El día que Sergio Yáber y la red de los “Muñeca Bielorrusa” intentaron fichar a la notaria Valeria Ronchera para anticipar fallos en la Suprema: “Me lo mandó a decir Ángela”

—Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Están en Estados Unidos? Cuando puedas, comunícate. Abrazos.

Es viernes 24 de mayo de 2019. A las 13.21, el conservador de Bienes Raíces Sergio Yáber le escribió ese mensaje por WhatsApp a la notaria Valeria Ronchera, a quien conocía de su época como notaria en Coquimbo.

Yáber necesitaba hablar urgente y lo demostró en una seguidilla de mensajes:

—Te estaba llamando porque me llamó Gonzalo (Migueles).

–Hay una causa tuya en tabla para el pleno de la Corte Suprema.

–Me pidió que te avisara, para que ocuparas la defensa.

–¿Hay alguna medida disciplinaria?

–Me urgí. Sorry por webiarte.

A las 15.32, sin entender del todo el contexto, Ronchera respondió:

–Hola, sí. Yo apelé. 

Yáber contestó enseguida:

—Pero me lo mandó a decir Ángela. Me quedo tranquilo entonces.

—Qué bueno, dile que gracias —respondió la notaria.

—Hoy la veré. Cualquier cosa avísame. Besos —cerró él.

Entonces, Ronchera le explicó que había apelado a un fallo por un caso de suplantación de identidad con cédulas falsificadas en su notaría, un hecho que ella misma había denunciado.

“Para que le ponga ojo la Ángela. Tengo varios votos a favor mío en la sentencia”, le escribió.

“Perfecto, le diré”, respondió el conservador de Puente Alto.

No volvieron a hablar hasta ocho meses después, en enero de 2020. Esa vez, fue la notaria—que tenía su oficina en calle Agustinas—quien le escribió a Yáber para consultarle por una escritura que había sido devuelta desde su conservador.

—Tanto tiempo, Valeria. ¿Cómo estás? Qué bueno saber de vose. Lo veo y te cuento.

Unos minutos después, Ronchera le envió una foto mostrando una argolla de matrimonio en su mano.

—Nos casamos… Hicimos algo privado.

—Ya lo sé. Se supo todo —respondió Yáber.

—Jajajaja, ¿cómo?

—Después habla con AV (Ángela Vivanco). Estaba súper sentida. Fue el 28/9.

—Siiii.

—Sí, supimos. Y Gonzalo (Migueles) me preguntó cien veces. ¿Te llegó el parte? Porque a Ángela no le ha llegado.

La conversación siguió. Ronchera quiso saber por qué Vivanco estaba “sentida”, si la ceremonia había sido íntima y familiar.

—Yo lo entiendo, amiga —respondió Yáber—. Pero sería bueno que lo converses con ella. Ella se siente muy amiga tuya. Y quien te apoyó para que en la Suprema no llegara a mayores lo tuyo.

—Ya lo veré —cerró la notaria.

A Ronchera no le calzó esa “cobrada emocional”, y prefirió cambiar de tema hacia un problema de salud de su padre.

Desde entonces, nunca más supo de esos “ofrecimientos” ni de los mensajes que, según Yáber, venían de la ministra Ángela Vivanco. Eso, al menos, hasta que hace semanas estalló la red de corrupción liderada por Gonzalo Migueles, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —hoy en prisión preventiva— y los conservadores Yamil Najle y el propio Sergio Yáber. En su declaración ante Fiscalía, Yáber entregó datos sobre otros notarios y conservadores presuntamente vinculados a la pareja de la exministra Vivanco.

Pero había más. En interceptaciones telefónicas al conservador de Puente Alto, realizadas por el OS.7 de Carabineros, el abogado habló de gestiones, llamados e incluso presuntos pagos para intentar salvar la situación del exministro Antonio Ulloa: desde intentos de cambio de votos con el ministro Arturo Prado en el cuaderno de remoción, hasta supuestos aportes económicos ligados al diputado republicano Cristián Araya —quien niega cualquier vínculo— en medio de la acusación constitucional.

“Fue impresionante conocer todos esos movimientos, y muchas cosas me calzan ahora”, comentó a The Clinic la notaria Valeria Ronchera, quien dice sentir una persecución desde las altas esferas del Poder Judicial tras la controversia generada por su política de modernización notarial. Por eso decidió transparentar estos diálogos: para demostrar cómo habrían intentado cooptarla en 2019 para obtener privilegios en la Suprema, de la mano de la ministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles.

