Perfil a la fiscal de la “Muñeca Bielorrusa”: los episodios que marcaron el ascenso de la persecutora que tiene en la mira a conservadores, jueces y parlamentarios

La ruta Puerto Montt-Santiago se ha convertido en un tránsito habitual para la fiscal Carmen Gloria Wittwer durante el último año. Más aún, las últimas cuatro semanas, en el que los aeropuertos se han convertido en su oficina por algunos momentos: reuniones reservadas, allanamientos e interrogatorios han marcado la posta que asumió para convertirse en la persecutora del momento.

De rostro cordial y cercano, pero con una rudeza interna le ha permitido transitar con aciertos y errores el caso más importante de su carrera: “La Muñeca Bielorrusa”, que investiga cohecho reiterado, prevaricación, tráfico de influencia y un complejo entramado de lavado de dinero vinculado a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Esos yerros se hicieron evidentes en las largas jornadas de formalización, a comienzo de noviembre, que involucraron a la pareja de la exjueza, Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Durante el proceso, la fiscalía tuvo que solicitar diligencias a medida que la jueza Michel Ibacache realizaba reparos a los antecedentes imputados. “Es la primera vez que veo que en una audiencia de formalización se incorporen nuevas diligencias“, indicó la magistrado.

Lo que fue ratificado por los abogados defensores. “Están mejorando su caso en la audiencia”, dijo Sergio Contreras, por la parte de Mario Vargas. Sin embargo, la misma jueza Ibacache, al resolver la prisión preventiva, dio un giro, dando por acreditado lo revelado por el Ministerio Público y lanzando duras críticas a la red compuesta por los imputados al señalar que los fantasmas de corrupción al interior del Poder Judicial se hacían realidad con las pesquisas realizadas por la fiscal Wittwer.

Que esta causa haya recaído en su oficina no es cosa del azar o descarte. Su jefe, el fiscal nacional Ángel Valencia ha construido un buena relación con Wittwer, quien le ha demostrado “mucha seriedad” en las otras misiones complejas asignadas.

Antes de asumir “Muñeca Bielorrusa”, recibió el caso “Cuentas Corrientes”, cuyos tentáculos alcanzaron a más de 70 municipios. Incluso, a tres alcaldes de la Región del Ñuble, los dejó en prisión preventiva por las imputaciones de fraude al fisco. 

Esto le valió, también, que el fiscal Valencia le dejara en sus manos el destino del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por su vinculación con los chats de Luis Hermosilla y las redes de tráfico de influencia y la revelación de causas reservadas al influyente abogado. 

Tras casi un año de pesquisas, lo formalizó en octubre pasado luego de que la Corte Suprema aprobara la querella de capítulos presentada por Carmen Gloria Wittwer. 

“No le resulta indiferente la sobrecarga laboral ni la responsabilidad. No le hace el quite, porque se lo toma muy en serio. Es muy comprometida”, comentan desde el búnker de la Fiscalía Nacional, donde tienen plena confianza en la fiscal jefe de Los Lagos. 

Y señalan, además, que esa “complicidad” con la jefatura comenzó a forjarse a inicios de 2023 cuando Wittwer le planteó a Valencia las dificultades que tenía en su zona por las redes del crimen organizado –encarnado en el Tren de Aragua– con imputados que no tenían cómo identificarlos, pues poseían entre dos a tres identidades falsas para evadir la justicia.

En ese diálogo –cuentan conocedores– la fiscal le ejemplificó con el caso de un colombiano que era investigado por el homicidio de un ciudadano dominicano en la salida del mall de Puerto Montt, en 2019. El imputado estuvo tres años prófugo y su escondite no era un refugio sino que sus diversos nombres falsos. “Sólo dependemos de la memoria de los fiscales“, le indicó en ese momento.

Incluso, esa misma experiencia tuvo la posibilidad de cantársela al entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, en medio de una actividad, para que el Ejecutivo tomara nota de las necesidades y cambios legales que se empezaban a requerir en materia penal.   

Según cercanos al fiscal Valencia, el aviso de Wittwer sumado el crimen del cabo de carabineros Daniel Palma dio origen al denominado “Criterio Valencia”, que derivó en que los persecutores pudieran pedir la prisión preventiva de todos los imputados, chilenos o extranjeros, que no se les pueda corroborar la identidad. Con esto, para evitar fugas o mantener caminos de impunidad en delitos del crimen organizado. 

