Crisis de viviendas sociales: contrario a lo que plantean privados, Minvu asegura tener recursos para concretar pagos y desmienten deuda de US$ 1.000 millones

La meta del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno del Presidente Boric era entregar 260 mil viviendas en colaboración con el sector privado.

Sin embargo, a poco de llegar a la meta, según plantea el Diario Financiero, el Ministerio de Vivienda mantendría una deuda vencida por más de US$ 1.000 millones con diferentes empresas del sector, y que a ello se suman pagos pendientes con propietarios de terrenos adquiridos por la cartera pero que aún no se cancelan.

Según un correo enviado por el Minvu a una inmobiliaria, al cual tuvo acceso el medio citado, el ministerio habría explicado que si bien había ejecución presupuestaria, no había “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente que permita concretar los pagos autorizados”.

En el mismo mail, habrían señalado que la situación se resolvería una vez que se emitiera un decreto de modificación presupuestaria que contemplara un nuevo aporte fiscal, pero que “no existe certeza” de cuándo.

En algunos casos, mencionan, hay empresas que alertan que el ministerio les habría advertido que era probable que los pagos no llegaran antes de marzo de 2026.

Minvu “descarta tener pagos pendientes por la suma indicada”, pero reconoce que Serviu RM tiene problemas

Tras la publicación, el Minvu emitió un comunicado, donde “descarta tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada en el citado medio de comunicación, cifra que correspondería a una estimación de una fuente de la industria. En ese sentido, puntualizamos que podría existir una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente”.

Sin embargo, consignaron que efectivamente “hay Serviu —situación que se concentra fundamentalmente en la Región Metropolitana— que proyectan un gasto mayor a su presupuesto vigente, situación que ha sido informada a la Dirección de Presupuestos para concretar un mayor ingreso de recursos, lo que actualmente ya cuenta con medidas en implementación“.

“El sector construcción ha enfrentado un complejo escenario financiero y de ejecución de obras derivados de la pandemia. En este contexto, la inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector”, aseguran.

Y concluyeron: “Queremos subrayar que las obligaciones financieras asumidas por el Estado deben cumplirse conforme a la legalidad vigente. Por ello, estamos trabajando coordinadamente con la Dirección de Presupuestos en una mesa técnica destinada a apoyar e incrementar los recursos del sector, lo que refleja el compromiso del Estado con la inversión pública, la actividad del sector construcción y, sobre todo, con las familias que esperan su vivienda”.