Opinión
1 de Junio de 2025
Perfil de José Pérez, presidente de la ANEF, en medio del Caso Licencias: Si no es ahora, ¿cúando?
Por Kike Mujica
A esa pregunta deberá enfrentarse José Pérez y la agrupación que preside, la ANEF, ante la creciente urgencia de una modernización del Estado, la que implica lupa sobre los privilegios de los funcionarios públicos. Las licencias médicas truchas -y los enfermos imaginarios- pueden ser un parteaguas: han instalado la idea de que es “el” momento, por la venia ciudadana al fin de los privilegios, sean privados y ahora también públicos. ¿Se sumará la ANEF? ¿Y Pérez que hará?
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José Pérez Debelli (55), presidente de la ANEF, la tiene complicada. Debe y deberá explicar, en nombre de los de los funcionarios públicos, por qué un grupo de los suyos espoloneó la imagen del servidor para convertirlo en un enfermo imaginario -con beneficios de sabático trucho-, todo esto a costa de los impuestos de los chilenos.
José Pérez es el actual presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la que fue creada en 1943 por Clotario Blest, un santo laico y emblema del sindicalismo chileno. Hoy está revolcándose en la tumba.
La ANEF la condujo Tucapel Jiménez, que fue asesinado brutalmente por la dictadura de Pinochet.
La ANEF, junto a la CUT, y a la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, son las naves más influyentes del sindicalismo chileno.
Pérez hoy administra la crisis política y reputacional más repelente que ha sacudido, desde el retorno a la democracia, al sector público.
En época de ciudadanos hastiados frente a los privilegios, las patas en la arena o los paseos por el mall de los denunciados “servidores públicos” –gracias a licencias truchas-, parece ser el último desfonde de la decencia nacional.
El próximo 4 y 5 de junio la ANEF deberá elegir su nueva directiva para el 2025-2027.
Me dicen desde dentro de la agrupación que esta coyuntura electoral permeará las posiciones que tomen los dirigentes respecto de las licencias médica.
Antes del informe de Contraloría, el análisis se centraba por quién era el más capaz para representar a la ANEF frente a un futuro gobierno de derecha.
Ahora, me dicen, la elección se ve cruzadapor los “enfermos imaginarios”. El o la que quiera llegar al mando de la ANEF deberá ecualizar con agudeza las obligadas críticas a los miles de funcionarios corruptos y, a la vez, defender a sus afiliados -sus votantes- sobre todo porque hay campo fértil -como nunca- para pensar en una modernización del Estado.
Pérez, por cierto, va a la reelección.

El delfín de don Raúl
José Pérez Debelli tiene 55 años y es profesor de Educación Técnica de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): su cargo es administrador de personal. Además oficia de consejero de la CUT.
En la DGAC vivió sus primeras lides en el sindicalismo. “Era muy cercano al líder de la ANEF, Raúl de la Puente, uno de los históricos de la Agrupación. Muchos comentaban que Pérez era el delfín de Rául”, me dice un PS que pasó por el Ministerio del Trabajo.
Pérez es militante socialista. Integra “el tercerismo”, lote del partido que agrupa, entre otros, a Ricardo Solari, Paulina Vodanovic y Álvaro Elizalde.
De la Puente también era PS. Gobernó con mano férrea la ANEF desde 1996 hasta el 2016. Le decían “La Pasionaria”.
“Era el policía malo y Pérez el bueno. Pérez no era estridente. De la Puente era bravo. Hacienda sufría cuando negociaban con él”, me dice un socialista que participó en los gobiernos de Bachelet.
Cuando de la Puente dio un paso al costado, el sucesor natural era Pérez. Pero no. En la elección del 2016 no pudo derrotar a Carlos Insunza, que se erigió como el primer presidente comunista de la ANEF en 70 años y que le dio batalla sin tregua al entonces ministro de Hacienda de Bachelet 2.0, Rodrigo Valdés.
En diciembre de 2018, vino la revancha de Pérez: derrotó a Insunza.
Piñera se instalaba nuevamente en La Moneda. Exautoridades de ese gobierno -de Hacienda- tienen la peor impresión de Pérez.
“Aparentó ser serio y dialogante. Pero no. Nunca puso en riesgo su capital político. En el estallido y en la pandemia, fueron nefastos”, dicen.
¿Hay que echarlos o no?
Un socialista me dice que a Pérez “no le sale bien el rol de peleador. Y en esta coyuntura, no sé si eso es bueno o malo: para el país es positivo un líder sindical abierto a los necesarios cambios para superar la crisis de las licencias; pero sus afiliados creo que buscarán alguien duro para defenderlos en el debate que se viene sobre el número y los privilegios de los empleados públicos”.
Pérez fijó posiciones al comienzo de la crisis: “Si alguien abusó y si alguien ocupó esto para tomar descanso estival, o vacaciones… tiene que dar un paso al lado… En estos abusos uno no puede perderse: si alguien ocurrió en ese daño y esa gravedad tiene que ser destituido del Estado“.
Sus palabras fueron particularmente tajantessegún dirigentes sindicales de izquierda.
“Podría haber matizado con inicio de sumarios para determinar si amerita o no el despido”, dicen.
Luego Pérez le dio algo a sus apanicadas y militantes huestes: “Hay sectores, y hay que decirlo por su nombre: la ultraderecha, que no quiere al Estado. Denostan la función pública y eso nos violenta. Están instrumentalizando este informe para atacar a los funcionarios públicos en su conjunto”, afirmó Pérez.

