RN define dar libertad de acción a sus diputados en acusación constitucional contra Grau y pone en juego la unidad del oficialismo

Con atención era esperado el almuerzo que este martes tendrían los diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) luego de citarse una reunión extraordinaria para definir la postura del grupo sobre la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio).

Fue ayer cuando la ofensiva fue oficializada por unos cuantos parlamentarios de libertarios, republicanos, algunos del PDG e incluso de RN, pese a que la bancada aún no había tomado una definición oficial sobre la arremetida.

Dentro del oficialismo, la bancada de RN fue la que mostró mayor reticencia a la acusación contra Grau. Entre sus motivos estaba la molestia con los republicanos por no coordinarse con el resto del oficialismo y pactar con un partido que no forma parte del Gobierno, así como el efecto que podría tener la ofensiva sobre la negociación del Ejecutivo con parlamentarios opositores en el Senado, en el marco de la discusión del proyecto de Reconstrucción.

Internamente en el grupo no confiaban en el escrito elaborado por los libertarios, pues también tenían dudas técnicas en la elaboración del libelo acusatorio y estaban a la espera de que este estuviera completamente definido antes de tomar una decisión, a diferencia de la UDI, que recibió un borrador del mismo y adelantó su apoyo, mas no su patrocinio.

Por eso, una vez oficializado el asunto, en RN, liderados por el diputado Diego Schalper, convocaron a una cita en la que, luego de amplio debate, definieron dar libertad de acción y que cada parlamentario estime si apoyar o no la ofensiva.

Argumentos encontrados en la bancada

Desde antes de la cita que se podía dilucidar algunas posiciones internas que defendían integrantes de la bancada.

Las posturas más explícitas eran las de los diputados Francisco Orrego y Daniel Valenzuela, aunque internamente también se reconoce en ese lugar a Eduardo Durán. En el caso de los primeros, ambos ya habían dado a conocer su postura favorable a la acusación con antelación, pasando por alto los tiempos que había establecido Schalper para adoptar una definición.

Orrego manifestó en La Tercera que su electorado pedía “que se cobren las responsabilidades políticas del gobierno de Boric“, por lo que el juicio político contra Grau se fundamentaba, tras las quejas expresadas por el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien acusó “inconsistencias” en el último Informe de Finanzas Públicas elaborado por Grau. Mientras la subsecretaria Segpres, Constanza Carrillo (RN), reprochaba casi USD$ 10 mil millones gastados en reparticiones del gobierno central, monto que está en evaluación sobre su uso y la efectividad del gasto.

Esos antecedentes llevaron a que los libertarios —con visto bueno de los republicanos— elaboraran un escrito en el que acusaron a Grau de faltas a la probidad y la transparencia.

Sin embargo, otro grupo de la bancada de RN se resistió a la idea de iniciar la ofensiva contra el exministro frenteamplista. Un ejemplo claro de esa posición ha sido la diputada Ximena Ossandón, quien esta mañana habló que era necesario “demostrar con seguridad si una mala proyección o una mala gestión técnica es una transgresión a la Constitución“.

En el caso de ella, y otro grupo de parlamentarios, señalan que no se podría acusar a Grau de actuar con dolo, y que los errores en las proyecciones del IFP responden al rol natural del ministro de Hacienda.

Por ello es que Ossandón argumentó: “Tenemos una megarreforma: imaginémonos que hay una proyección o un cálculo que va a estar mal hecho. ¿Vamos a tener inmediatamente una acusación constitucional contra el ministro Quiroz? ¿Cuando estemos en la lógica presidencial y existan algunos ministros que estén sobresalientes y que sean candidateables?“.

En eso compartió otro punto que es socializado por algunos parlamentarios de RN, en relación a que si bien la derecha tiene “bastante fuerza en ambas Cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, nosotros no somos los partidos bisagras que terminamos definiendo las cosas”. En eso apeló a que en la megarreforma fue el Partido de la Gente (PDG) que condicionó su apoyo a cambio de otro proyecto de ley.

“Todo esto lo podemos extrapolar a futuro“, selló Ossandón.

Al interior de la bancada, en todo caso, anticipaban que la libertad de acción era una alternativa viable, dado que en el partido “no somos un regimiento“, según señalaban internamente.

¿”Peor escenario” pronosticado por la UDI?

La definición reavivó una discusión interna que se estaba dando en el oficialismo: la señal que se daría si es que no se actuaba en bloque.

La semana pasada el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), comunicó que su partido apoyaría la acusación constitucional contra Grau con el fin de evitar el “peor escenario” posible: que los partidos que apoyan al Gobierno no actuaran alineados.

“El peor escenario es la división de los votos oficialistas en la Cámara“, dijo Alessandri, mientras que “el segundo peor escenario es que no se alcancen los votos que se necesita para pasar al Senado”.

Dentro del sector calculan que actuar divididos podría tener un efecto que termine por quitarle peso a la acusación y que esta termine cayéndose en el Senado, espacio en el que algunos de sus integrantes ya anticipaban su negativa con la ofensiva oficialista en contra del economista del Frente Amplio.