“Me di cuenta, ahora viendo todo lo que está saliendo, de que efectivamente era como una oferta. Y si hubiese accedido, quién sabe en qué estaría ahora”, señaló Ronchera, quien añade que resulta extraño que una ministra de la Suprema estuviera pendiente de una apelación a un sumario, y más aún si “no somos amigas”.

The Clinic consultó a la destituida magistrada sobre estos nuevos antecedentes.

“Conocí socialmente a Valeria en una cena que Yáber invitó y a la que fue ella con su pareja y Gonzalo conmigo, hace muchos años atrás y después de eso no volví a ver ni tengo ninguna relación con Valeria y menos con sus causas”, sostuvo. 

Esa comida ocurrió en el restorán La Cabrera en Vitacura y fue organizada por Sergio Yáber cuando era notario de Coquimbo en 2018, porque estaba buscando apoyo para ser nombrado conservador de bienes raíces de Puente Alto. Incluso, en su declaración judicial, el abogado indicó que Vivanco le solicitó contratar a su pareja Gonzalo Migueles en caso de obtener ese nombramiento.

Valeria Ronchera al darse cuenta de lo que buscaba esa cena, que fue pagada completamente por Yáber, frenó nuevas invitaciones y le indicó que no se aprovechara de su rol como integrante de la Asociación de Notarios, pues en ese entonces ella estaba en la directiva del gremio.

Como ha sido su estrategia frente a denuncias de intervenciones en fallos y procesos en la Suprema, Ángela Vivanco negó algún nexo u ofrecimiento a la notaria Ronchera.

“Ninguna posibilidad en ayudar para avanzar en causas de pleno, porque eso lo veían los relatores con el presidente de la Corte”, dijo a este medio, la exvocera de la Suprema que enfrenta una querella de capítulos para determinar si el Ministerio Público la podrá formalizar en la denominada causa de corrupción y pago de coimas “Muñeca Bielorrusa”. 

Sin embargo, estos nuevos antecedentes revelados por The Clinic dan cuenta que Migueles y Yáber habrían iniciado la red de tráfico de influencias en 2018, el mismo año que Vivanco juró como ministra de la Suprema. Sospecha que fue confirmada por el Ministerio Público, cuyas diligencias ahora apuntan a revisar el comportamiento de la ex magistrada desde que asumió en el máximo tribunal.

Este viernes, además, la Corte de San Miguel dispuso la suspensión transitoria de Sergio Yáber sobre sus cargos de conservador y archivero judicial de Puente Alto. Situación que miran de cerca desde la Fiscalía de Puerto Montt, que podría pedir su detención prontamente.

Suspendida por nuevo sumario y con temor: Ronchera presentó una querella por amenazas 

Valeria Ronchera, abogada de la Universidad Central, es notaria desde 2003 y su oficina está frente al Palacio La Moneda. En septiembre de 2020 entró en una disputa con varios de sus colegas y algunos ministros del Poder Judicial por usar la firma electrónica con reconocimiento facial en trámites notariales. 

La mayor controversia la ha sostenido con el notario de la Segunda Notaría Pública de Santiago, Francisco Leiva, con quien ya no conversa, luego de denunciarlo en diferentes esferas por los líos que dejó su propuesta tecnológica. 

Desde que está en pugna con el abogado y hermano del diputado PS Raúl Leiva, Ronchera ha sido sometida a 18 investigaciones y cuatro sumarios administrativos desde la Corte de Apelaciones de Santiago. En todas ha sobrevivido, salvo en la última que le abrieron por un caso de suplantación de identidad y traspasos de propiedades millonarias que afectaron a varias personas, entre ellos al abogado Luis Aninat, quien perdió un terreno en Zapallar, avaluado en $1.400 millones, ocurrido en su notaría de calle Agustinas. 

La pesquisa quedó a cargo del fiscal judicial Jorge Norambuena, quien fue cuestionado por Ronchera porque estima que ha caído en faltas de objetividad en el proceso. Por ejemplo, lo ocurrido el 3 de octubre pasado cuando se presentó a declarar en la Corte de Santiago.