Esta decisión causó amplio debate entre políticos y jueces. Primero, partió sólo en la Región Metropolitana y luego se amplió a regiones, donde en Los Lagos se cuadraron de inmediato. 

En la Fiscalía Nacional destacan que a pesar de los obstáculos, el “Criterio Valencia” logró convertirse en Ley el año pasado al modificarse el Código Procesal Penal. 

Vivero con flores, novelas sobre Roma y especializada en temas de género

Carmen Gloria Wittwer, 52 años, ha estado casi toda su vida en la Décima Región. Nació en Puerto Varas el 28 de mayo de 1973. En esa misma ciudad estudió la educación básica en el Colegio Alemán. Mientras que la media, la hizo en el mismo establecimiento, pero en Puerto Montt.

A los 18 años, partió a Valparaíso para estudiar derecho en la Universidad Católica del puerto. A los 20 años, se casó con Andrés Amengual en Viña del Mar, cuyo matrimonio terminó en 2017. Tras obtener el título de abogada, decidió regresar a su ciudad de origen para estar cerca de su familia. 

Su primer trabajo formal lo consiguió en la Corporación de Asistencia Judicial en Puerto Montt para luego continuar en el Servicio Nacional de Menores. En medio de esas jornadas decidió especializarse en dos áreas: el derecho penal y en materias de género. 

Las personas que la conocen destacan su pasión por las flores. En su casa tiene un pequeño vivero, donde le gusta cultivar suculentas y azaleas. No duda en comentar que ese es un “gran hobby” al que le pregunta. En sus tiempos libres también dedica tiempo a la lectura: las novelas sobre la Roma antigua se juntan en su biblioteca personal. 

Como el tema “penal” siempre le interesó, la reforma al sistema de justicia chileno lo miró con atención. Tras especializarse en la “justicia nueva”, postuló al Ministerio Público en 2003. Le fue bien, pues la experiencia que adquirió como abogada querellante del Sename, le permitió ser asignada como fiscal adjunto en Puerto Varas. 

Pero si pensó que había visto cosas horribles en su paso por el servicio de menores, a los dos años como fiscal, un caso de violencia intrafamiliar marcó su carrera y su manera de liderar las investigaciones. 

En 2005, le tocó indagar una brutal agresión a una mujer, quien sufrió la rotura de un ojo a manos de su marido. Con el paso de las semanas, la víctima comenzó a desvanecer la intensidad de la denuncia hasta que en medio del juicio terminó por decir que “todo correspondía a un accidente” y no a la acción violenta de su pareja. 

Sin embargo, la fiscal Wittwer mantuvo la convicción, entendiendo que la víctima había cambiado la versión por “miedo” y logró que el Tribunal condenara finalmente al agresor. 

“Desde ahí que tengo el tema de violencia de género muy arraigado. He seguido estudiando y perfeccionándome en el tema, porque me interesa mucho. Hay mayor conciencia, más campañas”, señaló la abogada en una entrevista hace varios años. 

Cuatro años después, en 2009, dejó la primera línea y se convirtió en abogada asesora de la fiscalía regional que en ese momento estaba a cargo de Marco Emilfork. El desempeño de Wittwer permitió su ascenso como jefa de la unidad jurídica de esa misma Fiscalía, en 2012. 

El ascenso a fiscal regional y sus primeros casos emblemáticos: fraude al bono clase media, cuentas corrientes y el Tren de Aragua

El 4 de septiembre de 2019, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt envió su terna al entonces fiscal nacional Jorge Abbott para reemplazar al renunciado persecutor Marco Emilfork. El listado lo lideró Carmen Gloria Wittwer, quien había conseguido tres votos. La abogada sentía que era su momento de llegar al máximo puesto en su zona.

Un mes después, Abbott decidió darle la responsabilidad a Wittwer, quien se convertía en la primera mujer a cargo de la Fiscalía en Los Lagos. Algo no menor para ella, quien había dedicado los últimos años a potenciar las nominaciones de mujeres en puestos de poder. 

El día de su asunción y tras el acto protocolar de recibir la piocha institucional que marca al “jefe” máximo en cada sede regional, se comprometió a llevar con “prudencia, convicción y conciencia” las acciones investigativas del Ministerio Público. 

Así, la primera “gran misión” que tuvo fue recibir fue un sartén caliente que venía desde el Ministerio de Hacienda que en 2020 comandaba Ignacio Briones en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Tras la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos había detectado que más de 437 mil personas habían obtenido de manera fraudulenta el bono clase media que se había creado para enfrentar la crisis sanitaria. La causa no tuvo mucho movimiento, pues gran parte de los denunciados terminaron devolviendo el dinero.

