Ministro Cordero y caso de Bernarda Vera: “Lo que no puede pasar es exponer a la hija. Ella está siendo víctima, probablemente, por segunda vez”

El Plan Nacional de Búsqueda está sobre el escritorio del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Pese a que esa política pública corresponde al Ministerio de Justicia, cartera que lideró entre enero 2023 hasta octubre de 2024, lo que justifica que el documento esté al interior de su oficina radica en el caso de Bernarda Vera, detenida desaparecida que, de acuerdo a un reportaje de Chilevisión y a las indagaciones propias del plan, no habría sido ejecutada como lo establece el Informe Rettig, en el cual está contenido su caso.

Cordero es cauto al conversar del tema. También precavido, pues resalta el efecto colateral que tiene el caso en sí mismo: que la hija que tuvo Vera, de cinco años cuando ella aparentemente murió el 10 de octubre de 1973 —según constata el informe y el Museo de la Memoria—, ha llevado toda una vida creyendo que su madre estaba muerta, cuando podría no ser así.

En ese sentido, el ministro señala en esta entrevista a The Clinic que se protegió a la hija al no divulgar la información. Y, de hecho, resalta que la notificación se hizo en enero de 2025 a la familia, argumento con el que refuta que el caso no habría sido conocido si es que un medio de comunicación no revelaba el caso.

“La familia ha estado informada de los avances. Se ha abordado con mucho cuidado y delicadeza”, señala.

—A partir de las fechas que se han sabido en que el Gobierno estaba al tanto del caso de Vera ha surgido la duda y la crítica desde la vereda de la oposición de por qué esto se resguarda con tanta cautela. ¿Cuál es la respuesta?

—Por la protección de la hija. Esta idea de que el Estado lo mantenía en reserva para ocultarlo es absurda porque esencialmente lo que tiene son oficios y comunicaciones oficiales. Pero el espíritu del Plan es construir las trayectorias respetando esencialmente la situación de los familiares. Y en este caso era, todavía, un caso en el cual había que tener particular cuidado porque esa niña de cinco años desarrolló su vida con sus abuelos que presentaron los antecedentes a la comisión Rettig, en la comisión en que su madre es una ejecutada política.

El Estado de Chile la reconoció como tal, está oficializada en el Informe Rettig. Si ella efectivamente no sabía, y tengo la convicción de que ella no sabía, entregar esta información era un cambio radical de la forma de haber vivido sus últimos años. Yo no sé si las personas son capaces de comprender lo que implica el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada es probablemente de los crímenes de lesa humanidad más brutales que hay porque es un crimen que la familia vive día a día. Es un crimen con el cual se vive cotidianamente. Comunicarle eso a una hija y que probablemente tal versión no sea cierta sobre su madre, la simple duda, si es que uno no tiene cuidado, es completamente destructiva.

—Es el Estado el que le otorga la denominación de detenida desaparecida a Bernarda Vera y hoy pareciera ser que el Estado dará, eventualmente, con otra denominación.

—No sabemos todavía, hay que tener cuidado. Hay que verlo desde la perspectiva de la hija.

—Claro. Por lo mismo surge la pregunta de si el Estado no cayó en una negligencia al denominar detenida desaparecida a su madre.

—¿En la calificación original?

—Sí.

—Es difícil ser juez con el tiempo. La comisión Rettig no alcanzó a funcionar un año. Los familiares presentaron sus carpetas de acuerdo a los antecedentes que disponían. La comisión Rettig se formó una convicción a partir de las indagaciones que realizó y, sobre todo, de los miembros que integraban la comisión.

Por eso hay que tener cuidado con ser juez en el tiempo. Me parece que el Informe Rettig terminó siendo muy importante para el país y todas las iniciativas posteriores, incluyendo el Plan Nacional de Búsqueda. Funcionan en el sentido de orientar el trabajo del Estado en materia de derechos humanos y sobre todo en la desaparición forzada. Es una manera de darle aliento a sus familiares.

Ahora, cuál va a ser el resultado es un asunto que está por verse. Por ahora, el Estado ya dio un paso diciendo: “Mire, esto ya es un caso que está en indagación. Esta es la información, estos son todos los actos de indagación que hemos realizado, esta es la información que hemos recibido, así le fue comunicado a su familia”.

Lo que sí yo puedo decir es que tengo la plena convicción, y la tuve el 2024 cuando obtuvimos los primeros antecedentes, y por eso yo pedí que se entregara la información a la familia, que la familia nunca tuvo conocimiento ni la posibilidad siquiera de que ella pudiera estar en otro lugar. Es más, los padres de ella fallecieron bajo la convicción de que ella, de que su hija es una ejecutada política.

