“Una política que afecta a la industria cultural, creativa y a los medios de comunicación”: ANP cuestiona megarreforma de Kast por artículo que vulnera derechos de autor

Este martes la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entidad que desde hace más de 70 años reúne a los medios de prensa chilenos, se refirió nuevamente al proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social —presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz— para cuestionar expresamente su artículo número 8.

La ANP reiteró su postura con la legislación luego de que el Ejecutivo presentara indicaciones a la propuesta, actualmente alojada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El gremio ya había cuestionado previamente el artículo, puesto que la norma genera una vulneración a los derechos de autor.

Sin embargo, el Gobierno presentó una indicación a ese artículo en el cual no retrocedió en lo dispuesto previamente. De hecho, este señala que “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje”.

Asimismo, se propone la creación de un Fondo que pase a ser administrado por un comité interministerial que administre del orden de 70 mil UTM anuales (casi 5 mil millones de pesos), financiados con activos del Tesoro Público a través de la Ley de Presupuestos.

ANP en contra del artículo: “No se corrigen vicios denunciados, sino que los agrava”

La declaración de la ANP de esta mañana señala, en primer lugar, que la indicación que el Ejecutivo planteó al artículo original “no corrige los vicios denunciados en nuestra primera declaración, sino que precisamente los agrava”.

“Se propone al Congreso una política pública que afecta de manera directa a la industria cultural, creativa y de los medios de comunicación. Sorprende, en consecuencia, la aparente sensibilidad expresada por el gobierno hacia los medios de comunicación, que no se condice con esta indicación“, añade el gremio.

A su vez, la ANP denunció que las plataformas de inteligencia artificial quedaban en una posición más favorable a la del texto originalmente objetado, puesto que ahora están específicamente denominados en la indicación. También se cuestionó que se pida que las obras reproducidas “no entren en conflicto con la explotación normal de la obra”, lo que podría permitir que se cause un “perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular“.

En esa línea, también se resalta que la propiedad intelectual es un derecho garantizado por la Constitución Política de la República, y que la privación de los atributos de dominio solo “procede mediante expropiación autorizada por ley general o especial, previo pago de indemnización por el daño efectivamente causado“. Por lo mismo la ANP consideró que el Fondo creado para subsanar el daño patrimonial que pudiera generarse “no satisface el estándar bajo ninguna lectura razonable“.

También se considera que el Fondo, que podría alcanzar el mínimo de 5 mil millones de pesos, no tiene como finalidad la indemnización de titulares cuyas obras fueron utilizadas, sino “financiar actividades genéricas de difusión”. Por otro lado, la queja también radica en que el Fondo tendrá composición política de cuatro ministros y no de titulares de derechos, los principales afectados de las reproducciones de obras.

En aquello también existe alerta con que sean fondos estatales los que subsanen el daño, pues los “criterios de asignación son dirigidos por el poder de turno, fragmentados entre medios establecidos y entidades que aparentan serlo“; y que, además, no sean las empresas involucradas —como plataformas de inteligencia artificial— en la reproducción de obras que no son de su autoría no sean consideradas para alimentar el Fondo.

Por lo anterior, desde la ANP señalan estar por “rechazar el artículo 8 de la indicación sustitutiva“, pidieron que se excluyera expresamente los contenidos periodísticos del “ámbito de aplicación de cualquier excepción que se establezca”, y que se abriera un espacio formal de diálogo “con los medios de comunicación, asociaciones gremiales y los titulares de derechos, antes de cualquier decisión legislativa que habilite el uso de obras protegidas“.

“Una excepción amplia, acompañada de una compensación que no indemniza no constituye regulación equilibrada, sino una transferencia regulatoria de riqueza desde los creadores nacionales hacia operadores tecnológicos globales, con cargo al patrimonio fiscal de todos los chilenos“, cierra el escrito.