Contraloría detecta irregularidades en compra de casa por parte de Gore de Magallanes y consejeros amenazan con pedir la destitución de Jorge Flies

Un senador, un diputado y seis consejeros regionales de Magallanes, entre otras personas particulares, son las que aparecen como firmantes de una denuncia llevada a Contraloría contra el Gobierno Regional de Magallanes, liderado por Jorge Flies, en la compra de un inmueble en diciembre de 2024 con el fin de entregarlo como comodato al programa Mejor Niñez, ex Sename.

Ayer 1 de abril el ente que dirige la contralora Dorothy Pérez hizo envío de su dictamen a los incumbentes, en el que se da cuenta de múltiples irregularidades graves en la compra de la casa denunciada por el senador, el diputado y los consejeros regionales.

El reproche surge a partir de que la adquisición se hizo sin licitación pública y sin justificación pertinente sobre el uso de trato directo, vulnerando la normativa vigente respaldada en el documento.

Asimismo, pese a que el Gore fundamentó su decisión en normas administrativas, la Contraloría detectó que estas no correspondían, pues no responden para un órgano descentralizado como un gobierno regional.

En concreto, sostuvo la Contraloría, “no procedió a realizar la licitación pública requerida ni justificó (…) el trato directo”, por lo que el actuar del gobierno regional “no se ajustó a derecho”.

A su vez, el inmueble no contó con respaldos técnicos ni antecedentes completos para su compra, por lo que la evaluación fue determinada como inconsistente. Por ejemplo, se sostuvo que la casa “se desarrolla en dos niveles, pero mantiene comprensión total del inmueble”, cuando en realidad la vivienda tenía tres pisos y construcciones independientes del inmueble principal.

“Dicha selección no resultó procedente en base a los antecedentes”, determinó el órgano fiscalizador.

El dictamen también cuestiona las tasaciones realizadas por dos arquitectas, las que no presentaron evidencia suficiente —”evidencia objetiva”— para cifrar el valor de la casa entre los 22 mil y las casi 24 mil UF.

Por otro lado, también se marcó el punto sobre un posible conflicto de interés por el vínculo indirecto que el gobernador Flies tenía con Sergio Vera, el vendedor del inmueble, quien un mes después de la escritura de la casa a nombre del gobierno regional —registrado el 6 de diciembre de 2024—, celebró un contrato de compraventa con la Sociedad de Servicios Neurológicos Magallanes Limitada, sociedad de la que forma parte la pareja del gobernador.

A su vez, en 2025 Flies interpuso una querella por injurias y calumnias en contra de algunos consejeros regionales por las denuncias que realizaron a la Contraloría reprochando la compra de la casa. Sin embargo, esta fue representada por abogados que integran el gobierno regional de Magallanes, por lo que la Contraloría consideró que, dado que se acreditaron las irregularidades sobre las cuales versaban las denuncias de los consejeros, “no resulta procedente que se financie con recursos públicos la respectiva acción judicial” de Flies.

Por lo mismo, la Contraloría solicitó que los abogados cesen sus funciones de representación del gobernador, a la vez que este último “reintegre las sumas equivalentes a los servicios prestados en su defensa”, en un plazo de 20 días hábiles.

El ente fiscalizador determinó que se debía instruir directamente con procedimientos disciplinarios, a la vez que derivó los antecedentes de las irregularidades al Ministerio Público para ser utilizados para lo que se estime pertinente. Es decir, judicializar el caso, si es que lo amerita.

El consejero regional Rodolfo Aracheta, uno de los autores de la denuncia, dijo esperar que la Contraloría “resuelva rápidamente los procesos disciplinarios iniciados”.

“El informe es contundente en constatar las ilegalidades en las que participó Jorge Flies. Luego, si hay mérito, evaluaremos un proceso de destitución por este y otros antecedentes”, aseveró el core, para lo cual recurrirían al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), siguiendo el mecanismo establecido por ley para efectuar destituciones a los líderes regionales.

Asimismo, Aracheta sostuvo que “desde una perspectiva penal, el gobernador se querelló contra los consejeros por injurias utilizando recursos públicos, lo que fue declarado ilegal por la contraloría. Esto podría configurar diversos delitos, por lo que analizaremos las acciones para perseguirlos”.

A la vez, pidió la anulación de la compra del inmueble cuestionado.