“Permisología”: las claves, el festejo y reparos del mundo empresarial por la nueva ley que promete reducir tiempos de tramitación en hasta 70%

La Cámara de Diputados y Diputadas despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales y que -de acuerdo a estimaciones del Ejecutivo- promete reducir entre un 30% y 70% los tiempos actuales de tramitación que enfrenta una iniciativa de inversión para obtener todas las autorizaciones exigidas de forma posterior a la etapa de evaluación ambiental.

La legislación instala así una nueva arquitectura regulatoria para la tramitación de permisos sectoriales, con una nueva oficina a cargo de velar por su correcto funcionamiento y una ventanilla única por donde ingresan las solicitudes que hoy están distribuidas entre distintos servicios.

La propuesta tuvo amplio respaldo en el Congreso, y más del 90% de sus artículos fueron aprobados por unanimidad en comisiones.

En el detalle, el texto de permisos sectoriales disminuiría de forma importante los plazos de tramitación de proyectos, atacando de lleno a la llamada “permisología”, la principal barrera para la inversión en el país.

De acuerdo al Ministerio de Economía, para grandes iniciativas de infraestructura o energía, la reducción sería de un 30%, mientras que para proyectos de baja complejidad sería de hasta un 70%.

Además, la nueva normativa moderniza y estandariza los procesos de más de 380 autorizaciones sectoriales y coordina a 37 organismos públicos pertenecientes a 12 ministerios, eliminando duplicidades y arbitrariedades.

La norma también establece plazos más exigentes y con nuevas consecuencias en caso de incumplimiento: se activa un “silencio administrativo” que da por aprobada la solicitud, y establece sanciones para los funcionarios responsables, en caso de que el retraso sea injustificado. Por otro lado, autoriza la tramitación de distintos permisos por canales paralelos y permite reemplazar 50 autorizaciones de bajo riesgo -determinadas según criterios objetivos- por declaraciones juradas, según consigna El Mercurio.

A este respecto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que la nueva ley “va a permitir que con la misma gente que hay en la actualidad, los más de 40 servicios sectoriales que están a cargo de estos permisos, puedan enfocarse totalmente a las autorizaciones de mayor riesgo y, por lo tanto, van a poder responder a tiempo”.

La ley marco de autorizaciones sectoriales es una de las principales medidas procrecimiento de la agenda del Gobierno, donde proyectan un impulso anual de 0,24% del Producto Interno Bruto (PIB) por año, una vez que la reforma esté implementada.

Lo que plantea el gran empresariado por la nueva ley de permisos

Tras la aprobación de la propuesta en el Parlamento, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, indicó que “es una buena noticia para Chile la aprobación de la ley de permisos sectoriales, que permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento. Este es un primer paso importante y necesario, que nos desafía a seguir trabajando en esta línea”.

Por su parte, Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), expresó que el despacho a ley de estas medida “representa un avance sustantivo hacia un sistema de permisos sectoriales más ordenado, predecible y coherente con los desafíos de inversión sostenible en Chile”.

“Si bien persiste una importante tarea pendiente en la mejora de permisos ambientales y sectoriales que quedan fuera del alcance de este proyecto y que son críticos, como las concesiones marítimas o permisos ante monumentos nacionales, desde una mirada pragmática, la aprobación de este proyecto es muy positiva: se trata de una herramienta robusta que moderniza la institucionalidad, fortalece la certeza jurídica y entrega mejores condiciones para una inversión más eficiente y transparente”, acotó.

Eso sí, Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) lamentó que “no se incluyeran lo relativo a la institucionalidad ambiental y lo del Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos en la actualidad”.

En la misma línea, Jorge Riesco, de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), comentó que “este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que son la principal traba para la ejecución de proyectos”.