“Presenté una queja disciplinaria en contra del fiscal Norambuena porque fue bastante instigador. Desde mi visión, no ha estado sujeto al debido proceso. Quedó archivada y me encuentro ahora suspendida. Es como demasiado”, indicó la abogada. 

Consultado el Poder Judicial sobre la queja, se informó que “fue rechazada de forma unánime” por el tribunal pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y fue archivada, porque “la recurrente no apeló”.

Pero ese 3 octubre continuaron las situaciones extrañas. Tras regresar a la notaría, después de interrumpir la declaración por el sumario que se sigue en su contra, ingresó una llamada a la oficina cerca de las 13:20 horas. 

Fue contestada por una funcionaria, quien fue requerida por un hombre que no se identificó para obtener información sobre la familia de Ronchera y su rutina.

Todos estos antecedentes quedaron expuestos en una querella, que fue presentada días después, en el Séptimo Juzgado de Garantía.   

“Inicialmente solicitó información general de la notaría, pero acto seguido comenzó a pedir de manera insistente datos personales sobre mi persona y mi grupo familiar, preguntando si mis hermanas o hijas aún trabajaban allí. Ante la negativa de la funcionaria, el individuo elevó el tono de voz”, se lee en el documento. 

Valeria Ronchera sostuvo en el escrito que ha recibido “constantes amenazas de muerte” para que desista de promover la digitalización en la notarías del país. En ese contexto, no es la primera querella de Ronchera. En julio pasado, presentó una denuncia que podrían constituir delito de amenazas no condicionales, las cuales ha ido acumulando desde que empezaron sus problemas y disputas con notarios y ministros de la Corte Suprema por su propuesta tecnológica.  

La Fiscalía Centro Norte evitó referirse al caso, pero informó que las querellas de la notaria están en investigación vigente a cargo del fiscal Jaime Retamal, de la Unidad de Alta Complejidad. 

Las denuncias de Ronchera a la Suprema y Fiscalía que salpican a la red de Yáber y Migueles 

El 28 de octubre de 2024, Valeria Ronchera ingresó un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, con una serie de denuncias vinculadas a hechos de corrupción que “revelarían un comportamiento de notarios y magistrados que denotan un patrón de conducta en mi contra como notario titular de la 10° Notaría de Santiago”. 

A su juicio, el relato de antecedentes, se alejaban del “buen comportamiento, independencia, probidad y transparencia” que debían tener los magistrados y auxiliares de la administración de Justicia. 

El primer nombre apuntaba al ministro Arturo Prado Puga, quien dio cuenta a la relatora del pleno Graciela Gómez una nota de prensa del Poder Judicial sobre un plan piloto que ejecutó por primera vez una escritura pública en el marco de tramitación digital liderada por la oficina de Valeria Ronchera, en abril de 2020. 

Lo que llamó la atención de la notaria, y se lo subraya al ministro Blanco, es que esta especie de alerta, Prado la hizo el domingo 12 abril cuando se celebraba Semana Santa.  

Pero no es lo único. Tres días antes. Es decir, el 9 de abril-misma jornada que se publicó la noticia en la página del PJUD-recibió un whatsapp del notario Francisco Leiva advirtiéndole que ese actuar era irregular, ilegal e irresponsable. 

“Me parece peligroso por todos lados, incluido el futuro de nuestras funciones”, le dijo Leiva a Ronchera en la que le advirtió: “Si se llega a validar, es nuestro funeral”. 

Esa misma semana, también se sumó la asociación de notarios. En un correo gremial fechado el 15 de abril, se les indicó a los asociados que el documento firmado de manera digital no constituía escritura pública. 

Para Ronchera no quedaban dudas que este tren de cuestionamientos en todos los niveles ocurridos entre el jueves Santo y el miércoles 15 de abril, evidenciaban “una forma de actuar concertada entre las tres partes en orden a impedir que esta notario avanzara en un nuevo sistema digital”.

Sobre estas acusaciones, el ministro Arturo Prado ya había respondido hace un tiempo. En esa oportunidad indicó que decidió alertar al pleno porque desde su punto de vista la gestión digital se hacía inviable. “Mi único interés era poner de relieve esta situación. Es parte de mis funciones el cabal cumplimiento de las leyes“, comentó.

Frente a los nexos que tendría con el notario Francisco Leiva, el ministro Prado fue categórico en señalar que “no tengo ninguna relación con ellos ni entonces ni ahora”.

