Las dudas que genera la acusación contra el juez Ulloa por posibles inhabilidades de diputados Cicardini y Manouchehri

El lunes de esta semana la Cámara de Diputados constituyó la comisión que revisará la comisión que revisará la acusación constitucional que presentaron diputados oficialistas contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

Sin embargo, en ese contexto, al interior de los pasillos del Congreso ha comenzado a surgir la duda de la idoneidad que tenían los parlamentarios que presentaron la moción en el Congreso, particularmente los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

Ambos parlamentarios tienen en común, además de ser militantes del Partido Socialista (PS), ser querellantes en el Caso Audio, la investigación judicial por la cual se ha indagado al abogado Luis Hermosilla, y por la que sus registros telefónicos han dado cuenta de vínculos de él con jueces, uno de ellos el propio Ulloa, cuestión que motivó el cuaderno de remoción que se abrió en su contra en la Corte Suprema, que no fue aprobado.

Fue a raíz de la indignación que hubo en los diputados PS que se llevó adelante la acusación constitucional en la Cámara, bajo el patrocinio de ellos dos. No obstante, algunos no pasan por alto que al ser impulsores de la acción cayeron en una inhabilidad que está expresada en la Constitución Política y en el reglamento de la corporación.

“Tienen un interés directo en el proceso (Cicardini y Manouchehri)”

Así lo ve Pablo Toloza, exconvencional constituyente de la UDI y representante del partido en varias causas connotadas, como el Caso Convenios.

Toloza, abogado de profesión, señaló a The Clinic que ambos diputados, al ser querellantes del Caso Audio, “tienen un interés directo en el proceso y a mi entender se encuentran inhabilitados para ejercer” la facultad de acusar constitucionalmente a magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Lo anterior lo ratifica con el artículo 5°B, inciso 1° de la ley N° 18.918 de la Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Allí se establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”.

Eso sí, ese mismo punto establece que “podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas o las personas mencionadas tengan en el asunto”.

Aunque, en todo caso, el artículo 346 N°2, letra b) del reglamento de la Corporación señala que los deberes asociados a la ética parlamentaria establece que, en pos de la mayor transparencia posible, le es exigible a los diputados “abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su fase previa de consultas e informes que, por su vinculación con actividades externas, de alguna forma puedan ser afectados por una decisión oficial o puedan comprometer su criterio o dar ocasión a dudas sobre su imparcialidad”.

En el Congreso se entiende que al ser Manouchehri y Cicardini querellantes en el Caso Audio, ese mismo antecedente los posicionan en la vereda de destituir a Ulloa. Para Toloza, además, la acusación constitucional podría vulnerar el artículo 76 de la Constitución Política, en donde se señala que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Esto último en consideración de que la causa penal que investiga a Ulloa sigue vigente y aún no se determina si hay culpabilidad ni condena.

En las bancadas de oposición ya han comenzado a conversar en torno a la posibilidad de solicitar un pronunciamiento a la secretaría general de la Cámara de Diputados para que tome postura al respecto.