Deudor del CAE logra suspender embargo tras recurso contra la Tesorería que fue acogido por la Corte de Talca

La decisión del Ejecutivo de comenzar a cobrar a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado gran polémica y a lo largo del país se han presentado múltiplos recursos de protección tratando de impedir el cobro por parte de la Tesorería General de la República (TGR), aunque no todos han tenido éxito.

Si bien han habido negativas, en esta ocasión la Corte de Apelaciones de Talca acogió a trámite un recurso de protección presentado por este tema, en que se declara que el embargo es ilegal y arbitrario.

La acción judicial fue interpuesta por un curicano que acusó que la dictación y ejecución de un mandamiento de ejecución y embargo en su contra vulnera garantías constitucionales, al no considerar su situación económica actual.

En su resolución, la Corte concedió la orden de no innovar solicitada por el deudor, que es lo que finalmente frena el cobro mientras se analiza el fondo del caso.

Además se solicitó a la Tesorería elaborar un informe en un plazo de ocho días, remitiendo todos los antecedentes disponibles sobre el proceso de cobro.

Los argumentos esgrimidos por el denunciante en el recurso

Según se detalla en el recurso, el recurrente percibe un ingreso líquido mensual de $1.600.000, del cual más de la mitad ya se encuentra comprometido en obligaciones como pensión de alimentos y dividendo habitacional, además de mantener a dos hijos como carga familiar. En ese contexto, sostiene que la medida de embargo resulta desproporcionada y pone en riesgo su subsistencia y la de su familia.

El escrito también plantea la eventual vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en la Constitución.

En su presentación, el afectado solicitó que se ordene la suspensión inmediata del embargo y que se adopten medidas de cobro proporcionales a su capacidad de pago, además de una orden de no innovar mientras se tramita el recurso.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal de alzada resolvió acoger a trámite la acción, dando inicio al proceso judicial que deberá determinar si existió actuar ilegal o arbitrario por parte del organismo fiscal.

El caso se suma a otros intentos de deudores del CAE por frenar medidas de cobro forzoso, en medio del debate sobre la situación de quienes mantienen este tipo de obligaciones y su impacto en las finanzas personales.