“Estamos en esto por lucro”: Los cuestionados chats que se archivaron

En el documento que hizo llegar al presidente Blanco, Ronchera también sumó una serie de irregularidades en los nombramientos como suplente de Francisco Leiva, en que además de ser notario titular, fue nombrado como conservador de bienes raíces de Santiago interino y archivero judicial suplente. 

Pero lo más sorpresivo quedó al final de esa denuncia “suprema”. Ese mismo año, en julio de 2020, recibió nuevos chats del notario Leiva por una participación académica que iba a tener Ronchera para seguir promoviendo la escritura pública electrónica. 

Sin una comunicación previa, Leiva escribió el sábado 11 de julio a las 21.25 horas una serie de comentarios, advirtiéndole los riesgos de ir a ese webinar para que los tomara como consejos pensando en el futuro de los notarios.

“Es mejor no hacer ruido, le hace daño al gremio, nos guste o no estamos en él y nos conviene que perdure”, lanzó Leiva. 

Incluso, le reveló que él también intentó modificar el sistema. 

“Hace años inicié los trámites para ser certificador electrónico. Al poco recorrer y después de gastarme 50 palos caché que no era negoció”, detalló el abogado en la conversación de chats.

En la denuncia, Ronchera sostiene que ese diálogo duró 21 minutos y que Francisco Leiva, al verse frustrado, le describió el sentido de ser notario:

“Estamos en esto por lucro no por otra cosa Valeria. Seamos claros. Nadie tiene vocación de notario”, finalizó. 

Con todos estos antecedentes, el pleno de la Corte Suprema resolvió enviar la documentación a la Corte de Apelaciones de Santiago para que evaluara una investigación. Sin embargo, ahí declinaron realizarlo, porque las denuncias alcanzaban a sus miembros. 

Así, el dossier fue evacuado a la Corte de San Miguel, donde tras analizar los informes, resolvieron archivar la acusación de la notaria y no dar curso a un sumario, en marzo de 2025.   

“Me encuentro sin protección institucional porque es la misma Corte la que tiene que resolver cualquier acción que yo presente. Seguiré ejerciendo las acciones hasta que me protejan. Se pasaron de cuatro a cinco pueblos de todas las garantías constitucionales de un debido proceso”, lamentó Ronchera.

Frente a estas duras acusaciones, el notario Francisco Leiva evitó emitir una declaración. Sin embargo, desde su entorno, indicaron que las aseveraciones de su colega no se ajustan a la verdad y que permanentemente usa el sistema para ocultar sus errores y problemas. 

Frente a sus vínculos con el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, ha negado tener nexos. Sin embargo, esa versión no se ajusta a la realidad. Una nota del medio Fastcheck dio a conocer que Yáber y Francisco Leiva fueron socios en una empresa creada en 2020 llamada Inversiones Emegeme SpA, la cual ninguno informó en su declaración de Intereses y Patrimonio.

A pesar de ello, una vez más, el Poder Judicial no aplicó ninguna sanción al influyente notario, que cada vez está más cerca y conectado de la red de los “Muñeca Bielorrusa, cuyas reuniones se organizaban casi siempre en dos restoranes: el Vaco y la Cabrera.

Funas, mensajes y un café con exfiscal Manuel Guerra 

Desde que denunció una suerte de “persecución” por su propuesta de digitalización digital en el sistema notarial, Valeria Ronchera ha tenido que lidiar con diversos momentos , los que califica como extraños, en su oficina de calle Agustinas. 

Visitas de personas que hacían de mensajeros. Entraban a su oficina, se sentaban y lanzaban sin tapujos: “¿Hasta cuándo van a seguir?”, “los sumarios no van a terminar si sigues dando entrevistas” o incluso ofrecimientos de notarias para su círculo cercano. 

Pero el momento más difícil lo vivió el 15 mayo pasado cuando de forma sorpresiva un grupo de personas irrumpió en la notaria para realizar una funa con carteles impresos a color, vuvuzelas y pitos. Estuvieron varios minutos interrumpiendo a sus clientes y sus trámites.

Lo curioso es que nadie entendía contra quién era la protesta. 

Las visitas con “mensajes” continuaron hasta que los primeros días de agosto recibió una comunicación que la sorprendió: se trataba del exfiscal Manuel Guerra que le pidió una reunión para hablar de algunos “temas”. 

