Al Presidente Boric se le informó en mayo del Caso Bernarda Vera: Ministerio de Justicia le entregó los antecedentes a su jefe de gabinete, Carlos Durán

Un informe de 50 páginas había entregado en enero el Gobierno a Claudia Rey Vera sobre los antecedentes de su madre, Bernarda Vera, ciudadana chilena que figura como detenida desaparecida en el Informe Rettig. Si bien la entrega de antecedentes a familiares de víctimas es una práctica habitual del Plan Nacional de Búsqueda, esta vez la motivación era distinta: desde el Ejecutivo había sospechas fundadas de que Bernarda estaba con vida.

Según publicó The Clinic, en ese primer encuentro, Rey Vera se negó a recibir la información. Ya había escuchado rumores de que su madre podría estar viva e incluso habría viajado fuera del país a comprobarlo. Meses más tarde, funcionarios del Plan insistieron, pero ella volvió a rechazar el ofrecimiento.

Fue recién en mayo, durante una tercera reunión, que accedió a recibir el informe del Ministerio de Justicia, aunque aún con incredulidad. En esa misma cita, se exploró la posibilidad de exigir un examen de ADN en Argentina a la persona sospechosa de ser Bernarda para despejar dudas.

Hasta entonces, el caso se manejaba con sigilo y cautela dentro del Ministerio de Justicia. Sin embargo, nueve meses después, un reportaje de Chilevisión —emitido el domingo— reveló parte de la información y ubicó supuestamente a Bernarda Vera con vida en Argentina, generando una alerta en La Moneda.

La información a Durán

Y es que tras la publicación, la oposición salió en masa a cuestionar la efectividad del Plan Nacional de Búsqueda, la decisión del Gobierno de encapsular el caso e incluso deslizaron críticas al propio Informe Rettig. La Moneda reaccionó con rapidez: el ministro de Justicia, Carlos Gajardo, y su antecesor —hoy titular de Seguridad—, Luis Cordero, defendieron públicamente la política de Estado en diversas entrevistas.

No obstante, según pudo conocer The Clinic, el caso no estuvo solo encapsulado en Justicia. A fines de mayo, tras la segunda reunión con Rey Vera, la información llegó a Presidencia: el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, fue informado de la situación por parte de la misma cartera.

En Presidencia, al ser consultados, confirmaron que Durán fue informado de los antecedentes a fines de mayo.

Pese a ello, se resolvió que el tema siguiera en manos de Justicia, bajo monitoreo del Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda.

Lo que no se anticipó por parte de Durán, fueron los cuestionamientos que cayeron sobre una de las banderas más relevantes de la actual administración en materia de derechos humanos y reparación: el Plan de Búsqueda.

Desde el Gobierno, por otra parte, descartan que se le haya hecho llegar una información al Presidente sobre el caso. Allí se asegura que se buscó mantener “al margen” al Presidente de la trayectoria de búsqueda.

El blindaje de Cordero al Plan

Luis Cordero, hoy ministro de Seguridad, fue quien implementó el Plan Nacional de Búsqueda cuando estaba a cargo de Justicia en 2023, en coincidencia con los 50 años del golpe de Estado. Conocido por emocionarse al anunciar la política, defiende que en este caso primó la protección de la hija de Bernarda Vera.

“Esta idea de que el Estado lo mantenía en reserva para ocultarlo es absurda, porque lo que existe son oficios y comunicaciones oficiales. El espíritu del Plan es construir trayectorias respetando la situación de los familiares”, explicó en entrevista con The Clinic.

El ministro recordó además que el caso era especialmente delicado: “Esa niña de cinco años creció con sus abuelos, quienes presentaron los antecedentes a la Comisión Rettig, en la cual su madre fue calificada como ejecutada política. Comunicarle algo distinto, sin certezas, podía ser completamente destructivo”.

Respecto a las críticas al Informe Rettig, Cordero fue tajante: “Hay que tener cuidado con ser juez en el tiempo. El Informe Rettig fue fundamental para Chile y todas las iniciativas posteriores, incluido el Plan Nacional de Búsqueda, se apoyan en él”.

Aunque reconoció que casos similares podrían aparecer, advierte que seguirán siendo excepcionales: “La construcción de trayectorias seguirá arrojando antecedentes, sobre todo de personas no calificadas que deberían haberlo estado. Pero situaciones como la de Bernarda Vera son muy poco frecuentes”.