“Es un incentivo súper perverso”: Perito tasador acusa que terrenos de la toma de San Antonio fueron tasados por el Estado en 2020 en triple valor de lo que ahora ofertó el Minvu

La toma de San Antonio comenzó en 2018, y actualmente ya suma 10.251 personas aproximadamente, de los cuales 3 mil son niños, y cerca de 4.100 hogares en una extensión de 215 hectáreas.

Actualmente el Gobierno anunció la decisión, tras no llegar a acuerdo con las familias, de expropiar 100 hectáreas del terreno y así, junto a una parte de ahorros de miles de las familias que habitan la toma, construir un complejo habitacional.

Esta jornada ya se publicó el decreto 88 exento, donde se plantea que “un desalojo de esta magnitud constituye un problema habitacional”, y que “para ello se constituyó una comisión técnica encargada de reportar condiciones de venta de los terrenos ocupados, aunque las conversaciones finalizaron el 3 de septiembre sin acuerdos en materia de precio y garantías”.

En esa línea, se defiende que “no existen alternativas”, puesto que el Serviu no tiene otro terreno con la superficie requerida en la comuna, y que faltó acuerdo con el propietario: “Se ha mantenido en un valor de venta de los terrenos superior al respaldado por las tasaciones encargadas por Minvu existiendo una diferencia de aproximadamente 6 mil millones de pesos, sin perjuicio de la existencia dentro del procedimiento de expropiación de la opción de llegar a un acuerdo en el monto de la indemnización dentro del procedimiento expropiatorio”, lee el decreto.

Sin embargo, la decisión ha marcado un amplio debate, entre quienes critican que ello se traduce en que las familias de la toma “se saltaron la fila” en comparación a quienes llevan años esperando su casa propia, y quienes creen que la situación del lugar ya era insostenible.

Como sea, la razón por la que no hubo acuerdo entre el Minvu y los propietarios es porque Vivienda habría ofertado pagar 0,23 UF mientras que ellos demandaban 0,43 UF, lo que fue catalogado por el Gobierno como un precio exorbitante.

Sin embargo, el perito judicial tasador y asesor de la Amuch, Demetrio Benito Olas, hace hincapié en un hecho sustancial del caso. Y es que el único que puede expropiar un terreno es el fisco, y es un ejercicio que ya intentó hacer en 2020, con la finalidad de realizar una ruta de acceso norte al puerto.

En ese marco, es que existe una serie de informes de tasación al mismo rol, realizado por tres peritos encargados por el fisco, que tasaba el metro cuadrado en esa época en 0,95 UF aproximadamente, pero que castigaba el precio por tratarse de una toma, y lo disminuía a 0,75 UF.

“Esta expropiación no avanzó, se retotrajo la actuación, quedó sin efecto. Pero estos antecedentes valorativos son información pública y quedan como un dato”, explica el perito.

Y agrega: “Dijeron que costaba 0,9 UF, lo castigaron ellos mismos porque está tomado por un derecho que ellos mismos, que son quienes lo deben garantizar, no lo garantizaron. Están dispuesto a negociar a un valor menor a ese. No llegan a acuerdo y hoy día lo expropian en un valor que ellos consideran que es el valor del daño matrimonial causado, que es distinto a lo que consideraban hace cinco años, haciendo una venta forzada. Entonces es un incentivo súper perverso”.

—¿Y no puede haber habido un cambio en el sector, en la toma, que haya generado que el valor del suelo cambie? El calibre de la toma no es el mismo.

“Hay un activo que no se deprecia y es el suelo. El criterio que ocupó el fisco para expropiar y aplicar la minusvalía yo no lo había visto nunca, pero ya que lo tomó como criterio, es válido tomarlo si tú quieres reclamar un precio. Pero el terreno tiene hoy día una sentencia a firme ejecutoriada”.

Es en esa línea que plantea que “el Estado no está cumpliendo con su servicio, si el Estado hace bajar el precio por una falta de servicios que te debe garantizar y después te expropia a ese valor… Así no funciona el mundo. Entonces aquí lo que hicieron fue una jugarreta solamente para pasarle la pelota al otro gobierno”. 

Consultado el Ministerio de Vivienda, eso sí, desestiman la tasación.

“La información que circula sobre una supuesta tasación de 0,75 UF/m² para el terreno de la megatoma de San Antonio no corresponde a un documento oficial ni vinculante de esta cartera. Dicho valor fue parte de una propuesta de tasación preliminar que fue rechazada por incompleta e inconsistente con los estándares ministeriales, por lo que no existe ningún instrumento formal, resolución o acto administrativo que valide o respalde esa cifra. La información difundida corresponde a un borrador desestimado y no un documento oficial sancionado“, aseguran.