Columna de Juan Francisco Galli: El fin de la falsa épica de Temucuicui

El sábado 16 de octubre de 2021 la Comunidad Autónoma Temucuicui difundía un comunicado que denunciaba “el actuar del Estado terrorista de Chile” y acusaba al gobierno del presidente Piñera de “actos de genocidio sistemático” por haber desplegado fuerzas militares en La Araucanía. La parte central de la declaración apuntaba a defender al werkén Jorge Huenchullán, de quien se decía estaba “viviendo y resistiendo dignamente desde la clandestinidad” producto de la persecución y hostigamiento policial y judicial que vivía desde el año 2000. Culminaba con un expresivo #WallmapuLibre.

La comunicación ocurría a pocas semanas de un operativo en que la policía ingresó a Temucuicui y descubrió 500 plantas de marihuana en el domicilio de Huenchullán. Ese número de plantas equivale a aproximadamente 200 kilos de marihuana destinadas a la zona de Temuco y sus alrededores, por lo que a los antecedentes de robo violento que pesaban contra el detenido, se sumarían acusaciones por narcotráfico. Lamentablemente, la Corte de Apelaciones de Temuco dejó sin efecto la prisión de Huenchullán, lo que le permitió mantenerse prófugo de la justicia hasta esta semana.

En la madrugada del martes, la PDI bajo la dirección del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, realizó una espectacular operación conjunta con el Ejército para extraer a Jorge Huenchullán de su escondite y ponerlo frente a un juez para que, tras cinco años prófugo, diera cuenta de sus acciones delictivas.

Sin embargo, Huenchullán se encontrará con un ambiente social y político muy distinto del que existía al fugarse. 

El Estado de Excepción y la presencia de militares goza hoy de total legitimidad, después de haber sido prorrogado por el gobierno del presidente Boric en reiteradas ocasiones. Es más, el despliegue de un helicóptero militar para “extraer” al detenido más que ser rechazado por la ciudadanía fue felicitado transversalmente como una señal de eficacia estatal. Atrás habían quedado episodios como la polémica de la ministra del Interior Izkia Siches que llamó Wallmapu a una porción del territorio chileno y argentino (y que le valió críticas del gobernador de Chubut y una acusación constitucional). O el infame tuit en que el entonces diputado Boric mostraba orgulloso una foto en Temucuicui, denominándolo “territorio liberado” (acompañado de los actuales diputados Winter y Schönhaut). La izquierda gobernante parece haber reflexionado acerca de su respaldo férreo al indigenismo extremo.

Todos esos episodios revelaban cierta incapacidad de hacer una clara distinción entre dos posiciones diversas. Una cosa es respaldar las legítimas demandas del pueblo mapuche por mayor reconocimiento social y mejores y más equitativas oportunidades de desarrollo y otra, completamente distinta, es validar los medios violentos que muchos grupos oportunistas utilizaban para exigirlos, en muchos casos, sin otro fin que ocultar sus actividades ilícitas bajo el manto protector de la causa indígena. 

El proceso constituyente contribuyó también con lo suyo. Los escaños reservados de pueblos originarios incorporaron a la discusión constitucional a representantes extremos de la causa mapuche, como la Machi Linconao. U otros que en el pasado habían escindido sus caminos de la violencia de la CAM, como Adolfo Millabur, se mostraban intransigentes y despreciativos de la nación chilena. La imposición de la plurinacionalidad como eje central de la discusión constituyente solo extremó las posiciones. Para gran parte de la población, el afán reivindicativo y cuasi separatista de los voceros de dicha causa fue una razón suficiente para rechazar el texto constitucional propuesto. Por añadidura, el efecto fue que se identificó a la causa mapuche con ese sentimiento despreciativo hacia la comunidad chilena que emanaba desde los representantes de escaños reservados. El proceso constituyente fue quizás el momento en que el discurso indigenista extremo tocó su punto culmine y comenzó su declive.

La derrota para aquellos que pretendían enarbolar las banderas de un supuesto conflicto del pueblo mapuche con el Estado de Chile es total. El pueblo mapuche no es narcotraficante ni separatista sino, por el contrario, muchas comunidades han hecho esfuerzos por distanciarse de quienes, arguyendo la causa indígena, han pretendido ocuparla para ocultar sus negocios ilícitos e incitar la violencia irracional. 

La Temucuicui ha pasado de ser una comunidad ícono de la recuperación de tierras indígenas luego de la compra por el Estado de Chile del fundo Alaska en 2002, a un cuestionado recinto en que se resguardan acusados de violentos crímenes. Algunos de los principales dirigentes de la comunidad Temucuicui, como el Werken Huenchullán, han quedado al descubierto en su participación y defensa de actividades tan despreciables y ajenas a la cultura mapuche como el narcotráfico y el robo violento de madera y de vehículos. 

Por último, han desaparecido de la esfera pública quienes legitimaban la violencia amparándose en una equivocada reivindicación de la plurinacionalidad, un supuesto despojo del Estado o una descolonización acríticamente importada desde sus estudios en universidades europeas. Hace bastante tiempo que diputados dejaron de hablar del Wallmapu y fue un gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista el que más tiempo ha decretado estados de excepción en la macrozona sur.

Desafortunadamente lo que no ha desaparecido del todo es la violencia de la que aun son víctimas muchas familias, mapuche y no mapuche, que viven en Arauco y la Araucanía. Sin embargo, habiéndose deslegitimado los movimientos que propugnaban la violencia, renace la esperanza de que las razones y las causas que hemos sido incapaces de abordar en la macrozona sur deriven en soluciones pacíficas y aceptables para comunidades que requieren urgentemente de paz duradera. Para avanzar de una vez por todas de exigir un #WallmapuLibre a construir un Arauco libre de violencia y lleno de oportunidades para todos.