Pero en 2023 comenzaron los “verdaderos desafíos” de su gestión por el alza de la corrupción política. Aunque el crecimiento del crimen organizado también requería atención y diligencias rápidas: la causa denominada “Hermanos Cartier”, una célula del Tren de Aragua, estaba instalada en Puerto Montt ejerciendo una batería de delitos asociados a narcotráfico, secuestros y trata de blancas. 

En vez de abrumarse, la fiscal Wittwer comenzó a transmitir a sus persecutores que la receta para el éxito sólo estaba en “formar buenos equipos”.

Una frase que hasta el día de hoy menciona en privado. 

La primera causa grande que recibió del fiscal Ángel Valencia fue la llamada “Cuentas Corrientes”, un esquema de fraude y soborno que afectaba a 19 municipios del país y cuyas esquirlas estaban salpicando a otros 50 bajo un esquema de corrupción que alcanzaba más de mil millones asociados a la contratación de una empresa: Gestión Global. 

Pero, en paralelo, también explotaba otro caso: la arista regional del Caso Convenios. Las sospechas recaían en los movimientos del entonces gobernador Patricio Vallespín–hoy radicado en México– por autorizar más de mil millones a la fundación Kimún, ligada al expresidenciable de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, quien fue detenido el 4 de agosto de 2023.  

Y como si no fuera suficiente, el entonces alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, también estaba en los radares por una investigación de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, lo que derivó en allanamientos a las dependencias municipales, en septiembre de ese mismo año. 

Es ahí que empezó a tomar un rol gravitante el fiscal Marco Muñoz, quien se ha convertido en el hombre de máxima confianza de Wittwer tras estar presente en todos los casos mencionados y con diligencias exitosas. A pesar de un lío interno que tuvo con un “compañero” de oficina.

Caso Convenios: un “espía en casa”

La investigación en la Gobernación Regional de Los Lagos fue como un boomerang para la fiscalía en Puerto Montt. La causa se abrió formalmente el 29 de junio de 2023. Ese día, la fiscal Wittwer sin conocer los alcances de la indagatoria sostuvo que estaban investigando dineros entregados a tres fundaciones y que “había situaciones irregulares”, pues las transferencias mostraban un doble monto.  

Así, una de las diligencias clave en el GORE fue la incautación del teléfono de Viviana Godoy, administradora regional y mujer de alta confianza del gobernador Vallespín. 

Si bien el análisis de los teléfonos, permitió obtener pruebas suficientes para detener a Diego Ancalao por el fraude y lavado usado en su fundación Kimún, las esquirlas también llegaron a la Fiscalía, generando uno de los peores momentos en la gestión Wittwer. 

La PDI había detectado comunicaciones de WhatsApp entre Viviana Godoy y el fiscal Marcello Sambuceti, quien le habría entregado información relevante de la causa, a cargo de Marco Muñoz, y algunas estrategias de corte jurídicas para evadir la acción del Ministerio Público. 

Esto fue un mazazo para la fiscal Wittwer y su equipo. Pero su mano no tembló. A su gente de confianza les dijo que esto era un “hecho muy grave” y que traicionaba todos los límites “éticos” de un funcionario de carrera de la institución.

Por ello, el 1 de agosto de ese año, instruyó un sumario administrativo y la suspensión contra Sambuceti por la gravedad de los antecedentes. En el entorno de la fiscal regional comentan que además de la molestia había decepción por el actuar del persecutor de Foco y Análisis, a quien–de todas formas–tenían entre ceja y ceja por otros comportamientos. 

“Comenzó a frecuentar los espacios de poder político, porque tenía otros intereses para su futro”, indicaron personeros que conocieron de esta trama. 

Pero la situación era más compleja de lo que se veía en la interna. Marcello Sambuceti no era un fiscal cualquiera para acusarlo de “corrupción”. Su señora, Lorena Meza, era fiscal en la región y su suegro–padre de la persecutora– era Jaime Meza Sáez, ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

“Una situación muy compleja”, reconocieron cercanos a la persecutora regional.

Esta escena de un “espía” en casa se convirtió en una guerrilla. Sambuceti ofició a Wittwer para suspender al fiscal Muñoz por haber analizado conversaciones que escapaban a la fundación Kimún, lo que fue denegado. Esta acción, indicaron conocedores de la crisis, impactó más, pues ambos fiscales tenían oficinas pegadas. Por lo que sospechan, que Sambuceti habría espiado desde el día uno para “salvar” al gobernador Vallespín. 

