En medio de renuncias y críticas en el sector: los detalles “Cuenta Pública” de Arrau en seguridad y su llamado a dejar de lado las diferencias

A las 15:19 horas comenzó la sesión en la Sala del Senado, donde el ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso ante los senadores la hoja de ruta que seguirá su cartera tras la salida de Trinidad Steinert, quien dejó el cargo a mediados de mayo luego de 69 días de gestión.

Una presentación clave, admiten desde el oficialismo, puesto que el ministerio —y con ello el Gobierno— había quedado en entredicho luego de que Steinert no lograra instalar la seguridad como una prioridad efectiva del Ejecutivo, tal como se había prometido durante la campaña. Algo que se agudizó después de que la exministra reconociera en Radio Agricultura que “no me esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.

En ese contexto, Arrau, quien asumió la cartera tras encabezar el Ministerio de Obras Públicas, intensificó encuentros con parlamentarios de distintos sectores, se reunió con exautoridades como el exsubsecretario del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Felipe Harboe, y con diversos expertos en la materia, con el objetivo de entregar al Senado una señal de reactivación de la agenda de seguridad y de tender puentes tras su llegada.

De hecho, en esa misma línea, el propio Arrau solicitó la renuncia de sus dos subsecretarios, Andrés Jouannet (Amarillos) y Ana Victoria Quinta (Partido Nacional Libertario). Tras dar a conocer la decisión, manifestó que “es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo”.

Con todo, ese golpe de timón no fue bien recibido por parte del oficialismo, donde acusaron a Arrau y al Partido Republicano —colectividad en la que milita— de intentar copar el ministerio con personas de su confianza y correligionarios, desatendiendo el equilibrio político entre las distintas fuerzas que integran la coalición de gobierno.

Fue en ese contexto que Arrau intentó, por una parte, presentar un resumen ejecutivo y técnico del plan de seguridad del Gobierno para sacudirse las críticas que dejó la gestión de Steinert y, por otra, enviar una señal de unidad y apertura para despejar los temores sobre un eventual control republicano de la agenda de seguridad.

De hecho, al término de su intervención llamó al Senado a que “aunemos las voluntades en temas tan estratégicos, dejemos de lado nuestras diferencias en estas materias y logremos avanzar para volver a darle tranquilidad a los chilenos”.

La antesala del plan de seguridad

Una vez sentado frente al Senado, acompañado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Arrau indicó que el objetivo de su exposición era “dar cuenta del estado de la seguridad del país y del plan operativo de seguridad pública”.

En ese contexto, sostuvo que uno de los grandes errores que había cometido el Estado fue olvidar su rol primario: “Brindar seguridad para garantizar la libertad”.

Así, el secretario de Estado comenzó a exponer cifras que, a su juicio, evidencian que “la violencia cambió”. Arrau sostuvo que los homicidios han aumentado un 30% desde 2018 —año que tomó como referencia por ser previo a la pandemia y al estallido social—, además de registrar un incremento en los homicidios cometidos con armas de fuego, un alza de 55% en los secuestros y el aumento de la población penitenciaria extranjera desde un 3% a un 16%.

A partir de esos antecedentes, aseguró que se observa la instalación de una “violencia instrumental, más armada y más organizada frente a un Estado desorganizado”.

El detalle que entregó Arrau

El ministro Arrau aseguró que su gestión estará enfocada en dos grandes áreas: una operativa y otra legislativa.

En la denominada “arquitectura operativa”, sostuvo que existirán siete ejes de trabajo: gestión y control de calles y barrios; intervención temprana del ciclo delictual; protección de fronteras y rutas críticas; combate al crimen organizado; control de cárceles; consolidación de la institucionalidad mediante la instalación definitiva del Ministerio de Seguridad; y restitución de la legitimidad policial.

En el plano legislativo, en tanto, anunció ocho iniciativas prioritarias. Entre ellas, la extensión de la flagrancia; modificaciones al sistema de expulsiones de extranjeros para mejorar su ejecución; una ley antiencapuchados; sanciones para quienes integren organizaciones criminales; la implementación del juicio oral en ausencia; el fortalecimiento de las penas para quienes se den a la fuga; la modernización de la carrera de Carabineros, tras la caída de un 50% en los ingresos a la institución desde 2020; y una reforma a la ley orgánica de Gendarmería para que pase a integrar las fuerzas de orden y dependa del Ministerio de Seguridad. Asimismo, planteó fortalecer a la PDI para la persecución de delitos económicos y cibernéticos.

Además, aseguró que se impulsarán proyectos ya en tramitación, como la ley antiturbas, la ley de incivilidades, las normas de seguridad perimetral en recintos penitenciarios, las Reglas del Uso de la Fuerza, las medidas de seguridad para el Metro y el fortalecimiento del Estado de Excepción Constitucional para permitir controles de identidad por parte de las Fuerzas Armadas.