Muñeca Bielorrusa: Fiscalía pide formalizar por lavado de activos a conservadores de Puente Alto y Chillán Sergio Yáber y Yamil Najle por facilitar pagos a Vivanco

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, solicitó este miércoles al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de tres nuevos imputados en la arista conocida como “Muñeca Bielorrusa”. Se trata de Sergio Yáber Lozano, conservador de bienes raíces de Puente Alto; Yamil Najle Alee, conservador de bienes raíces de Chillán; y Harold Pizarro Iturriera, dueño de una casa de cambios.

Para el Ministerio Público, estas tres figuras habrían tenido un rol activo en el presunto esquema de lavado de activos que permitió canalizar un pago irregular destinado a la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles. La solicitud se suma a las imputaciones ya dirigidas contra Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, dejando como única formalización pendiente la de la propia ex Suprema.

El pitufeo en la arista muñeca Bielorrusa

Las diligencias que hoy sustentan esta formalización se remontan al seguimiento que la fiscalía hizo de un cheque por $45 millones, el cual habría sido entregado como parte del pago irregular para favorecer los intereses del consorcio Belaz Movitec en causas que se encontraban en análisis de la Corte Suprema. Ese cheque, según la investigación citada en The Clinic, fue depositado a nombre de un tercero ajeno a los hechos, utilizado como fachada para ocultar el origen real de los fondos y dificultar su trazabilidad.

Una vez ingresado al sistema bancario, el dinero fue llevado a la casa de cambios de Harold Pizarro, quien habría sido el encargado de convertir el cheque en efectivo. Esta operación —habitual en maniobras de lavado de activos— permitió cortar el rastro electrónico del pago y habilitar su redistribución mediante transferencias sucesivas. Según la fiscalía, Pizarro habría ejecutado esa transformación y luego remitido los montos a cuentas que el Ministerio Público vincula directamente con el círculo cercano a Gonzalo Migueles.

Desde la casa de cambios, parte de esos recursos llegó a manos de Sergio Yáber, conservador de Puente Alto. Para los investigadores, la inclusión de Yáber en la cadena no fue accidental: su nombre aparece reiteradamente en comunicaciones y documentos asociados a Migueles, lo que permitió a la fiscalía concluir que actuó como un eslabón intermedio para dispersar el dinero y continuar el proceso de ocultamiento financiero.

Posteriormente, Yáber habría transferido una fracción del monto a Yamil Najle, conservador de Chillán. Najle, según la tesis del Ministerio Público, operó como la siguiente etapa del mecanismo, realizando nuevos envíos fraccionados que continuaron diluyendo el origen del dinero hasta llegar a cuentas asociadas a Migueles. Esa secuencia —conversión en efectivo, reenvíos sucesivos y fraccionamiento de los montos— configura, de acuerdo con la fiscalía, un típico esquema de “pitufeo”, técnica utilizada para desarmar el rastro de operaciones ilícitas mediante múltiples movimientos pequeños.

“Desde el primer momento hemos estado disponibles a colaborar con todas las instancias investigativas que se requieran. La solicitud de la Fiscalía nos permitirá conocer más antecedentes y poder dar cuenta que Sergio Yáber no ha cometido ninguna de las irregularidades que se le atribuyen”, indicó Marcelo Hadwa, abogado del conservador de Puente Alto.

La relevancia de esta arista para el caso es central. Para la fiscalía, la reconstrucción completa de esta ruta del dinero es la pieza clave que permitiría acreditar que el pago a Vivanco y Migueles no fue un movimiento financiero aislado, sino parte de una maniobra diseñada para influir en fallos judiciales. Aunque la ex ministra ha negado cualquier participación, el Ministerio Público sostiene que la triangulación detectada entre Migueles, los conservadores y la casa de cambios es incompatible con operaciones legítimas y apunta a un circuito deliberado de ocultamiento patrimonial.

El avance de la causa deja como única incógnita la fecha en que el tribunal resolverá si formaliza también a Vivanco. Esa decisión marcará el tono del impacto institucional del caso, considerado por los investigadores como uno de los escándalos más graves que ha enfrentado el Poder Judicial en los últimos años.