“Ha sido ingresada forzosamente”: Apuntan al Servicio de Protección a la Niñez por mantener a niña con necesidades especiales en hogar sin capacidad para cuidarla

El 20 de agosto de 2025, el Juzgado de Familia de San Bernardo ordenó al actual Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Mejor Niñez) integrar a una menor de 13 años, que requiere cuidados especiales, a la Residencia de Alta Especialización (RAE). A pesar de la resolución, la niña permanece en el Hogar Quillahua, lugar que, según denuncian, se encuentra sobrecargado de cupos. Además, el caso de la menor requiere atención especializada que el hogar no está capacitado para brindar. El Juzgado ya había dado la misma orden el 8 de julio de este año, pero tampoco fue obedecida.

A través de una carta a El Mercurio, el presidente de la fundación a cargo del Hogar Quillahua, Ricardo Leiva, denuncia la situación. “La Fundación Paicaví lleva más de 30 años protegiendo a niñas que han sido vulneradas en sus derechos, a través del hogar Quillahua en la comuna de Buin, y es colaboradora del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, comienza explicando.

“Pese a acuerdos formales para reducir el número de residentes, el servicio insiste en sobrecargar el hogar, incluso con casos de alta complejidad que requieren atención especializada que no podemos brindar. Una menor con graves necesidades ha sido ingresada forzosamente, sin apoyo técnico ni posibilidad de traslado, a pesar de órdenes explícitas del Tribunal de Familia de San Bernardo”, advierte.

El presidente de la fundación, Ricardo Leiva, asegura que las autoridades del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, no han acatado las dos órdenes judiciales y tampoco responden a sus llamadas.

“Esta situación no solo pone en riesgo la salud de ella, también la seguridad del resto de las niñas y del equipo profesional”

“Hoy la residencia acoge a una menor con diagnóstico de trauma complejo, trastorno de estrés agudo, discapacidad moderada y consumo prenatal de sustancias, quien presenta conductas de alta complejidad, como autolesiones y agresividad, requiriendo atención especializada constante”, asegura Leiva.

“Esta situación no solo pone en riesgo la salud y derechos de ella, si no también la seguridad y bienestar del resto de las niñas y del equipo profesional”, agrega.

“El ingreso forzado de esta menor ocurre a pesar de estar por sobre las 30 plazas pactadas con el servicio. Obviamente, no se trata de negar el ingreso, ni de pretender ´seleccionar´, es simplemente que en nuestra residencia no tenemos las competencias de atender condiciones de alta complejidad que requiere, exponiendo a las otras niñas de la residencia a un nivel de estrés y violencia permanente”, añade.

La situación de este hogar no es un hecho asilado: la problemática se extiende a otras ONG del país. El presidente de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, según consigna El Mercurio, asegura que, por la mismo razón que denuncia Leiva, ellos debieron “cerrar dos de los lugares más emblemáticos” de la fundación.

Esto, “producto de la mala gestión que sobre esta materia ha hecho el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, sentencia Silva.