Contraloría detectó que Claudio Orrego gastó $31 millones en asesorías que habrían servido para preparar su campaña de reelección

La Contraloría General de la República detectó irregularidades al interior de la Gobernación de la Región Metropolitana, específicamente durante el periodo de campaña de reelección del actual gobernador Claudio Orrego.

Desde el organismo fiscalizador detallaron que “durante 2024 dicha entidad pagó un total de $31.366.179 para la contratación del ‘Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024’. De cuya revisión se constató que la sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas. Sino que se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral” del gobernador Claudio Orrego para su reelección.

Con respecto a lo anterior, Contraloría detalló que se realizaron “52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones y de la revisión de los contenidos incluidos en 16 de estas. Se verificó que en estos no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizas conocimientos, aumentar su rendimientos, mejorar su calidad de vida y consecuentemente mejorar el ambiente laboral”.

Dichas sesiones aludían “explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional. No en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que Don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección. Situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio”, recalcó el ente fiscalizador.

“La Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes”, añadieron.

Las otras irregularidades detectadas por Contraloría

También se detectaron irregularidades en las gobernaciones de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

• Gobierno Regional de Tarapacá: no mantiene un análisis de las transferencias pendientes de rendición pactadas en diversas cuentas contables, incumpliendo con la transparencia de la información financiera. También se observaron gastos improcedentes producto de dos contrataciones a honorarios por la suma de $7.781.253. También se detectó el mal uso de las redes institucionales para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección. Contraloría instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
• Gobierno Regional de Antofagasta: mantiene un saldo pendiente de rendir por los organismos receptores de recursos públicos de $4.202.867.306. También se evidenció que, al 30 de septiembre de 2024, mantiene montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos, por un monto de $4.856.481.471. Situación que deja en manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas. Se constataron irregularidades en las bitácoras de vehículos fiscales, mal uso de las redes institucionales y el contrato de prestaciones de servicios a honorarios por tareas correspondientes a labores habituales y propias de las gestiones de la entidad.
• Gobierno Regional de La Araucanía: contrató directamente a la empresa Ananda Comunicaciones SpA., para los servicios de “Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital”. Se pagó un total de $49.980.000, se advirtió que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del Gobernador Regional. También se contrató al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672 sin la debida justificación de dicho valor. Asimismo, se comprobó que se autorizó la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por la suma total de 400 UF, para la defensa de intereses institucionales asociadas a transferencias del servicio a determinadas fundaciones, advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos.
• Gobierno Regional de Los Ríos: existe un saldo de $8.651.017.491 por recursos transferidos pendientes de rendición de cuentas por transferencias al sector público. Asimismo, se indicó de la existencia de un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas. Se estableció que 162 pagos de viáticos correspondientes a 17 personas funcionarias -por un total de $5.588.059- estaban directamente vinculados a sus labores habituales. Además del mal uso de vehículos fiscales.
• Gobierno Regional de Magallanes: dentro de las actividades encomendadas a algunos prestadores de servicios contratados a honorarios se incluyeron servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística del gobernador regional y el manejo de las redes sociales de dicha autoridad. Se determinó que de un total de 25 informes de actividades de profesionales contratados para prestación de servicios a honorarios, fueron aprobados por un funcionario diferente al establecido en los respectivos convenios. También se constató que en 24 informes de actividades adjuntos a los comprobantes de pago, que acreditarían el cumplimiento de la prestación de servicios, las tareas se indican de forma genérica, sin señalar ni especificar el detalle de lo realizado.