrían tener, mediante la Agencia de Reparación creada para la instancia, la solución de una compra de casa en un sector urbano, el pago de una hipoteca, el pago de pensiones vitalicias, además de poder cobrar un bono de $78 millones.

“Estos 4 mil millones de dólares van a salir del bolsillo de todos los chilenos. Hoy tenemos a miles esperando en lista de espera, a miles esperando por una vivienda habitacional (…). Yo, teniendo ascendencia mapuche, uno no busca privilegios, lo que quiere es que ojalá seamos todos iguales ante la ley”, señaló Hurtado al respecto.

Para Moreno, en tanto: “No habrá otra oportunidad como esta para las regiones en muchos años. No la desaprovechemos”.