El cuestionado fiscal escaló más la tensión al presentar un recurso de protección contra su compañero de oficina, Marcos Muñoz, y su jefa Carmen Gloria Wittwer. Como uno de los ministros de Corte era su suegro, el caso se tuvo que trasladar a la Corte de Valdivia. 

En medio de esto, se abrió una causa penal que recayó en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancih, la cual hasta el día de hoy está vigente y en curso. Esto, preocupó a Marcello Sambucetti, quien habría negociado terminar la disputa con el retiro del recurso de protección a cambio de que le aceptaran la renuncia voluntaria. Acción que fue visada por el fiscal Ángel Valencia, quien ha justificado la decisión al mencionar que Sambucetti ya no está en la institución.

“Puede que haya entendido que si seguía podía ser destituido. Y eso en la práctica, eran cinco años sin poder ejercer cargos públicos”, comentaron desde el Ministerio Público. 

Si bien con la salida de Sambucetti bajó la tensión interna en la Fiscalía de Los Lagos, el tema volvió a subir hace unas semanas. La Fiscalía Nacional informó la remoción de la esposa de Sambucetti, Lorena Meza, quien se desempeñaba como fiscal en Puerto Varas. El informe de la contralora Dorothy Pérez detectó que salió dos veces a extranjero estando con licencia médica.

La “Muñeca Bielorrusa”: el caso más importante de Wittwer que involucra un “curioso” robo a su casa en Puerto Varas

Los acontecimientos de 2023, sin duda, forjaron aún más el carácter de la fiscal jefe de Los Lagos. La primera parte de su gestión de ocho años, pasaba con cuentas alegres a pesar de los laberintos de poder y traición que asomaron en sus investigaciones.  

Pero el control que alcanzó pronto de desordenaría nuevamente.

El fiscal Valencia aumentaba su confianza y veía en ella “amplías” capacidades para asumir nuevos desafíos detonados por el celular de Luis Hermosilla. La carga laboral parecía no afectarla.  

Así, el 25 de junio, instruyó pasarle una nueva “bomba”: la presunta violación de secreto del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma y sus nexos con Gonzalo Migueles, la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La fiscal realizó diligencias inmediatas y comenzó a enhebrar esa red. Sus cercanos cuentan que a las pocas semanas se dio cuenta que las diligencias llegarían a la entonces ministra Vivanco. Sabía, por lo tanto, que en cualquier momento recibiría el aviso desde la Fiscalía Nacional con la luz verde.

Y así ocurrió. En medio de los trascendidos que Wittwer ya había decidido iniciar la preparación de una querella de capítulos contra el fiscal Palma, fue contactada el 9 de septiembre de 2024 para asumir la investigación formal contra Ángela Vivanco. 

En la oficina de la persecutora hubo satisfacción por la confianza depositada, pues ratificaba que el trabajo se estaba realizando de buena manera y con “alta precisión” como ella transmite a sus equipos que deben orientarse las pesquisas. 

La primera decisión fue convocar al OS.7 de Carabineros. Le habían comentado sobre la nueva unidad en Santiago especializada en delitos que involucraban incremento patrimonial. Una especie de unidad anticorrupción con policías especialistas en el lavado de activos de los narcotraficantes. Además, había recibido buen feedback de las investigaciones realizadas contra sus propios colegas carabineros en el “Fraude Austral” como era conocido el millonario fraude del PagoGate, iniciado por Eugenio Campos en Punta Arenas cuando era fiscal regional. 

Carmen Gloria Wittwer, sin embargo, nunca imaginó los acontecimientos que viviría durante la primera quincena de septiembre de 2024, al solicitar el primer allanamiento en la casa de la jueza.

El día 11, efectivos del OS.7 llegaron hasta la casa de Ángela Vivanco para incautar artefactos electrónicos y todo lo vinculado a los fallos de la causa Velaz Movitec, que la involucraban por presuntos favores en sus fallos que revirtieron la decisión de Codelco de aplicar multas por US$20 millones al consorcio bielorruso.

Los movimientos continuaron. Al día siguiente, la fiscal regional de Puerto Montt había conseguido autorización para concurrir a la oficina de la vocera de la Suprema en la Universidad Católica, donde realizaba clases de derecho.  