Plan Nacional de Búsqueda: “La construcción de trayectoria nos va a seguir arrojando antecedentes”

—¿Estaba en sobre la mesa del Plan Nacional de Búsqueda que hubiera casos en los cuales se retrocediera en la denominación de detenido desaparecido?

—El Plan Nacional de Búsqueda tiene como propósito central construir las trayectorias y saber el destino de las personas desaparecidas. Eso suponía fiscalización, sobre todo, en aquellos casos habían tenido poca investigación judicial. El plan tiene una dimensión administrativa, pero sigue descansando en un complemento judicial. Hasta antes del Plan Nacional de Búsqueda, Chile había descansado en materia de verdad y justicia solo con la intervención del Poder Judicial. Las historias judiciales, por su definición, son siempre historias parciales.

Entonces por eso la reconstrucción de trayectorias eran tan relevantes. ¿Situaciones como esta estaban pensadas? Probablemente no, y por eso son tan excepcionales. Pero el Plan es un documento que está construido a partir de la reconstrucción de las trayectorias. Esa es su fortaleza. Por eso creo que es importante no olvidar ni desprenderse nunca de la humanidad que subyace el trabajo del plan.

—A partir del caso de Vera surge la duda, sobre todo en la oposición, sobre la legitimidad del Plan Nacional de Búsqueda.

—No calificaría a toda la oposición en eso. Me parece medio injusto. Yo lo dije antes, cuando estaba en Justicia, toda la etapa previa de elaboración del Plan. Yo estuve en muchas conversaciones reservadas con mucha gente, y no tengo ningún inconveniente en volver a decirlo porque fue así: ¿A mi alguien de la oposición alguna vez me objetó algo del Plan? La respuesta es no. Por el contrario, en privado y en público también. Eso apoyo se mostró también en las glosas presupuestarias para que el plan funcionara.

Yo logro entender las dinámicas de la política en contexto de, no sé, vamos a ir a la Contraloría. Perfecto. Porque no hay ningún inconveniente, aquí está toda la documentación, está la trazabilidad completa de lo que se hizo, en fin. Pero abordar los temas de justicia transicional, como Chile lo ha abordado, y especialmente abordar el plan, requiere de una cierta madurez colectiva debido al compromiso colectivo en lo bueno y en lo adverso. Yo no haría un juicio completamente a la oposición. Incluso la oposición que ha sido crítica, igualmente ha sido respetuosa del contexto en el cual estos antecedentes se han tomado conocimiento. Creo que también es la importancia de mostrar que el plan está funcionando. Hay veces que los momentos tristes son también momentos en que uno tiene que abordarlos comprensivamente.

—¿No le dice algo cuando los mismos diputados de oposición que acuden a Contraloría acusan un fraude al Fisco?

—Que vayan a Contraloría me parece que es una acción política que podría comprender como una reacción natural, pero también es una manera de que los diputados tengan la tranquilidad de que la Contraloría va a emitir un dictamen a partir de los antecedentes de la trazabilidad de los documentos que también a ellos les puede dar tranquilidad.

—¿Le consta que el caso Bernarda Vera no se repite con otros detenidos desaparecidos?

—La construcción de trayectoria nos va a seguir arrojando antecedentes, sobre todo de personas no calificadas y que deberían haber estado calificadas. Pero situaciones como la de Bernarda Vera siguen siendo situaciones muy excepcionales.

—¿Sobre quién recaería la responsabilidad?

—Bueno ¿usted conoce el caso de Luis Pino Soto? Es un caso que se reporta con el de Bernarda Vera, que en ese caso sus padres presentaron antecedentes y fue no calificado. Cuando se abre la Comisión Nacional de Reconciliación, vuelven a presentar antecedes y no volvieron a ser calificados. Con el Plan volvimos a revisar las carpetas de todos a propósito de la reconstrucción de trayectorias. En el caso de Luis, lo que se dieron cuenta es que a él le habían presentado los antecedentes, se había mirado la carpeta de la calificación de la comisión Rettig, y él había sido calificado positivamente por el grupo de investigación, pasó a la comisión, fue calificado bien, y cuando se hace el traspaso de la información se saltan un número y queda como no calificado. Eso es una tragedia. Ahí es el error es del Estado abiertamente.

