Gobierno expropiará 100 hectáreas de megatoma de San Antonio para construir complejo habitacional para más de cuatro mil familias

Tras un largo periodo de disputa por los terrenos ocupados en la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela y la falta de acuerdo entre los dueños de los paños y el Gobierno, se solicitó formalmente expropiar el lugar, pese a los intentos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por buscar alternativas para evitar el desalojo de las más de 10 mil personas que habitan la toma.

Según información que pudo recabar The Clinic, el plan que elaboró el Gobierno se realizará por partes: primero se van a expropiar 100 de las 215 hectáreas. Este jueves se presentará un plan de desalojo y de expropiación, que contempla la elaboración de un complejo habitacional en el sector y el envío de las personas que habitan la toma a albergues municipales, lo que fue uno de los requisitos del fallo de la Corte Suprema.

Primero se comenzará por desalojar a las personas que viven en las quebradas y en lugares complejos, para después proceder con el resto de las familias. En la toma, cabe mencionar, viven cerca de 4.100 familias, y más de cuatro mil niños.

Las familias, de todas formas, se han organizado en cooperativas. Al menos 3.700 familias están en alguna de ellas, lo que representa al 90% de quienes habitan ahí. Ellas, quienes según las autoridades ya incluso han presentado sus ahorros, apoyarán con financiamiento el proyecto habitacional que se desarrollará en el lugar.

La inmobiliaria, de todas formas, ya anunció que este jueves comenzarán con el cercado del terreno.

Y es que este jueves culmina el plazo ratificado por la Corte Suprema para otorgar una solución al conflicto por los terrenos de la megatoma, por lo que el Gobierno también debe anunciar sobre los espacios que utilizarán para apoyar el proceso.

Según comentan desde las partes involucradas, en parte la razón por la que no hubo acuerdo entre el Minvu y los privados, es porque los dueños del terreno pedían que se les pagara 0,43 UF por metro cuadrado, mientras el Gobierno proponía 0,23 UF.

De todas formas, el monto por el cual se expropiará el terreno por parte del Estado, será determinado por peritos corresponsables que puedan aclarar el costo comercial del paño.

Dueños del predio acusan falta de contacto del Gobierno con los propietarios

Poco antes de conocerse esta noticia, el abogado de los dueños de los terrenos emitió una declaración en la que precisamente emplazaba al Gobierno a dar a conocer su estrategia de desalojo del sector, puesto que, acusaban, nadie se había contactado con los propietarios.

El abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira-Fonfach, dijo que estos “no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso de desalojo, que es de exclusiva responsabilidad del Estado”.

“Ninguna de las autoridades a cargo se ha contactado con los propietarios, a pesar de los numerosos intentos que han realizado, para obtener información del inicio del proceso de desalojo, según lo dictaminado por la Corte”, lee la declaración.

Y agrega que “una vez más el Estado abandona en la incertidumbre a estos propietarios, que desde el inicio de la toma de su terreno han realizado todo lo que ha estado a su alcance para recuperar su propiedad (…) en estos años, los propietarios han tenido la voluntad de concurrir a todas las peticiones que les ha hecho el Gobierno”.

Además, menciona que “hace una semana, nuevamente hubo reunión con el Delegado Presidencial, solicitándose una comunicación formal sobre el inicio del desalojo. Se acordó entonces que a más tardar el lunes 1 se nos informaría del inicio del proceso. Sin embargo, hoy a 48 horas del plazo establecido por la Corte no existe información alguna de parte de las autoridades“.