Mientras que el viernes 13, Wittwer llegó hasta el búnker de la Fiscalía Nacional. Eugenio Campos, director de la Unidad AntiCorrupción, había citado a todos los persecutores regionales que tenían causas asociadas al Caso Audio y Luis Hermosilla. Es así como se reunió con la fiscal Lorena Parra y los fiscales Mario Carrera y Juan Castro Bekio, para unificar patrones y criterios frente a los próximos pasos. 

El sábado 14 partió temprano de vuelta al sur. Iba con una mochila roja con blanco que cualquier persona podría apreciar. Al aterrizar en Puerto Montt se dirigió a su domicilio, ubicado en un condominio cerrado en Puerto Varas. Estuvo unos momentos y salió nuevamente. Su intención era relajarse tras los intensos días en Santiago. 

Mientras todo esto ocurría, dos desconocidos aguardaban en el frontis. Al ver que ella se desplazaba, ingresaron al condominio privado y se dirigieron directo a la casa de Wittwer. Sin ser descubiertos, registraron algunas cosas y se llevaron el bolso rojo con blanco de la fiscal y otras pertenencias sin importancia. Quizá buscaban su mayor tesoro: el computador portátil. Pero los delincuentes fallaron, pues la persecutora había salido con el aparato. 

Lo que podría tratarse de un robo común, terminó por convertirse en un atraco “curioso”, “raro” y que hasta el día de hoy no apacigua los pensamientos de Wittwer tras los antecedentes recopilados de los dos sospechosos, ya formalizados y en prisión preventiva. 

El relato de los delincuentes resultó más sorprendente e hizo prender alertas que no estaban previstas en los equipos investigativos. Los sujetos declararon que venían desde Viña del Mar y que decidieron “justo” esperar afuera del condominio para “descansar” y al ver la oportunidad entraron al domicilio de la fiscal, que supuestamente ellos no sabían de quién se trataba. Y tras cometer el robo, no dudaron en retornar a la Quinta Región, en una travesía que escapa de toda lógica delictual.  

En los interrogatorios, según fuentes del caso, los imputados descartaron alguna especie de atentado contra la autoridad o que esa “visita” haya tenido otro interés como una suerte de amedrentamiento. Sin embargo, esas diligencias no han descartado esa arista y aún se investiga esa línea por la poca credibilidad de la confesión de los delincuentes.  

De todas formas, cercanos a la fiscal regional indicaron que ella dio vuelta rápidamente la página a ese episodio, pues no podía desconcentrar sus fuerzas dado lo que estaba ocurriendo con la entonces ministra Ángela Vivanco. Cualquier error podría afectar al avance de las pesquisas.

Por lo mismo, el domingo 15 de septiembre lo dedicó para ordenar el desastre que quedó en su casa y el lunes retomó sus labores en la Fiscalía para supervisar un nuevo allanamiento contra la jueza: A las 21 horas, un equipo policial regresó al inmueble, pues habían detectado que Vivanco no había entregado el teléfono institucional y que su pareja Gonzalo Migueles había declarado que tenían un viaje ese mismo día. Por tanto, a los investigadores les urgía asegurar la evidencia. En el Ministerio Público sospechaban que estas maniobras podrían tener una intención de ocultar antecedentes claves. 

En cinco días, la fiscal Wittwer pasó de todo. Un viaje a bordo de una montaña rusa, pero que enfrentó sin perjudicar la investigación que al día de hoy ya muestra sus primeros frutos: tres personas de alto nivel en prisión preventiva –Migueles, Vargas y Lagos–, dos conservadores de bienes raíces que serán formalizados en enero próximo, dos parlamentarios bajo investigación y a la espera de que la Corte pueda revisar, la próxima semana, la querella de capítulos que pesa sobre la exministra Vivanco. 

Para la persecutora no hay dudas que este caso empieza con la imputada. Visión que también tienen en la Fiscalía Nacional, pues Ángel Valencia en entrevista con The Clinic señaló que si no hubiera tenido el blindaje de ese norma que exige una querella de capítulos para los jueces, la exmujer fuerte de la Suprema hubiera sido detenida el mismo día que ocurrió con su pareja Gonzalo Migueles.  

En el entorno de Wittwer indican que está preparada hace tiempo para tener un cara a cara con Vivanco. Tras los allanamientos, la abogada fue citada a declarar, pero no concurrió acusando problemas de salud. 

Los tiempos, eso sí, para la exjueza se terminan. Ese esperado encuentro es cosa de días para que la fiscal Wittwer termine de “destapar” (o no) las capas de la “Muñeca Bielorrusa”.