Aquí no se mueve nadie
Pérez, como todo líder de la ANEF que busque mantenerse en el poder dentro de la agrupación, debe ser un guardián de una serie de “logros sindicales”.
Por ejemplo, el Estatuto Administrativo (EA).
“Lo defienden a brazo torcido. Siempre les recordaba, irónicamente, que me sorprendía mucho que ellos fueron los defensores del último resabio de la dictadura, que era el estatuto administrativo. Les caía pésimo”, me cuenta Ignacio Briones, exministro de Hacienda.
El EA es un decreto con fuerza de ley, publicado en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 1989. Es el Código del trabajo de los empleados públicos. Dicen que la dictadura lo promulgó para impedir despidos masivos de sus funcionarios por parte del nuevo gobierno de la Concertación.
Pivotes resume las críticas contra el EA: “En los últimos 20 años, los funcionarios públicos del gobierno central han crecido más que la fuerza laboral, pasando de 150.000 en 2005 a 450.000 en 2022. La razón de este crecimiento es simple: sOlo entran personas, pero nadie sale. El Estatuto Administrativo consagra la inamovilidad de los funcionarios de planta”.
La ANEF, en cambio, sostiene que “el Estatuto Administrativo establece un marco legal que protege los derechos de los trabajadores públicos, como la estabilidad laboral y la protección contra el despido arbitrario”.
Un abogado socialista que conoce bien la interna de la ANEF me dice que es partidario de respetar la inamovilidad, siempre y cuando “exista una buena evaluación interna, lo que hoy no ocurre. En países desarrollados existe la inamovilidad, pero sus evaluaciones son reales. El que no hace la pega, se va”.
Exsubsecretarios de distintos gobiernos creen que es muy poco factible que Pérez -o quien sea en la ANEF- metan mano en las evaluaciones.
Estas son de 1 a 4, donde 1 es la mejor y 4 la peor. “Se supone que si te califican mal dos años seguidos, te pueden destituir. Y con un 4 en un años, te vas altiro. Pero acá los jefes evalúan a casi todos en 1 ó 2. De hecho, hay agrupaciones sindicales que alegan cuando uno de sus afiliados es 2 y no 1”.

La mano está en la izquierda
¿En algún momento al ANEF se abrirá a una modernización del Estado?
El escándalo de las licencias -me dice un parlamentario del Socialismo Democrático- podría motivar -u obligar- a que los candidatos del oficialismo tomen posiciones.
Y, por la indignación ciudadana, podría haber agua en esa piscina.
La relación de la CUT y de la ANEF con los partidos de izquierda es atávica. Sobre todo con el PS y el PC. En el pasado, la DC también formaba parte del baile. Ahora, por primera vez, se va sumando el Frente Amplio.
Si estos partidos no se la juegan por la modernización, los sindicatos no tendrán ningún incentivo ni siquiera para pensarlo, me dicen en el PS.
Pérez no está obligado a lo imposible.
Desde la derecha recalcan que la ANEF y la CUT son grupos de interés que tienen cooptado al Estado.
Y que tienen militancia, lo que implica cerrarse a acuerdos con futuros de gobiernos de derecha.
“En abril de 2020, Piñera llamó a los funcionarios públicos a volver a la presencialidad. Pérez le respondió, en julio, con una querella en contra del presidente, de Jaime Mañalich y del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por el mal manejo para enfrentar la pandemia del Covid-19”, me dice un exalto funcionario de Piñera 2.0.
“Pérez fue claro en la segunda vuelta de 2021: ‘La ANEF tomará un decidido compromiso para respaldar la candidatura de Gabriel Boric Font’”, recuerdan funcionarios de Piñera 2.0.
“Si la izquierda no encara a Pérez y compañía, no habrá modernización. Eso está claro”, agregan.