Esa cita se concretó el 6 de agosto pasado en un café en Las Condes. Lo primero que le dijo es que quería conversar sobre su vinculación en el caso Primus, en el cual estuvo vinculada por una deuda con la firma de factoring. 

Tras intercambiar un par de antecedentes, Guerra sin ofrecer sus servicios como posible abogado, le preguntó por las denuncias que lleva contra el notario Francisco Leiva. 

“Fue sorprendente que me haya llegado un mensaje de Manuel Guerra. Me asustó”, reveló Ronchera, quien no dudó en preguntarle directamente al exfiscal la motivación de esta reunión a partir de las preguntas sobre Francisco Leiva. 

“Fue nebuloso, entonces obviamente terminamos la reunión que fue un café y bueno, nunca más supe de él. También es raro ¿Por qué aparece este café? Es porque son presiones de diferente manera, ¿mensajes que mandan?. Se vive con temor”, confesó.

Última carta: mail con denuncia de “grupo de operadores” a fiscal que investiga nombramientos en Poder Judicial

Valeria Ronchera sabe que puede estar viviendo sus últimos días como notaria titular de la 10° Notaría de Santiago. La suspensión por dos meses que recibió por el sumario que se lleva en su contra por suplantación de identidades podría desencadenar en su destitución. 

En su reemplazo quedó el notario Pablo Piedrabuena. En privado ha negado tener vínculos con el entorno de su colega Francisco Leiva, quien, además, es investigado como imputado en la arista “nombramientos” derivada del caso Topógrafos protagonizada por el ex juez Juan Poblete, indagado por espionaje a periodistas y denunciantes del fraude en el Ejército. Leiva es indagado por filtrar a Poblete informes reservados de su cuaderno de remoción.

A la espera de lo que resuelva el fiscal judicial Jorge Norambuena, la abogada determinó no quedarse de brazos cruzados e intentar una última carta ante los fallidos intentos que tuvo en la Corte Suprema para revisaran las denuncias contra Francisco Leiva y la “red de operadores” judiciales que manejarían los nombramientos en el Poder Judicial. 

En ese contexto, el 2 de noviembre, dos días antes que Ronchera fuera informada de su suspensión preventiva–algo que pocas veces ocurre en sumarios administrativos de la Corte–decidió escribirle un correo electrónico a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivanich, bajo el título: Aporta Antecedentes a Investigación Tráfico de influencia/ Grupo de Operadores.

En la comunicación, que aún no ha tenido respuesta, la notaria reitera el mismo tono que uso para reportarle al presidente de la Suprema Ricardo Blanco sobre la existencia de diversos hechos de corrupción en la que estarían involucrados un “grupo de notarios, ministros de corte de apelaciones de Santiago y la corte suprema”. 

El escrito, remarca su acusación contra el ministro Arturo Prado Puga, a partir de una escucha telefónica que dio a conocer T13 sobre intentos de Sergio Yaber para cambiar el voto del Supremo frente a la votación que definiría el futuro del entonces ministro Antonio Ulloa.

Ronchera sostiene que Prado está involucrado con el grupo de notarios que actúan como operadores.

“De los antecedentes que se acompañan al presente correo, queda de manifiesto que desde el año 2020 vengo denunciando irregularidades y conductas contrarias a la probidad funcionaria”, se lee en el correo electrónico. 

La notaria, además, está evaluando realizar lo mismo con la fiscal regional de Puerto Montt, Carmen Gloria Wittner, quien investiga a Sergio Yáber, Gonzalo Migueles y la ex ministra Ángela Vivanco. Esto, porque no tiene dudas que esa red la intentó “fichar” hace unos años como se da cuenta con las conversaciones reveladas en este reportaje.

“Estoy siendo hostigada, presionada. Tengo un notario designado. Es complejo”, reflexionó la notaria que no tiene dudas que todo los sumarios en su contra son parte de una persecución por insistir con las denuncias contra los ministros de Corte. 

“Al final, todo esto es por haber denunciado la corrupción. Y así uno queda en este minuto. Cuando uno se da cuenta, que lamentablemente, el Poder Judicial, que es el llamado a la protección institucional, está capturado por la corrupción, perdemos el estado de Derecho. Así de simple”, comentó a The Clinic, Valerian Ronchera.