Gonzalo Durán y desalojo del Campamento Dignidad en La Florida: “Vamos a tratar que la totalidad de la toma esté desocupada antes del término del Gobierno”

Al delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, no le gusta decir que lo que ocurrirá esta semana es un desalojo de la toma del campamento dignidad, en La Florida. Se refiere más bien a un retiro programado, porque asegura que el caso es antiguo, y que tras un proceso de más de un año trabajando con los habitantes de la zona.

Y es que el año pasado fue que se dictó el decreto declarando la inhabitabilidad de las viviendas en la zona y solicitando el auxilio de la fuerza pública para desalojar, momento en que junto al municipio, cuenta el delegado, intervinieron con las familias con la finalidad de saber su situación, realizar un catastro y ver quienes podían acceder a alguna solución al momento del retiro, como es el caso de quienes optarán por un subsidio de arriendo.

“Muchas familias ya están saliendo y en ese contexto es que hemos notificado que vamos a realizar este retiro, esta demolición de las viviendas, dado que además hay gente que ya está saliendo, la idea es ir avanzando progresivamente, pero a partir de esta semana, y por eso es que anunciamos que a partir de ayer se iniciaba el proceso y las familias tenían que retirarse del lugar”, comenta el ex alcalde de Independencia en conversación de The Clinic.

—¿Entonces ayer fue el plazo que le dieron a las familias para decirles que ya tienen que irse?

—Efectivamente. Es una cosa que se había notificado hace más de un año y durante todo este año hemos estado trabajando con las familias, individualmente y a través de los comités y con los distintos dirigentes. 

—Pero entonces va a haber un día y fecha exacto… 

—Por supuesto que se inicia el proceso de demolición de las viviendas, de inhabilitación del terreno, y eso por supuesto con el auxilio de la fuerza pública. Nosotros esperamos que no sea necesario, pero siempre se hace con auxilio la fuerza pública, porque alguien podría, eventualmente, decir ‘no, mire, yo no me quiero ir’, alguien podría resistirse, pero hemos trabajado con el propósito de que las familias vayan efectivamente saliendo de manera concordada, y además esperamos que un porcentaje importante de las familias, incluso aquellas que no de inmediato, puedan acceder a algún otro tipo de soluciones porque cumplen con requisitos legales y por tanto vamos a seguir apoyándolos aún cuando ya no estén en la toma. 

—Y este proceso de demolición, de retiro del material, ¿Se va a hacer en todas las casas un mismo día o va a ser progresivo?

—Lo que pasa es que la toma tiene más o menos 600 casas. Y esto es en una franja de 30 metros desde la ribera norte de la quebrada que es la que se ha definido como de mayor riesgo. Esto a partir de análisis y estudios hechos por distintos organismos especializados, incluidos el Sernageomin, y que tienen mayor riesgo aluvional. Toda la zona tiene que ser desalojada. Sin embargo, hay una franja de mayor riesgo, que es la franja donde ya en 2021 hubo una situación bien al límite de riesgo aluvional, en el contexto de que con el cambio climático estos son fenómenos completamente normales y posibles, y adicionalmente en el lugar donde se produjo hace algunos meses atrás un incendio. Esta franja está compuesta por 194 viviendas, de un total de más de 600. De manera que esto es una primera etapa.

—Entonces esa es la franja de la toma que se va a desalojar esta semana.

—Efectivamente.

—¿Y tienen la hora? ¿O no quieren decir el día y la hora?

—Estamos coordinando los detalles operativos entonces no hay día y hora exactos definidos, pero a partir de ayer ya notificamos que en cualquier momento esto se va a producir. Porque, por supuesto, nos importa notificar a las familias para que empiecen a hacer retiro del lugar. Hay familias que ya empezaron a salir. Y también queremos evitar que la gente salga de sus casas y después esas casas sean tomadas por otras personas y volvemos a un casero. De manera que aquí hay un trabajo destinado a resolver de manera definitiva esto. Y lo otro que creo que es bien importante decir, esto lo hacemos primero porque hay una obligación legal, pero segundo porque efectivamente hay una condición de riesgo grave para las propias familias que allí viven, tanto de riesgo aluvional como también de incendio estructural, y por eso es que con el propósito de proteger a las propias familias, a los niños, es que estamos desarrollando este proceso.

—Me contaba entonces que la toma son como 600 viviendas y estas son solamente 200 las que van a sacar ahora. ¿El resto de las viviendas cuándo serían desalojadas? ¿Dentro del próximo mes? ¿Las próximas semanas?

—Vamos a seguir trabajando a pasos agigantados con el propósito de seguir catastrando a las familias e ir avanzando por etapas. 

—Sí claro, pero ¿esas etapas tienen algún plazo? Por ejemplo, este mes, antes de que termine el año, antes de que sea el cambio de gobierno…

—Vamos a tratar que la totalidad de la toma esté completamente desocupada antes del término del gobierno, pero eso va a depender del trabajo colaborativo con el resto de las instituciones, con el propio municipio, va a depender, por supuesto, de las múltiples alternativas que vamos trabajando con las familias. Vamos a avanzar lo más rápido posible, pero siempre resguardando todos los factores que yo les he señalado.

“Hemos identificado situaciones de microtráfico en la toma, han habido balaceras, y eso también es un factor muy importante que exige nuestra intervención”

—¿Influyen las incivilidades que ocurren producto de la toma?

—Eso es una variable que por supuesto influye mucho. Las incivilidades y las molestias y afectaciones a los vecinos de los sectores residenciales aledaños, y también han habido situaciones delictuales de cierta complejidad. Hemos identificado situaciones de microtráfico, han habido balaceras, y eso también es un factor muy importante que exige nuestra intervención, porque aquí el Estado tiene que hacerse presente en un lugar donde ocurran este tipo de hechos. Sin embargo, nosotros no queremos estigmatizar a todas las familias de la toma, y por eso hemos sido cuidadosos en el sentido de decir que hay ciertas dinámicas delictuales, ciertas incivilidades, pero al mismo tiempo hay familias que han colaborado con el propósito de que esto se desarrolle normalmente.

—¿Y qué va a pasar con las familias que no puedan aplicar a un subsidio de arriendo? ¿Se van a un albergue?

—Hay distintas cosas. Una es familias que obtienen subsidio de arriendo. Otra es personas que, si quieren, vamos a disponer de un albergue, dispuesto por el municipio, con el propósito de que puedan estar allí mientras tanto, hasta que puedan efectivamente identificar algún otro tipo de solución. Muchas familias ya han coordinado para establecerse en sus redes familiares, en fin, cada uno tiene distintas opciones. Es decir, hay una combinación de factores que, en nuestra opinión, va a significar que esto se desarrolle con normalidad y siempre atendiendo la dignidad de las personas. Hemos trabajado con la Oficina Local de la Niñez, con el propósito de garantizar que no haya vulneración a los derechos de la infancia. Hemos trabajado para efectos de dar un tratamiento especial a personas con discapacidad, adultos mayores, coordinamos además con la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero al mismo tiempo hacemos cumplir la ley. De manera que hacemos las cosas, pero las hacemos con el máximo resguardo posible para tener la menor afectación. Y aquellas personas que eventualmente se predispongan a una conducta más de resistencia, obviamente que eso es lo que requiere el auxilio de la fuerza pública.