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Comisión asesora entrega conclusiones al ministro Grau y la directora de Presupuestos

Negocios

28 de Abril de 2026

Comisión de Boric mencionada por Quiroz para explicar el oficio de Hacienda propuso descontinuar gastos, pero no los de alimentación escolar

El informe de dicha comisión señala que el Estado debe ejecutar de manera ineludible el programa de alimentación escolar: "Por tratarse de un programa para el cual no existe oferta programática para resolver el problema de política pública".

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Con muy poca exposición pública la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó en septiembre del año pasado sus conclusiones al ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Hoy este trabajo está en el ojo del huracán, ya que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, la ha mencionado en reiteradas ocasiones para justificar algunas medidas como limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años, y ahora para explicar el uso de la palabra descontinuar del oficio enviado a los ministerios, que generó bastante polémica pues entre las propuestas estaba descontinuar el programa de alimentación escolar.

Pero lo cierto es que si bien la Comisión propuso “descontinuar” -usando la misma palabra- algunos programas con pocos recursos o que no cumplían los objetivos, fue muy explícita respecto al programa de Junaeb. “Se observa también, que el 88% del gasto monitoreado se encuentra vinculado a aplicaciones de leyes permanentes u otras funciones relevantes que el Estado debe ejecutar de manera ineludible como, por ejemplo, el programa nacional de inmunizaciones o los programas de alimentación escolar”, señala el informe de 66 páginas.

Es más, en el informe detallado en un archivo Excel con la revisión de cada uno de los programas indica: “Para el  Programa de Alimentación Escolar y el Programa de Extensión Horaria no consideran recorte de recursos”; “Excepción por tratarse de un programa para el cual no existe oferta programática para resolver el problema de política pública”.

Hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en radio Infinita indicó que el oficio enviado para la formulación del Presupuesto para el próximo año ocupa palabras “que a lo mejor no son perfectas”: “Respecto a la palabra descontinuar, que causó batahola; además de estar mencionando los mismos programas que mencionó la comisión asesora para reformas estructurales al gasto público de septiembre de 2025 del ministro Marcel donde le recomendó bajar el gasto, estamos ocupando sus mismas palabras de esa comisión. Es en el mismo sentido que estaba en la comisión asesora”.

Luego indica que era una recomendación para los ministerios “que significa revisar la continuidad de un programa en este contexto, en la línea de lo que dijo la comisión asesora del gasto, es una recomendación para que ese programa, que estaba diseñado para cumplir una política pública, sea rediseñado y descontinuado en su diseño vigente”. Y en esa categoría, manifestó estaría el programa de Alimentación Escolar: “por lo tanto es rediseñar para alcanzar los mismos objetivos. Ahora, el que más causó extrañeza fue Junaeb. Y la verdad es que a mí me causa extrañeza que cause extrañeza. ¿Y por qué le digo? …porque una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que presenta fallas estructurales de diseño y control, estructurales de diseño”.

Qué es la comisión del gasto y qué propuso a Hacienda

Esta comisión fue convocada por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, durante la época de mandato de Mario Marcel con el fin de “elaborar propuestas técnicas y ampliamente respaldadas que permitan reducir, contener y racionalizar el uso de los recursos públicos”. Fue presentada oficialmente el 5 de mayo de 2025 y estaba integrada por cinco especialistas: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga.

Tras cuatro meses de trabajo, la Comisión entregó 34 propuestas al titular de ese momento, Nicolás Grau, organizadas en siete áreas de trabajo: educación, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales.

Las propuestas 24, 25 y 26 se refieren a la racionalización de la oferta programática.

La número 24 plantea la discontinuidad de programas públicos que presentan un desempeño insatisfactorio o por bajos niveles de cumplimiento de objetivos tras evaluaciones ex post y que en tres siguen presentando debilidades. Observaron en esta categoría 48 programas que “no justifican su continuidad en la modalidad actual”, con un potencial de menor gasto de $388.445 millones.

La propuesta 25 se refiere a la posibilidad de discontinuar o fusionar programas con presupuestos muy bajos (menos de $1.000 millones) y escasa cobertura, o con altos costos administrativos relativos. “En total se propone que dejen de operar bajo sus esquemas actuales 76 programas públicos con un potencial de menor gasto de $26.545 millones.

En la propuesta 26 se cambia el verbo a “condicionar” los recursos para programas con debilidades reiteradas, asignando solo una fracción de sus recursos (70%) hasta superar observaciones. “Y de persistir los resultados de bajo impacto por dos años, podrían ser descontinuados o fusionados, con verificación por CNEP o la futura Agencia de Calidad de Políticas Públicas”, indican.

La Comisión indica que en 2024, la oferta programática del Estado (programas sociales y no sociales), alcanza un total de 706 iniciativas, con un gasto ejecutado equivalente al 44% del Presupuesto de la Nación. Constata que el 80% del gasto se concentra en solo 152 programas, principalmente en los sectores de educación, trabajo y vivienda. En particular, los 20 programas más relevantes, entre ellos la Pensión Garantizada Universal (PGU), las subvenciones escolares, la gratuidad en educación superior y el subsidio al transporte público, concentran más del 71% del presupuesto total.

Respecto de la oferta fragmentada señala que 554 programas concentran solo el 20% del gasto programático, y que se identificaron 292 programas con ejecución anual inferior a $2.000 millones, 184 de ellos con ejecución incluso menor a $1.000 millones anuales,

Y destaca: “Se observa también, que el 88% del gasto monitoreado se encuentra vinculado a aplicaciones de leyes permanentes u otras funciones relevantes que el Estado debe ejecutar de manera ineludible como, por ejemplo, el programa nacional de inmunizaciones o los programas de alimentación escolar”.

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