Y como lo hizo la ley de reparación, que dice que son víctimas las que están oficializadas en el tomo II del Informe Rettig, el aparecía como no calificado. Ese es otro caso donde nosotros pedimos comunicarles a los papás, se habló con su hermana… Al final del día tenían razón. Su hijo era víctima de la dictadura. El caso de Bernarda Vera lo conocí con este y ambos tienen el mismo perfil. Tenemos información de cosas que en realidad podrían ser distintas a las que terminaron siendo. 

Cordero y pensión de hija de Vera: “La probabilidad de que la mantenga es muy alta”

—Algunos levantan dudas sobre qué habría sido del caso de Vera si es que no aparece en un medio de comunicación.

—Eso los hechos lo desmienten por sí mismo, porque el caso ya había sido comunicado a la familia en enero.

—Pero si el Plan Nacional de Búsqueda concluyera con estas carpetas de trayectorias personales, ¿qué hubiera dicho el informe de Bernarda Vera?

—Si esto no hubiese aparecido en la prensa las cosas seguirían con la indagación que tenemos actualmente, donde sí hay comunicación oficial. El Plan tiene un boletín. El boletín ya comunicó que este es un caso sujeto a evaluación. Hubiera pasado lo mismo porque antes de que saliera este reportaje, en enero el comité de seguimiento ya tenía antecedentes sobre esto. 

—¿No había la necesidad de comunicarlo?

—Por eso funciona la institucionalidad del plan. ¿A quién se le informó? Al comité de seguimiento. ¿Cuál es el momento adecuado para informarle al público? Creo que es una interrogante legítima de plantear, pero si le informamos a la familia, tan pronto el Estado ya tomó una decisión de avanzar en la investigación, sí. Se le informó a la institucionalidad del plan que integran representantes públicos y privados, incluyendo representes de los familiares y académicos, o sea… Nadie podría dudar de Patricio Bernedo, por ejemplo.

Se recibió la información oficial por parte del gobierno sueco en mayo e inmediatamente se le informa al juez. El juez forma cuadernos separados de investigación con información que es reservada. Y creo que la pregunta es legítima. ¿En qué momento debía esto informarse al público más allá de la familia y del comité de seguimiento? ¿Y qué?

Pero lo que creo que no podía pasar era exponer a la hija en el modo en que se le ha hecho. Y poner en duda, de antemano, su situación. Ella está siendo víctima probablemente por segunda vez. Y eso es una situación respecto a la cual el Estado se tiene que hacer cargo. Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Y la manera de hacerse cargo el Estado es cuidado e informando adecuadamente. El compromiso del Plan es primero familiares después al público. Eso es siempre lo que estuvo en este caso. 

—¿Qué viene después de la resolución del caso?

—Primero, la certeza sólo la podemos tener dependiendo de cómo avancen las indagaciones del ministro (Álvaro) Mesa. ¿Cuánto tiempo va a pasar para eso? No lo sé. ¿Es una manera de enfrentar de modo triste la situación de un familiar? Sí, pero es una manera de reafirmar el compromiso con el Plan. Creo que ese es el tema clave. Es una situación difícil, compleja, sobre todo desde el punto de vista de la familia. Este es un caso donde uno tiene que poner énfasis en cuidar a la familia.

La situación sería completamente diferente si tuviéramos antecedente de que se entregaron datos fraudulentos. Lo que tenemos que evitar es que la familia sea víctima de esto. Yo, sin embargo, después de toda mi experiencia en la previa del Plan, incluso en estos días que han sido intensos, en los que algunos podrían haberlo aprovechado electoralmente de la peor manera, hasta ahora todo el mundo ha entendido que el Plan tiene un compromiso relativamente colectivo que reafirma la función del Plan, y sobre todo que reafirma la idea de la construcción de las trayectorias de los expedientes judiciales.

—¿Es menester preguntarse qué va a ocurrir con la pensión de la hija?

—Es un debate que es muy jurídico. En Chile hay una larga jurisprudencia sobre el beneficiario que de buena fe percibe ingresos de esas características, que requiere que quien lo perciba actúe de mala fe. Esa será una discusión distinta una vez que tengamos certeza o no, pero ella en la actualidad percibe una pensión legítima. Vuelvo a insistir: el rol fundamental del programa debiera ser cuidar a la hija.

—¿Cabe la posibilidad de que se le revoque?

—Dado que se otorgan legalmente, se retiran si incumple el presupuesto legal. La verdad, es una discusión antigua en el derecho. Ella estando con desconocimiento y en buena fe, hace que la situación de su pensión sea la menos relevante. La probabilidad de que la mantenga es muy alta.