Comité de expertos convocado por Marcel propone drástico recorte de gasto y recomienda eliminar la Segegob, Injuv y Prodemu

En mayo pasado, como parte del plan de ajuste de gastos que anunció el Ejecutivo, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, convocó a un grupo de expertos de distintas sensibilidades políticas para estudiar recortes y ahorros de gasto público más estructurales.

Esto, a propósito de las alertas que levantó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por la compleja situación de las finanzas públicas y el incumplimiento de la meta de déficit que hubo en 2024.

Según plantea El Mercurio, cuatro meses después, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, recibió el informe final de la comisión, integrada por María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga.

Entre las principales recomendaciones, destaca el cierre de instituciones relevantes dentro del Gobierno Central, como la Secretaría General de Gobierno (Segegob). En la misma línea, también propone terminar con otros programas con deficiente evaluación como la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

De un total de 34 propuestas, unas 16 corresponde a reducciones de gasto público, con un impacto estimado de $1.941.888 millones anuales en el largo plazo, lo que equivale a 0,6% del PIB, unos US$1.996 millones.

En el detalle, la propuesta N°28 del documento plantea reorganizar funciones del “centro de gobierno”, reubicando atribuciones de la Segegob hacia el Ministerio del Interior, como la vocería que hoy ejerce la ministra Camila Vallejo, desconcentración regional y participación ciudadana.

A juicio de los expertos, señala el diario antes mencionado, esto implicaría aprovechar la nueva institucionalidad para generar sinergias y reducir costos de coordinación.

Junto con ello, se plantea integrar la oferta programática de Prodemu en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para eliminar duplicidades, simplificar rutas de atención y fortalecer la efectividad y visibilidad de las políticas de género bajo una sola institucionalidad.

En cuanto al Injuv, se propone evaluar su pertinencia, dada la experiencia de múltiples órganos con programas para jóvenes. También se recomienda reubicar instrumentos como su Observatorio y Tarjeta Injuv en instituciones con mayor incidencia programática.

Además de recortar gasto: acotar la gratuidad

Los expertos también sugieren que se evalúe la incorporación de un límite etario para acceder al beneficio de la gratuidad estudiantil, en carreras profesionales con o sin licenciatura, restringiendo el acceso a este beneficio a quienes inicien sus estudios después de los 30 años, sin afectar el acceso a otras formas de financiamiento ni el acceso al beneficio en las carreras técnicas.

En este mismo ámbito, apuntan a eliminar el mecanismo de expansión automática de la gratuidad a deciles superiores de ingreso mediante un “gatillo” macroeconómico, y restringir la posibilidad de ampliación de cobertura desde el ya vigente sexto decil hasta solo el séptimo decil, condicionada además a la existencia de holgura fiscal. Esto implicaría terminar con la promesa de la gratuidad universal que se aprobó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Por otro lado, se propone eliminar la provisión de la llamada glosa republicana que deja el Gobierno saliente a la próxima administración y reemplazarla por una facultad explícita y acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno, sin aumentar el gasto total.

Por último, se propone congelar las dotaciones de personal durante el 2026, exceptuando traspasos asociados a los Servicios Locales de Educación y necesidades sanitarias por nueva infraestructura; no reponer cargos sujetos a incentivo al retiro; y reducir gradual y ordenadamente contrataciones por otros subtítulos en programas transitorios.